Los diputados del Frente para la Victoria presentaron públicamente un proyecto para crear una comisión bicameral permanente que audite la obra pública realizada con fondos del Estado nacional, desde la gestión kirchnerista en adelante. El kirchnerismo apuesta a que una investigación parlamentaria “arroje verdad” sobre lo que consideran una “campaña mediática” y una “persecución judicial” contra los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para asociarlos a hechos de corrupción.

El objetivo de la propuesta es que “exista un comisión bicameral, plural y democrática que revise, evalúe y se expida sobre todas las contrataciones públicas centralizadas y descentralizadas por el Estado nacional, y cuyo trabajo no esté sesgado ni dirigido al análisis de un determinado gobierno, sino que investigue también lo que hace el actual y lo que harán los futuros”, expresó el autor del proyecto, Adrián Grana (FpV-Nuevo Encuentro).

“Es necesario esclarecer absolutamente lo que ocurrió y ocurre en todo el país, en todas las administraciones y con todos los contratistas. Queremos conocer el origen del dinero que aparece en un convento y también el que aparece en cuentas y sociedades offshore armadas por miembros de la patria contratista y sus familiares”, afirmó Grana, flanqueado por el jefe de la bancada del FpV, Héctor Recalde, y el ex ministro de Economía Axel Kiciloff. “Donde el macrismo, algunos medios o algunos jueces quieren sembrar dudas, nosotros queremos que exista claridad. Ellos quieren desprestigiar la política, vaciar la democracia”, sentenció.

De acuerdo con el texto del proyecto, la comisión bicameral sería integrada por diez senadores e igual número de diputados respetando la representación política proporcional de cada Cámara. La comisión se encargará de la “auditoría, evaluación, análisis y seguimiento” de toda la obra pública con fondos nacionales desde 2003 en adelante, independientemente de si la misma fue ejecutada desde la Nación, provincias o municipios. Tendrá facultades para requerir documentación e inspeccionar las obras y recibir denuncias, además de elaborar un primer informe que abarque desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2016 en un plazo de dieciocho meses prorrogable por seis más.

El diputado Grana agregó a la presentación del proyecto un detallado informe sobre la obra pública de la gestión kirchnerista, “para despejar un poco esas dudas que siembran el Gobierno, el partido judicial y el partido mediático”. Entre otros datos, citó que la inversión en obra pública durante el kirchnerismo trepó a 107.825 millones de dólares, mientras que en los doce años anteriores solo había contabilizado 18.711 millones de la misma moneda. También detalló la participación de las empresas en las obras, que en 2003 fueron 12 mil y se duplicaron para 2015. Además informó que, sobre una inversión de 596 mil millones de dólares ejecutados desde 2003, el 56 por ciento correspondió al Estado nacional, mientras el 44 por ciento restante se manejó en forma descentralizada por provincias y municipios.

El informe incluyó un gráfico con las empresas que mayor participación tuvieron en la obras públicas, por monto de las mismas: allí aparecen en el podio Techint, de Paolo Rocca, que realizó trabajos por un total de 16.420 millones de pesos, un 4,9 por ciento de lo invertido directamente por el Estado; Electroingeniería con 15.494 millones (4,61); y muy cerca, Iecsa, de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, con 14.050 millones (4,18). Mientras que recién en el puesto 38º aparece Austral Construcciones, del encarcelado Lázaro Báez, con 1019 millones (0,30 por ciento).

“Queremos que se investigue a fondo, y sin arbitrariedades ni cálculos políticos, si existió corrupción en la obra pública durante los doce años y medio de nuestro gobierno –dijo Grana–. Que se investigue en serio y que se identifiquen con claridad, si los hubiera, a los supuestos protagonistas públicos y privados de los hechos de corrupción que se denuncian.”