Por Aldo Ferrer *

La negociación con los acreedores de deuda argentina impaga es inevitablemente compleja y conflictiva y se prolongará durante algún tiempo. El análisis de la cuestión requiere tomar en cuenta los siguientes hechos principales:
Primero, antes de la declaración de la moratoria se sabía, aquí y en el exterior, que Argentina era el país más endeudado del mundo y que la deuda era impagable en los términos originales de emisión.
Segundo, la deuda argentina impaga forma parte de la burbuja especulativa que ha provocado crisis sucesivas en diversas economías emergentes y cambios gigantescos en las cotizaciones de las principales plazas bursátiles. El valor de capitalización de las acciones cotizadas en Wall Street cayó de 17 a 10 billones de dólares entre principios de 2000 y mediados del 2002, monto semejante al producto anual de la economía norteamericana. El riesgo es inherente a las actividades económicas y cuando los rendimientos son exagerados, puede convertirse en siniestro, como en los casos de las cotizaciones bursátiles y de la deuda argentina. El riesgo incluye la posibilidad del comportamiento incorrecto de los administradores, como en los casos de Enron y Parmalat o el mal asesoramiento a los compradores de deuda argentina.
Tercero, Argentina cuenta con recursos propios suficientes para su recuperación, mientras el comercio externo y las inversiones privadas directas funcionan independientemente del aislamiento del país de los mercados financieros internacionales. El riesgo país es un indicador relevante para los especuladores financieros, pero no para los operadores del mundo real de la producción, la inversión y el comercio.
Cuarto, hay consenso en la opinión mayoritaria del país y, al menos en teoría, en el FMI y los gobiernos de las principales potencias en que, en efecto, los deudores no pueden pagar si no crecen y resuelven sus propios problemas.
En consecuencia, la posición argentina de que existe un monto máximo de pago compatible con el crecimiento y que es preciso repartir el costo del ajuste de la deuda es razonable, viable y sostenible. El dinero existente para atender la deuda impaga es la diferencia entre el superávit primario del sector público federal y provincial y los servicios de la deuda que se cumplen regularmente, incluyendo las compromisos con el FMI y los bancos multilaterales. Este criterio forma parte del acuerdo de septiembre último con el FMI y, en definitiva, con los principales países que integran el Grupo de los Siete. El reclamo de un “diálogo constructivo y de buena fe con los acreedores” es un eufemismo para reclamar un esfuerzo mayor del posible, en cuyo caso volveríamos al caos en que culminó la política anterior. La fortaleza de la posición negociadora argentina descansa en el respaldo del frente interno, tanto económico como político y social. Requiere, al mismo tiempo, la transmisión de señales claras del compromiso del país de asumir la parte que le corresponde del siniestro de la deuda. Es preciso responder con hechos a la crítica infundada de que Argentina no negocia de buena fe. El Gobierno transmitiría una señal fuerte de su voluntad de pagar dentro de lo acordado si creara un fondo fiduciario, administrado con la independencia y garantías del caso, en el cual depositara el dinero para servir la deuda en default. El fondo acumulado y los depósitos futuros estarían disponibles para pagar inmediatamente a los acreedores con los cuales se llegue a un acuerdo sobre la quita y conversión de deuda. Antes de que el gobierno argentino formulara en la reunión del FMI y el Banco Mundial en Dubai su propuesta de quita del 75 por ciento de la deuda incumplida, propuse vincular el monto máximo que el país puede asignar a pagar toda su deuda, la regular y la impaga, a la tasa de crecimiento de la economía. Según mis estimaciones, los servicios no pueden superar el 50 por ciento de la tasa de aumento del PBI. Por ejemplo, un superávit primario del 3 por ciento requiere un aumento del producto del 6 por ciento, situación que aproximadamente se está verificando en este año 2004. El monto disponible para servir la deuda atendida por el fondo fiduciario aumentaría con un mayor crecimiento de la economía.
* Profesor titular consulto. UBA.