Hoy es un día clave en la relación de la Argentina con el FMI. Roberto Lavagna se reunirá en Miami con Horst Köhler, de quien volverá a escuchar el reclamo de mejorar la oferta a los acreedores privados. El titular del Fondo, por su parte, se anoticiará en persona de que el país ya demostró su “buena fe” pagando en 22 meses más de 7000 millones de dólares. Además escuchará que el Gobierno pretende cumplir no sólo con los acreedores sino también “con la deuda social interna”. Salvo un poco probable as en la manga de alguna de las partes, las definiciones nuevas serán escasas. Pero a un mes exacto de un vencimiento por 3100 millones de dólares, los dos protagonistas esperan que del encuentro surja, al menos, una reducción de los decibeles del enfrentamiento y una mayor comprensión de la posición del adversario. En juego también está la credibilidad del FMI. Una potencial cesación de pagos de la Argentina podría tener el “efecto demostración” de que es posible crecer sin seguir los designios del poder financiero internacional.
Aunque Lavagna viajó acompañado por los secretarios de Finanzas, Guillermo Nielsen, y de Coordinación, Leonardo Madcur, el punto central de la agenda de hoy en Miami no serán las metas monetarias y fiscales para la segunda revisión del acuerdo con el Fondo sino el nivel de quita para la reestructuración de la deuda en default con los acreedores privados, realidad que, si bien nadie olvida, volvió a ser recordada el sábado por el Grupo de los 7 países más poderosos de la Tierra. Sucede que luego de haberse asegurado el cobro de sus acreencias al ciento por ciento, y frente a los reclamos de algunos de sus socios europeos, el FMI intenta ir por más demandando que la Argentina reduzca la quita del 75 por ciento ofrecida a los privados. Dado que se trata de un contenido no incluido en la carta de intención firmada en septiembre pasado, es decir, de una demanda no “objetiva”, la negociación pasó al inasible ámbito de la “subjetividad”. Lo que se pide es “negociar políticamente” aquello que no se firmó. Al menos así lo interpretó el Ministerio de Economía el pasado jueves, cuando Köhler se comunicó con Lavagna.
Hasta aquí, la forma del reclamo. El contenido deviene de que las quejas de los bonistas italianos o de las empresas francesas de servicios públicos, entre otras, retumban en los oídos de los ministros de finanzas de los respectivos países y saltan de allí a las reuniones del G-7, los controlantes del FMI. La creciente percepción de que el Fondo hizo un arreglo en contra de los intereses de los privados está en la raíz del cambio de opinión en los gobiernos que apoyaron lo firmado en septiembre. La estructura de los acuerdos con el organismo, con estrechos períodos de monitoreos, revisiones y aprobación de las revisiones, brinda el marco perfecto para las constantes presiones. Así, superada con demoras la primera revisión, la segunda se convirtió automáticamente en la nueva dead line. Sin embargo, el plazo también es perentorio para el Fondo. La Argentina dejó claro que no pagará el vencimiento de más de 3100 millones del 9 de marzo si la revisión no está aprobada. El desafío motivó furiosas reacciones internacionales y la acusación de que el país “chantajea” al FMI.
Además, el crecimiento del PIB argentino, bastante superior al previsto por las tradicionalmente poco eficaces proyecciones de los técnicos del Fondo, también contribuyó a enturbiar las relaciones. La imagen de la Argentina en el exterior no es la de un país que debe atender el desastre dejado por años de recesión y crisis, y con más del 50 por ciento de su población por debajo de la línea de pobreza, sino la de deudores que toman champagne mientras se resisten a concretar un mayor ajuste fiscal.
Todas estas cuestiones, presentes en el encuentro de hoy, influyeron en la declinante imagen internacional del Fondo en general y de Köhler en particular, cuyo prestigio como conductor, gracias al caso argentino, puede terminar en franco retroceso. Es probable que si la reestructuración de la deuda se limitase al enfrentamiento de un país soberano con un grupo de especuladores liderados por unos pocos fondos buitre –como quiere la visión simplificada–, la Argentina estaría frente a un problema menor. Kenneth Dart, “el enigmático multimillonario que vive recluido en una isla del Caribe”, puede disponer del suficiente poder para conseguir fallos judiciales favorables y para formar opinión en algunos sectores de interés, pero seguramente su influencia no es tanta como para llegar al seno de las decisiones del G-7. Que la elite del capitalismo mundial se ocupe, aunque sea tangencialmente, de la deuda argentina, y que presione por obtener mayores pagos a los privados, indica que no sólo se trata de encontrar solución al “mayor default de la historia” sino que en juego existen otras variables. Lavagna empezará hoy a intentar neutralizarlas.