Los integrantes de organismos de derechos humanos sostienen que si el gobierno no cumple con el reclamo de Naciones Unidas de otorgar la “libertad inmediata” a Milagro Sala pagará un altísimo costo político internacional. El gobierno de Cambiemos no desconoce el peso de las instancias internacionales. Los abogados del Área Jurídica Internacional en materia de derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos mantuvieron ayer maratónicas reuniones, a puertas cerradas, sobre el informe. En diálogo con PáginaI12, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que van a “tener en cuenta” la resolución,  pero le bajó el precio: “Es una opinión y no es vinculante”. 
  El informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Personas de la ONU llegó a Cancillería el jueves con un plazo de 24 horas para ser comunicado. Hasta el mediodía de ayer, los organismos de derechos humanos que impulsaron el reclamo (ver aparte) no habían sido notificados oficialmente. Pero uno de los responsables del área Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos había estudiado el informe durante toda la noche. 
Parte de los problemas del Gobierno son algunos de sus propios antecedentes: el caso de Belén, la joven que estuvo presa en Tucumán acusada de un aborto que en realidad fue espontáneo y las posiciones que asume a nivel internacional ante resoluciones de organismos internacionales sobre Venezuela. 
El Comité de Derechos Humanos de la ONU presentó en julio un informe que incluyó una recomendación para liberar de forma inmediata a Belén. En ese caso, el Estado nacional buscó herramientas políticas para articular con el estado provincial y la Justicia y levantar la prisión. En agosto, Belén salió en libertad. Aquel reclamo era incluso menos incisivo, porque habló de “recomendación” y no de “solicitud”. La abogada de Amnistía Internacional Paola García Rey recuerda para este caso que el gobierno ya aceptó el lugar de autoridad del Grupo de la ONU al receptar las denuncias y responder los pedidos de informes. 
Avruj estuvo ayer en Tucumán. Atendió a PáginaI12 bien dispuesto, pero sólo con siete minutos de tiempo antes de embarcar. 
–Naciones Unidas solicitó al gobierno la inmediata liberación de Sala. ¿Qué va a hacer el gobierno?
–Es una opinión de la comisión de trabajo, y no es vinculante. No requiere un inmediato cumplimiento de parte del Estado. Lo que le corresponde es elevarlo a las áreas indicadas, que es lo que hicimos hoy, al entregarlo a la justicia de Jujuy. Es un reclamo a la Justicia y nosotros somos respetuosos de la independencia de los poderes y de la autonomía de cada provincia, en este caso de Jujuy. Las respuestas del Superior Tribunal de Justicia podremos elevarlas ante la Comisión. Son los pasos normales. El Comité recibió la denuncia del CELS y de otros organismos. Elaboraron este informe que no es vinculante y llega al Estado argentino. La Justicia de Jujuy ahora tiene hasta seis meses para analizar y hacer las observaciones que considere sobre las recomendaciones y opinión del Comité. 
–Dice que es una opinión, pero es una resolución de la ONU que tiene antecedentes: en Córdoba con un joven detenido y luego liberado y el más reciente, con el caso Belén. En ese caso no era ni siquiera una solicitud, sino una recomendación y el Gobierno hizo gestiones. Que diga que es una “opinión” minimiza esto que parece grave.
–Estamos diciendo qué nos corresponde hacer: elevarlo a la Justicia y tomarnos el tiempo debido para analizarlo. Ver, en consecuencia, si nos corresponde o no una acción más, pero siempre respetando esa independencia. Esto nos llegó hoy. Nuestro equipo de abogados lo estuvo viendo y lo mandamos. Fue una primera reunión. Trabajaremos con Cancillería para cumplimentar, porque respetamos el sistema internacional de derechos humanos al cual pertenecemos y sostenemos. 
–Habla de la independencia del poder judicial. Pero cuando interviene una instancia como Naciones Unidas esto deja de ser un problema de una provincia o de la Justicia: el que aparece como responsable es el estado nacional. El Ejecutivo ya no puede delegar la responsabilidad en el poder judicial de Jujuy.
–Siempre es el Estado el responsable en todas las causas frente a los organismos internacionales. Tenemos claro que es así. Por eso trabajamos con las provincias. Ahora, como esto no es taxativo ni para ya, lo tenemos que estudiar. Somos respetuosos. Acá hay una opinión de la Justicia. La primera causa por la cual fue detenida ya no está en vigencia (NdR: el acampe), pero hay otras que tienen que ver con malversación, corrupción o actos de violencia que están en pleno proceso. De la primera lectura de los abogados –por eso le pido un poco más de tiempo– no surge que todas esas situaciones fueran debidamente tomadas en cuenta por la Comisión. 
–Hubo oportunidades en las que el gobierno nacional y la justicia provincial pudieron defender sus fundamentos. Ante la evaluación de las respuestas, el organismo internacional tomó la decisión que tomó. También refieren a los fueros parlamentarios, un tema mal respondido aparentemente por el gobierno en los pedidos de informe, porque dicen que es un tema resuelto.
–No sé si fueron mal respondidos o es una mala interpretación del Comité. Aquí hubo resoluciones por el tema de los fueros del Parlasur. Los abogados están trabajando y van a seguir, el lunes a lo mejor puedo ampliar algo.  
–Un diagnóstico como éste, más allá de si lo considera vinculante ¿no le hace repensar lo que sucede con Sala?
–Por eso marcaba que somos respetuosos de las instancias internacionales, porque consideramos que son importantes y vamos a tenerlo en cuenta. Esta resolución es una opinión. Hay que darle la entidad que tiene. Por eso queremos la respuesta de la Justicia jujeña.  Queremos ir viendo qué pasa con los días. Como no tenemos apuro, vamos a ir viendo y respetando claramente la autonomía de la Justicia.
Tenemos 60 días para pedir una revisión si lo creemos necesario. El tema es importante. Y es serio. Eso lo sabemos.