Desde Tucumán

Casi 40 audiencias, más de 200 testigos que se sentaron ante los jueces –y todavía falta que declaren al menos 400 personas más–, 19 imputados, 270 víctimas y 20 procesados esperando a ser incorporados en el juicio convierten a la megacausa “Operativo Independencia” en el proceso judicial más largo de la historia tucumana en delitos de lesa humanidad. Según declaró a Página/12, Mariano García Zavalía, secretario del Tribunal Oral Federal (TOF), “estaremos en condiciones de leer un veredicto recién en julio de 2017”.

Para agilizar las jornadas de juicio, desde mayo pasado cada semana se escuchan entre 15 y 20 testimonios, con el propósito de reconstruir lo ocurrido en Tucumán desde febrero de 1975, cuando durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón se puso en marcha el operativo represivo. Los testigos, que en su mayoría son familiares y amigos de los desaparecidos, además de los testigos-víctimas, aportaron datos importantes, en especial, sobre el funcionamiento de los centros clandestinos y su ubicación geográfica, la metodología de los secuestros y los abusos sexuales a mujeres.

Los centros de terror que funcionaron en la provincia, durante el paso de los genocidas Acdel Vilas y Antonio Domingo Bussi fueron Jefatura de Policía, Brigada de Investigaciones, la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, Escuela de Educación Física de la UNT, Ingenio Lules, Comisaría de Famaillá, Conventillo de Fronterita, Ingenio Fronterita, Chimenea de Caspinchango, Ingenio Nueva Bariera, Escuela Gral. Lavalle, Ingenio Santa Lucía, Comisaría de Monteros y la Escuelita de Famaillá. El fiscal Pablo Camuña pidió al tribunal presidido por Gabriel Casas que se realicen las inspecciones oculares correspondientes, junto con todas las partes involucradas.

“Vivíamos mi madre, mi padre y mis hermanas, yo tenía casi cuatro años cuando lo secuestraron a mi papá. No recuerdo el día pero fue de noche. Todos dormíamos y sentimos un golpe fuerte. Cuando despertamos ya había gente dentro de mi casa. Entraron por la ventana de mi habitación, rompieron el vidrio y me lastimaron la cara, mientras lo sacaban a mi papá uno le dijo al otro, mirá lo que hiciste la lastimaste a la chiquita (sic) –dijo ante los jueces Julia Elena Méndez, cuyo padre fue secuestrado en 1975 y llevado a la Escuelita de Famaillá–. Después se lo llevaron, sentí vehículos que se iban. Antes de eso, un hombre se acercó a mi mamá y le dio dinero, ‘llévela a que la curen a la nena’.”

Cuando la abogada Julia Vitar le preguntó cómo volvió su padre luego de ser mantenido tres meses en cautiverio, Elena respondió: “Mi papá volvió como en las películas de los alemanes, la piel pegada al hueso. Todo lastimado, en las axilas, sus partes íntimas. El estaba pero su mente no estaba. No pudo recuperarse nunca, nunca”, declaró mientras lloraba.

Otras de las testigos-víctimas que hablaron frente a los jueces fue la enfermera Elvira Roldán, que fue secuestrada junto a su hijo de sólo dos años. “Quiero hablar, sacarme esta mochila. Fueron torturas tras torturas todos los días. Me ataban, como crucificada, y estaba vendada. Me metían pistolas hasta la garganta. El día de mi liberación los sacaron a la viejita Rearte, a Oscar Roldán y a Miguel Robles. Nos tiraron en una zanja. Antes de irse uno dice ‘¿y el paquetito?’. Era mi hijo. Me lo tiraron en las piernas. Fue él el que me sacó la venda y me ayudó a desatarme. Salimos hasta la ruta 38, estábamos sucios y malolientes. El Centauro, un colectivo que iba a Santa Lucia, paró y nos llevó”, recordó la mujer que había perdido a su marido, electricista, Fernando Ovejero, también víctima de la represión militar.

El fiscal Camuña dijo a este diario que de las 270 víctimas el “80 por ciento fueron secuestradas de sus domicilios particulares, luego trasladadas a centros clandestinos de detención, fueron torturadas. Prácticamente la mitad de esas personas han sobrevivido y otras fueron ejecutadas”.

Durante las audiencias, los familiares de los represores, que no superan la decena de personas por jornada, provocan con carteles diseñados como los de los familiares de detenidos-desaparecidos, pero con las fotos de los genocidas enjuiciados o presos. En los medios de comunicación locales, el juicio pasa casi inadvertido.