Otro hombre clave de la estructura represiva del juarismo está en la mira de la Justicia. Es el comisario mayor retirado Jorge D’Amico, parte del Batallón Ingenieros 141 durante la dictadura y jefe de Seguridad de la provincia de Santiago del Estero desde 1995 hasta 2003. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ayer presentó en el juzgado federal de Santiago un pedido de indagatoria, procesamiento y detención por su responsabilidad en la desaparición en el ‘76 de un ex concejal santiagueño. Una confesión escrita del archidenunciado ex comisario Musa Azar disparó el reclamo del gobierno nacional. La confesión forma parte de una entrevista publicada por un matutino local en la que Musa se presenta como entregador del ex concejal Abdala Auat y responsabiliza a sus superiores, entre ellos a D’Amico, por el encargo.
El lunes pasado, el diario El Liberal de Santiago del Estero publicó en tapa el resultado de la entrevista que le hicieron por escrito al ex comisario Musa Azar, a esta altura alojado en una de las celdas de la sede de Gendarmería Nacional de Santiago por su intervención en el llamado doble crimen de La Dársena. Uno de los recuadros de la extensa entrevista está dedicado a la sección desaparecidos: las tareas que cumplió Musa después de 1976.
“En su descargo –dice el diario– el comisario general (r.) afirmó que desconocía el destino que tuvieron aquellas personas, ya que se ocupaba de detenerlas y de ponerlas a disposición de sus superiores. Una actuación de esta naturaleza reconoció que tuvo cuando fue aprehendido Abdala Auat en la Casa de Gobierno. Evocó que se dirigió con el detenido al Batallón de Ingenieros 141 donde se lo entregó al entonces mayor Jorge D’Amico.”
Abdala Auat es uno de los nombres que desde noviembre del año pasado forman parte de una megadenuncia presentada contra el ex comisario en el juzgado federal de Santiago por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Musa fue denunciado, entre otros cargos, por su responsabilidad en la desaparición de 28 de los 103 santiagueños desaparecidos de la última dictadura.
Para marzo del ‘76, él estaba al frente de la Secretaría de Informaciones de Santiago conocida como la SIDE provincial. La provincia dependía operativamente de Tucumán, a cargo de Antonio Bussi. Para entonces, D’Amico formaba parte del Batallón 141 sin cargos jerárquicos pero, de acuerdo con las sospechas de los integrantes de los organismos de derechos humanos locales, coordinaba los traslados de los detenidos desde Santiago a Tucumán. Aunque su nombre no aparece en los informes de la Conadep, está incluido en los legajos de dos conscriptos desaparecidos: Germán Cantos y Hugo Milcíades Concha López. Durante todos estos años, tanto Musa como D’Amico permanecieron vinculados con la estructura del poder provincial y cerca del ex gobernador Carlos Juárez, actual asesor político y legislativo de la señora gobernadora, Mercedes Aragonés, La Nina, su esposa.
En el ‘95, cuando Juárez volvió a manejar el gobierno después de la intervención federal producida como consecuencia del Santiagazo, colocó a estos dos hombres en puestos clave. A Musa lo instaló como secretario de Informaciones y a D’Amico, de Seguridad, sitios que le permitieron sostener el régimen de represión denunciado por los organismos de derechos humanos de la provincia.Recién el año pasado los dos ex represores abandonaron sus cargos. D’Amico dejó las funciones públicas y Musa quedó detenido por los rebotes del caso La Dársena y a la espera de los avances en la causa federal en manos de Angel de Jesús Toledo. Ayer, la Secretaría le pidió al juez que incorpore la entrevista de El Liberal con la “autoincriminación de Musa Azar”, que convoque al periodista que la hizo y que detenga, indague y procese a D’Amico. Para la Secretaría, los dichos de Musa tienen el peso de una confesión: “Está admitiendo su responsabilidad y amplía las responsabilidades a terceros”, indicó una fuente del área. Aunque el ex comisario apeló a la vieja figura de la Obediencia Debida para desentenderse del destino del ex concejal, “por sus funciones no podría ignorar el contenido que tenían las órdenes que recibía ni el destino de las víctimas, es al menos –dijo la fuente– partícipe necesario de la muerte”.
El criterio del juzgado no es demasiado distinto. Consultado por Página/12, Toledo señaló que “si es auténtica la entrevista, la intervención de Musa Azar sería prácticamente una confesión”. Se “autoincrimina –dijo– y extiende las responsabilidades a otros”. Toledo ya le giró a la fiscalía el pedido de detención de D’Amico exigido por la Secretaría, uno de los 15 querellantes que en este momento ha sumado la megacausa. En ese contexto, Nación evalúa una jugada más fuerte en el territorio de los Juárez. La Secretaría de Derechos Humanos intenta montar una delegación permanente en la provincia, una posibilidad que anunciarían la semana próxima.