La nueva Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debutó con un tema que no será determinante para el futuro de todos, pero sí lo es al menos para un puñado de porteños: los propios legisladores, quienes ayer se juntaron por primera vez a sesionar para aprobar una resolución que establece que en los próximos treinta días deberán resolver de qué modo se realiza la renovación parcial del cuerpo. Los legisladores se dieron ese plazo para tratar de zanjar las diferencias entre quienes proponen que los nombres de los que tendrán que dejar sus bancas dentro de dos años se definan por sorteo y los que pretenden que la selección se negocie dentro de cada bloque. Por esta última alternativa se inclinan varios de los legisladores que no tienen posibilidad de renovar su mandato, quienes así no quedarían librados al azar en su afán por asegurarse cuatro años de empleo.
Las idas y vueltas en torno de la renovación por mitades de la Legislatura no son nuevas. El cuerpo vino a reemplazar al viejo Concejo Deliberante en 1997 y hasta ahora no registró ningún recambio parcial.
Los primeros legisladores tuvieron a su favor una cláusula transitoria de la Constitución local que estableció que durarían “en sus funciones, por única vez, desde el día de la incorporación hasta el día del cese del mandato del jefe de gobierno” y así pudieron permanecer en sus bancas dos años y ocho meses. Esa cláusula tenía por objetivo corregir el desfasaje derivado del proceso de autonomización de la ciudad –ya que Fernando de la Rúa asumió como primer jefe de gobierno porteño en agosto del ‘96 o sea un año y cuatro meses antes que los legisladores–, pero decía también que “la primera Legislatura establecerá el sistema que garantice su renovación en forma parcial a partir de la segunda Legislatura”.
A pesar de ese dictado de los constituyentes, la segunda Legislatura no se renovó parcialmente: como los mandatos en la ciudad fueron acortados a tres años y cuatro meses –eso fue lo que duró el primer gobierno de Aníbal Ibarra– para hacer coincidir las elecciones locales con las nacionales se generó un vacío constitucional. Con el visto bueno de la Justicia todos los legisladores conservaron sus bancas por ese tiempo.
En los meses que mediaron entre las últimas elecciones y su jura, varios legisladores se entusiasmaron con emular al menemista Rodolfo Barra y forzar una interpretación de la Constitución local que les permitiera evitar nuevamente el recambio parcial del cuerpo y asegurarse sus bancas hasta el 2007. Lo que argumentaban era que debía entenderse que la actual es la “primera” Legislatura a la que hacían referencia los constituyentes ya que por primera vez sus miembros durarán cuatro años en funciones.
Ese intento no distinguió banderías políticas, sino que aglutinó a varios legisladores que –en virtud de que la misma Constitución porteña impide más de una reelección legislativa– no tienen posibilidad de volver a renovar sus bancas en las próximas elecciones. La movida casi no cobró estado público y fue abortada por otros legisladores que advirtieron que eso sumiría al cuerpo en un descrédito difícil de remontar.
Son los mismos aprendices de Barra los que ahora impulsan que cada bloque decida en una negociación interna quién se va y quién se queda dentro de dos años. Aquellos que proponen la realización de un sorteo sostienen que es ése el mecanismo más transparente para definir el asunto.
De hecho, ése es el modo en que se utilizó para renovar parcialmente la Cámara de Diputados y el ex Concejo Deliberante porteño en 1985, dos años después del retorno a la democracia. También hace un par de años en la Cámara alta, tras la asunción de los senadores elegidos en forma directa, se apeló al bolillero para determinar cómo se escalonaba la duración de los mandatos para posibilitar el recambio parcial de sus miembros.
En la Legislatura ya hay varios proyectos presentados que promueven el sorteo, que tampoco es sencillo ni dejará conformes a todos. La forma de respetar la proporcionalidad de fuerzas y el cupo femenino es sortear entre parejas de un mismo partido, pero un punto a definir es si se tomarán como base las listas que se presentaron a elecciones o los bloques que se conformaron, varios de ellos como producto de rupturas de las alianzas electorales. Otro aspecto conflictivo es el de las bancadas unipersonales (Vilma Ripoll de Izquierda Unida y el radical Roberto Vázquez): la lógica sería someterlas a sorteo entre sí, pero en ese caso una está destinada a perder. Por eso, los treinta días que los legisladores se fijaron para resolver el tema prometen arduas discusiones.