En medio del debate público sobre la continuidad de la procuradora Alejandra Gils Carbó y la estructura deseable del Ministerio Público Fiscal abundan los estereotipos y las teorías conspirativas. Sostiene la teoría que la procuradora Alejandra Gils Carbó era la gran operadora de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Justicia. Agrega que su manejo férreo del Ministerio Público Fiscal impedía investigar los grandes casos de corrupción pública. Propone quitarla de en medio. Planea desarmar la temible y oscura trama que habría creado en cuatro años de gestión. Entonces, la Argentina habrá renacido como república.

Siempre es más fácil hacer política con estereotipos como éste, que rodea a la posible discusión en la Cámara de Diputados sobre el cambio de régimen del Ministerio Público Fiscal luego de que un dictamen de comisión aprobase un proyecto que pone un plazo de cinco años de mandato a quien encabece ocupe la Procuración, establece mayoría simple en Diputados y de dos tercios en el Senado para reemplazar a esa cabeza y amplía las facultades de la comisión bicameral de seguimiento casi hasta convertir el MPF en una rama del Congreso. La Comisión de Justicia que encabeza el radical Diego Mestre recogió los votos de un arco no kirchnerista de diputados, incluidos el Frente Renovador y Progresistas, pero aún queda mucho camino parlamentario y político por recorrer.

Detrás de los argumentos jurídicos y el debate técnico aparecen los estereotipos que simplifican las cosas pero no las hacen más simples. Aquí van:

- Por lo menos hasta la crisis desatada por la muerte de Alberto Nisman y el desplazamiento de Antonio Stiuso de la Secretaría de Inteligencia, los operadores judiciales estaban articulados con la SI y con antiguos funcionarios con poder permanente desde el menemismo. El más conocido es Javier Fernández, en tiempos de Carlos Menem colaborador del ministro y luego miembro de la Corte Suprema Rodolfo Barra. Fernández operó con base en la Auditoría General de la Nación, un buen lugar para conocer los vericuetos del Ejecutivo y sus puntos débiles. ¿Quién dijo que no hay políticas de Estado?

- Casi todas las causas por corrupción ya estaban en marcha desde antes de la asunción de Mauricio Macri el 10 de diciembre de 2015.

- Como todavía no cambió el sistema judicial federal, siguen siendo los jueces y no los fiscales los que conducen las investigaciones. Pueden delegarla en los fiscales, y de hecho lo hacen cada vez más, pero no deja de ser una delegación. La autoridad les queda intacta.

- Por la autoridad incólume de los jueces, los fiscales no fueron determinantes en ninguna causa abierta por corrupción.

- De todos modos, ni los fiscales que más simpatizaban con el gobierno se comportaron como una fuerza de choque de Cristina en un supuesto programa para lograr impunidad en beneficio de cualquiera que hubiera incurrido en enriquecimiento ilícito, malversación, peculado o el delito que fuese.

- Siguió operando en los tribunales federales de Comodoro Py un grupo de fiscales de extraordinario poder en los últimos 20 o 25 años. La figura más conocida es Germán Moldes, que de todos modos solo apareció ante las cámaras recién después del Affaire Stiuso. Hasta ese momento la ventaja de Moldes era preservar su poder sin exposición pública. Otra figura es Raúl Pleé. Pleé y Moldes, que de repente aparecieron como gente sensible a raíz del misterioso fallecimiento de Nisman, a quien ellos siempre dieron por asesinado incluso cuando la Justicia no determinó la causa de su muerte, fueron parte de un engranaje moroso en la investigación de la causa AMIA. Los abogados de Memoria Activa lo recordaron y lo recuerdan.

- Ni Moldes fue expulsado por Gils Carbó ni corrieron esa suerte otros fiscales como Guillermo Marijuán o Gerardo Pollicita.

- Es cierto que Gils Carbó pertenece a Justicia Legítima. Sin embargo esa asociación civil que integran diversos jueces, defensores y fiscales no es una asociación ilícita. No hay una sola denuncia según la que sus miembros se hayan puesto de acuerdo en el modo de emitir fallos o dictámenes. Tampoco que planificaran cómo violar las leyes. Muchos en Justicia Legítima tienen coincidencias o simpatías por las gestiones kirchneristas. Pero tampoco hay una sola constancia de que hayan funcionado como una organización secreta (y ni siquiera discreta) al estilo de la SIDE o las operaciones de la etapa de Javier Fernández. Una entidad con personería jurídica, directivos públicos como la jueza María Laura Garrigós de Rébori y encargada de auspiciar encuentros que terminan en documentos abiertos no parece el mejor instrumento para atemorizar fiscales y torcer la voluntad de los jueces.

- No hay siquiera rumores de que miembros de Justicia Legítima trafiquen con información, vendan fallos o alquilen su firma.

- Gils Carbó fue convalidada por el Senado después de que quedara claro que el candidato original de Cristina, Daniel Reposo, no pasaría el examen. Ni siquiera hoy sus mayores críticos le reprochan a Gils Carbó que viva por encima de sus ingresos o que haya entrado en la moda de crear sociedades offshore. No lo hicieron cuando era fiscal del fuero comercial, una franja opaca pero muy influyente de la Justicia, donde las zonas grises muchas veces son francamente negras. Recordar, si no, la quiebra fraudulenta de Ciccone ante la inacción o la acción favorable de un juez comercial.

A propósito o por ignorancia, los estereotipos desconocen el surgimiento de una corriente inorgánica de abogados, jueces y fiscales que se formaron o desarrollaron sus carreras profesionales en estos 33 años de democracia por fuera de una tradición: la de los grandes estudios de abogados. Muchos de los profesionales de esos grandes estudios forman parte de una asociación civil, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que no debe ser confundido con el Colegio Público de Abogados. Es conocido como “el colegito de la calle Montevideo” y fue la palanca de poder utilizada por el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y el equipo de civiles que acompañó al asesino Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires, entre ellos Alberto Rodríguez Varela y James Smart. Smart fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en 2012 por un tribunal integrado por los jueces Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone. En los últimos años uno de los miembros más activos del colegito fue Alejandro Fargosi, del estudio que se hizo cargo de la Aerolíneas privatizada. El presidente actual de esta movediza ONG del establishment es Guillermo Lipera.

Otra característica común de la corriente inorgánica de abogados, jueces y fiscales es que en general sintonizan con los criterios del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) y fueron protagonistas o son sensibles a un proceso histórico que comenzó con el Juicio a las Juntas de 1985, siguió con los juicios de la Verdad posteriores a las leyes de perdón y al indulto y remató en la vuelta del juzgamiento sin trabas que rige desde el 2003.

El DIDH es a la vez una perspectiva de análisis y una doctrina que se apoya en instrumentos internacionales con validez interna. Dice el Comité Internacional de la Cruz Roja que “el principal instrumento internacional es la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948”. También cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los tratados que se refieren a la prevención y el castigo de la tortura y otras prácticas crueles, inhumanas o degradantes, a la eliminación de la discriminación racial y la discriminación contra las mujeres, y a los derechos del niño.

Estudiar y asumir el DIDH puede haber sido una elección personal o colectiva de muchos kirchneristas pero no se limita a ellos. Uno de sus seguidores, por caso, es Leandro Despouy, el abogado de origen radical que actualmente es representante especial para Derechos Humanos en la Cancillería. A los kirchneristas el DIDH los antecede en el tiempo y puede abarcarlos. Pero también sobrevivirlos. Es un fenómeno universal.

Esa perspectiva de ejercicio de la administración de justicia es la que reivindica la gestión Gils Carbó en la Procuración. Un ejemplo es el funcionamiento de la Procuvin, la Procuración de Violencia Institucional, el único organismo del Estado presente junto a Ezequiel Villanueva, de 15 años, e Iván Navarro, de 18, los chicos de La Garganta Poderosa que denunciaron haber sido torturados por prefectos. Desde que existe la Procuvin hay juicios a agentes penitenciarios torturadores. Otro ejemplo es el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, conocido como Atajo y conducido por Julián Axat. Se insertó en zonas donde viven los sectores con mayor vulneración de derechos y se convirtió en un instrumento de canalización de consultas y orientaciones. La Procuración también democratizó el sistema de ingreso, una diferencia con un Poder Judicial que se resiste a hacerlo.

“Nadie sueña con que la Procuración sea un Estado libre asociado de la Argentina como la Corte Suprema”, ironizó un fiscal del organismo que pidió reserva de su identidad. “Pero volver al status quo de antes sería un enorme retroceso.”

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