De la mano del deterioro del mercado de trabajo, en los meses de julio, agosto y septiembre se registraron numerosas prácticas antisindicales. El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma registró en un informe un panorama que incluye represión de las protestas gremiales –especialmente en el noroeste del país–, criminalización de la protesta y despidos de activistas y delegados.

El relevamiento señaló al menos quince detenciones de dirigentes y activistas en el marco de protestas por conflictos laborales en Salta, el área metropolitana y Neuquén. “Asimismo, trabajadores estatales, de prensa, del transporte y de la industria del azúcar fueron denunciados penalmente por su participación en actividades sindicales”, indica.

En al menos seis oportunidades las fuerzas de seguridad cargaron contra los manifestantes con gases y balas de gomas. También se registraron hechos de represión en que grupos anónimos irrumpieron en reuniones, locales sindicales o lugares de trabajo (cuatro casos: los destrozos en la redacción de Tiempo Argentino, el ataque al local del sindicato de personal Químico y Petroquímico, en San Luis, ataques durante asambleas del sindicato de la carne y la Unión Ferroviaria).

Entre las medidas destinadas a restringir el derecho de huelga fueron denunciadas la confección de listas negras (los ministerios de Educación de Jujuy y de Buenos Aires exigieron a los directivos listar docentes en paro), el dictado de resoluciones y la imposición de multas a trabajadores y sindicatos. Un caso emblemático es el de los trabajadores del ingenio Ledesma, que tras participar en una manifestación fueron amenazados con una multa de 6 mil pesos por persona. A su vez, el sindicato que los nuclea sufrió dos sanciones económicas, la primera por no cumplir una conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo, la segunda por hacer una protesta callejera.

Otro ítem preocupante lo constituyen los despidos discriminatorios, que sumaron trece casos. En tres, las empresas se negaron a reinstalar delegados o activistas, aún cuando mediaba una orden judicial. Y en al menos cinco ocasiones se produjo el desafuero de delegados, o su intento por parte de la patronal.