La tijera sigue podando en las áreas de derechos humanos. Al ajuste informado por este diario en el ámbito del gobierno nacional, se sumó otro del gobierno porteño. El Ente Espacio para la Memoria, que administra la ex ESMA, solicitó un presupuesto para funcionar de 174 millones de pesos. El pedido fue suscripto por la Subsecretaría de Derechos Humanos porteña. Como el Ente es financiado por los gobiernos nacional y el porteño, esa partida debía dividirse entre las dos jurisdicciones. El gobierno nacional prevé destinar 95 millones. En tanto, la Ciudad decidió incluir sólo 12 millones en su presupuesto. Faltan 67 millones para el funcionamiento de la ex ESMA que no se sabe de dónde saldrán.
El Ente Espacio para la Memoria fue creado en 2007 mediante un convenio entre la Ciudad y la Nación que firmaron el entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y el entonces presidente, Néstor Kirchner. Su organismo directivo lo integran un representante de cada gobierno y uno de los organismos de derechos humanos.
En septiembre de este año, las autoridades de la ex ESMA enviaron una nota con la previsión del presupuesto que iban a necesitar para 2017. La cifra asciende a 174 millones de pesos. La firmaron Gustavo Peters Castro, por el gobierno nacional; Amy Rice Cabrera, por los organismos de derechos humanos; y la subsecretaria de Derechos Humanos de la ciudad, Pamela Malewicz. La aparición de la firma de una funcionaria porteña pareció marcar una diferencia con años previos: por ejemplo, en 2015, con Macri como jefe de gobierno, la Ciudad puso cero pesos en la ex ESMA.
La Nación presupuestó 95 millones para el Ente, por lo que se suponía que los otros 79 millones corresponderían a la ciudad. Las esperanzas fueron vanas. En cambio, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta asignó para el año que viene sólo 12 millones de pesos. Son 67 millones menos.
En los documentos que llevan el gancho de la subsecretaria de Derechos Humanos, se indica que el Ente requiere de 93 millones para pago de salarios, 54 millones en bienes de uso (que incluyen construcciones y refacciones), cerca de 10 millones para bienes de consumo y otros 16 millones para mantenimiento, entre otros gastos. Con el presupuesto actual, podrán hacer poco más que pagar los sueldos. No está claro cómo se aplicará el aumento sobre los salarios, incluso si se toma la estimación oficial del 17 por ciento.
Derechos publicitarios
La partida destinada a la comunicación del gobierno porteño muestra un contraste con estos números. Según relevó el equipo del legislador de Nuevo Encuentro José Cruz Campagnoli, ese área duplicará su presupuesto en un año electoral: pasará de 700 a 1400 millones. “Con apenas el 5 por ciento del presupuesto destinado a publicidad se podría garantizar el normal funcionamiento del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, advirtieron en un informe armado por el equipo del legislador.
El trabajo también detalla que hay un recorte sobre el presupuesto que regula la asistencia y contención para las víctimas del terrorismo de Estado. El presupuesto para 2016 era de 185 mil pesos, lo que ya era considerado “sumamente bajo” por los organismos de derechos humanos, que indicaron que no se implementaron acciones de ningún tipo este año. Para 2017, se lo recorta a la mitad: 90 mil pesos. El equipo de Campagnoli recuerda que el año próximo se harán los juicios del circuito Atlético-Banco-Olimpo, el Sheraton y la ex ESMA.
“El ajuste que se prevé para estos programas no obedece a ningún tipo de restricción presupuestaria atravesada por el Gobierno de la Ciudad. El presupuesto general de la ciudad para 2017 es superior en un 59 por ciento al sancionado para 2016”, advierte el informe de Campagnoli. Incluso, destaca que “el de la Subsecretaría de Derechos Humanos es superior en un 32 por ciento al presupuesto vigente al 30 de septiembre de este año (aunque la mayor parte de ese incremento se destina a las actividades comunes del área, que incluyen básicamente gastos en personal y servicios no personales)”.
Peor es nada
El legislador Campagnoli confrontó con estos datos a la subsecretaria de Derechos Humanos porteña cuando visitó la Legislatura para la ronda informativa del presupuesto 2017. La funcionaria PRO le respondió que este año fue peor: “Vale aclarar que este año el Ente no tuvo presupuesto por parte de la ciudad. Por lo tanto, dado el trabajo que venimos haciendo a lo largo de todo el año, tanto con el directorio como con el órgano ejecutivo, logramos incorporar 12,5 millones”, indicó Malewicz. “Es un avance importante pasar de tener cero presupuesto a 12,5 millones de pesos”, consideró la funcionaria, en línea con los razonamientos del ministro de Producción nacional, Francisco Cabrera, cuando estimó que las suspensiones en el sector privado tenían un costado positivo: no eran despidos.
Malewicz también indicó que este año “más allá de no haber tenido un aporte en términos directos en el presupuesto, hubo colaboración por parte de la ciudad en varias prestaciones que oportunamente se fueron informando”. Entre ellas enumeró el control de plagas, del tránsito, limpieza del espacio público y señalamiento de veredas. Es decir, tareas que el gobierno porteño debe realizar en toda la ciudad.
Además, destacó que suministraron baños químicos para la Noche de los Museos, una actividad organizada hace más de una década por el gobierno porteño.
Campagnoli también le preguntó por el recorte del programa de asistencia a las víctimas y Malewicz contestó que “lo que tenemos acordado con el Centro Ulloa tiene que ver con la asistencia integral del área psicológica”. En el informe que elaboró el equipo de Campagnoli, advierten que el Centro Ulloa –que depende de Nación– sufrió despidos y recortes este año. Además, indicaron que una de las tareas del programa es asegurar el traslado de los testigos al juicio, algo que el Centro Ulloa no suple.
“Hay una política de desfinanciar los programas de memoria, verdad y justicia. El presupuesto de publicidad de la ciudad aumenta al doble, así que no es un problema de falta de dinero, sino de decisión política”, consideró Campagnoli en diálogo con este diario. “Queda claro que el vaciamiento de las áreas de derechos humanos no responde a ningún tipo de restricción ajena a la voluntad de los funcionarios porteños –remarcó–, sino a una clara decisión política por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”
