El Gobierno aún no tiene definido cuántos estatales cobrarán el bono de fin de año. El ministro de Planificación, Andrés Ibarra, recibió ayer a la dirigencia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); el funcionario dijo a los dirigentes gremiales que el equipo económico todavía está estudiando cuál será el impacto presupuestario de la suma fija para la administración pública, según el universo que abarque. 
“Falta resolver cuál va a ser ese universo. El costo de otorgarlo a los empleados de planta es uno, el de sumar a los contratados otro totalmente distinto. Hoy se está analizando cuál puede ser ese universo, y cuando haya una propuesta formal se volverá a llamar a los gremios”, señalaron a PáginaI12 en la cartera Modernización. La misma fuente agregó que esto se resolvería “la semana que viene o la otra”.
La reunión con ATE había generado expectativas debido a que se esperaba que esta semana se realizaran avances en la definición de la compensación económica. Sin embargo, tanto desde el Gobierno como en el sindicato aseguraron que no los hubo. Del encuentro realizado ayer  no participó la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato de estatales mayoritario e integrante de la CGT. 
Los funcionarios ratificaron, por otra parte, que la paritaria no será reabierta. “Ibarra insistió en que no hay posibilidades de recomponer los salarios. Sólo están analizando el bono, pero no está definida todavía la modalidad de pago, ni la cantidad de trabajadores que lo van a cobrar, ni el monto. También consideró improbable que el Estado nacional de un respaldo a las provincias para garantizar su pago”, señaló el titular de ATE, Hugo Godoy. Con esta situación, el gremio se encamina a convocar a un nuevo paro para la primer quincena de noviembre. 
Otro punto rechazado en la reunión fue el reclamo de que se revisen los despidos para reincorporar a los estatales que hayan sido cesanteados sin fundamento. 
En cambio, los responsables de Modernización aseguraron que 3100 cargos vacantes en planta permanente de la administración pública van a ser cubiertos con empleados precarizados que tengan más de diez años de antigüedad, como un modo de ir dando respuesta a los altos niveles de empleo en negro dentro del Estado. Los gremios reconocen que es un buen paso, pero lo consideran insuficiente: según los datos del propio ministerio, sobre un total de 90 mil trabajadores del Estado contratados sólo unos 12 mil cumplen con el requisito de los 10 años de antigüedad. 
La definición del pago del bono a los estatales avanza así a cuentagotas. Hay un grupo de provincias –Misiones, San Luis, Salta y San Juan– que confirmaron que lo otorgarán, pero la mayoría plantea que necesita del auxilio de Nación. Ayer, al puñado de distritos que dieron el sí se sumó el municipio mendocino de Las Heras, que anunció que lo pagará a todos los empleados de la comuna, en dos tramos y por montos que van a 1.500 a 2.500 pesos. Este departamento se convirtió en el primero de esa provincia en anunciar el pago de la suma fija, aunque a nivel provincial el gobernador Alfredo Cornejo aclaró que a los empleados del Estado provincial sólo podrán darles “un pequeño aporte”. En el mismo sentido, en la provincia de Buenos Aires la gobernación de María Eugenia Vidal volvió a señalar que el pago del bono no les resulta viable (ver aparte).