El Gobierno está dispuesto a volver a la carga contra la procuradora general Alejandra Gils Carbó con el postergado proyecto para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal. Desde la alianza oficialista Cambiemos ratifican que insistirán en el camino legislativo para deshacerse de la fiscal general, después de que Elisa Carrió se pronunciara por la vía del juicio político, lo que había llevado al oficialismo a frenar la iniciativa. Ahora, Cambiemos retomó su acuerdo con el Frente Renovador –un aliado fundamental para aprobar el proyecto– y ya trabaja en “emprolijar” el resistido texto del dictamen. Una tarea que llevan adelante dos juristas radicales: Ricardo Gil Lavedra por el oficialismo y Jorge Vanossi por el massismo, en consulta permanente con Carrió.
Desde el Ejecutivo trabajan en mostrar el revés parlamentario que había sufrido el oficialismo en su avanzada contra Gils Carbó como un “impasse” en busca de un consenso que, sostienen, se lograría “con más diálogo”.
Por eso, los legisladores de Cambiemos retomaron su acuerdo previo con el Frente Renovador y buscan avanzar con el proyecto de modificación de la ley que regula al Ministerio Público Fiscal. En principio, la tarea no fue fácil, porque los massistas quedaron molestos tras la marcha atrás del oficialismo con su propia iniciativa, lo que dejó a los renovadores “pegados” al fracaso del Gobierno.
La jefa de la bancada de diputados massistas, Graciela Camaño, fue la encargada de expresar el malhumor de los opositores “amigables”: le atribuyó a su bloque que el proyecto finalmente no llegara al recinto porque “retiramos el quórum hasta que el oficialismo unifique sus voces”. También presentó un pliego de catorce puntos a modificar del texto del dictamen. Que también incluyen cambiar varias de las atribuciones que el proyecto oficial otorga a la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal, que Camaño pasó a presidir como parte de lo pactado con Cambiemos.
El oficialismo necesita de los votos del massismo –más que los de los propios aliados de la CC-ARI– para insistir con la ley en la Cámara baja. Por eso buscó remontar el acuerdo con los renovadores y plasmó una nueva propuesta: pasar el texto del proyecto a manos de juristas que responden a ambas bancadas para reformular la iniciativa: Gil Lavedra y Vanossi serán los encargados de darle visos constitucionales a la embestida contra Gils Carbó. La tarea incluirá la consulta a la díscola Carrió para intentar buscar su respaldo a la nueva propuesta.
La apuesta de la líder de la CC parece, por ahora, quedar relegada a un segundo plano. Luego de cargar contra la “inconstitucionalidad” del proyecto oficial y proponer la destitución de la procuradora a través del juicio político, Carrió presentó su propio proyecto de jury. En la iniciativa la acompañaron los miembros de su bloque Fernando Sánchez y Alicia Terada; los radicales Mario Negri –jefe del interbloque de Cambiemos– y Jorge D’agostino; y los macristas Silvia Lospennato y Luciano Laspina.