Los cruces entre sindicalistas por la decisión de la CGT de desactivar el paro siguen dentro y fuera de esa central sindical. La actitud de la conducción cegetista fue cuestionada ayer desde los movimientos sociales y las CTA, que ratificaron su determinación de avanzar con los preparativos de una medida de fuerza contra el gobierno de Mauricio Macri. “La semana que viene nos vamos a reunir y vamos a tratar de consensuar una fecha unificada de paro”, adelantó Hugo Yasky y precisó que sería en “la primera semana de noviembre o quizás antes”. En medio del debate, la CGT se prepara para negociar el próximo miércoles con funcionarios nacionales y empresarios un bono de fin de año de 2000 pesos para todos los trabajadores.

La CGT consiguió el miércoles pasado que el Gobierno anunciara el pago de un adicional de mil pesos en diciembre a todos los jubilados que ganen la mínima y a los hogares beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la exención total del pago de Ganancias el medio aguinaldo de diciembre para aquellos que cobren hasta 30 mil pesos brutos y parcial para aquellos que perciben hasta 55 mil pesos. Eso, sumado a la convocatoria a una mesa de diálogo en la que estarán también los empresarios fue suficiente para que la conducción cegetista desistiera de hacer el paro votado por el Comité Central Confederal.

En la CGT defienden la decisión de mantener abiertas las negociaciones. Contra las críticas de propios y ajenos que sostienen que Macri dio poco y nada, destacan que consiguieron asumir la interlocución del conjunto de los trabajadores activos y pasivos, además de afirmar que se trata apenas de un primer paso y que ahora van por más: en lo inmediato el próximo miércoles pedirán un bono de fin de año para todos los trabajadores privados y estatales para mitigar la erosión salarial que provocó la inflación. El estatal Andrés Rodríguez confirmó que solicitarán “que esa compensación tenga un piso de 2.000 pesos”, para luego “dejar liberadas a cada una de las actividades para que pacten la posibilidad de otro tipo de cifras o modalidades de pago”. También le plantearán al Gobierno que en los hogares con AUH no se pague un solo bono, sino que se multiplique por la cantidad de beneficiarios que tengan. Para futuro dejan la discusión de cuestiones estructurales que garanticen la preservación de los salarios y los puestos de trabajo.

Juan Carlos Schmid, referente del gremio de Dragado y Balizamiento y uno de los tres secretarios generales de la CGT, descartó que las tensiones que hay en la central sindical puedan derivar en una ruptura. Se especuló con eso a partir del amague del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, de renunciar a su cargo en el Comité Directivo de la CGT. Sin embargo, esa posibilidad se diluyó rápidamente porque el líder del gremio, Hugo Moyano, avaló la actuación del triunvirato que Schmid comparte con Héctor Daer y Carlos Acuña y dio señales de que prioriza la unidad.

En función de eso, Schmid aseguró que Camioneros “no se va a ir” de la central obrera y cuestionó al bancario Sergio Palazzo y a Yasky por sus críticas a la dirigencia cegetista. “Nuestro enemigo imaginario no es únicamente el Gobierno. El adversario nuestro son los sectores económicos, los que están siempre, son los que no van a votación”, remarcó Schmid, quien les reprochó a Palazzo y Yasky hacerles el juego a esos sectores y les atribuyó “una postura política alrededor de la doctora Cristina Fernández”. Con el titular de la CTA de los Trabajadores fue particularmente duro: “Yasky ha manifestado que nosotros hemos humillado a los trabajadores con esta negociación y yo creo que no hay mayor humillación que un dirigente sindical llegue a estar al frente de una organización por una resolución del Ministerio de Trabajo”, declaró en radio El Mundo.

En desacuerdo con la CGT con la que impulsaban la unidad de acción, la CTA mantienen la idea de ir a la huelga. “Dentro de la CGT hay una corriente muy mayoritaria en la que son críticos de la resolución que tomaron (de postergar el paro). Hay un claro cuestionamiento y esto necesita un cauce de expresión porque si no sería aceptar que el Gobierno puede digitar a su antojo las demandas que nosotros formulamos”, analizó Yasky. También adelantó que “la semana que viene nos vamos a reunir las dos CTA, los movimientos sociales que convocaron a la marcha de San Cayetano, los que convocamos a la Marcha Federal, varios gremios de la CGT, Camioneros y la corriente sindical en la que está bancarios y otros gremios y vamos a tratar de consensuar una fecha unificada” para la medida de fuerza. “La idea sería hacerla la primera semana de noviembre, quizás antes”, precisó.

“La oferta del Gobierno dista mucho de nuestras expectativas y reclamos”, fijó posición la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y la consideró “totalmente insuficiente para compensar la enorme pérdida del poder adquisitivo de nuestros compañeros y más en general, del tercio empobrecido de la población argentina”. “En un país donde una familia necesita 12.500 pesos mensuales para comer, anunciar 1000 pesos para dentro de tres meses parece una broma de mal gusto”, añadió esa organización y reclamó “la inmediata sanción y promulgación de la Ley de Emergencia Social que implica la implementación de un salario social complementario para que ningún trabajador tenga ingresos inferiores al mínimo vital y móvil, y la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo en pequeñas obra de infraestructura social y servicios comunitarios”.