El decreto es el arma que suele utilizar Cambiemos cuando las leyes le ponen límites a la reconfiguración institucional que quiere aplicar. Hace años pugna en tribunales para que entre en vigencia la ley porteña  que pretende traspasar de la Nación a la comuna la Inspección General de Justicia, el organismo encargado de controlar la transparencia de las sociedades comerciales, incluidas las offshore, que se instalen y actúen en su jurisdicción. La ley de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, conocida como ley Cafiero, impide ese cambio de manos. En el Ejecutivo se está evaluando algún atajo jurídico para sortear ese obstáculo. Ante este escenario, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) solicitó a la Justicia su incorporación como amicus curiae en la causa que la fiscalía general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial inició en 2009 por inconstitucionalidad contra el gobierno porteño, entonces en cabeza de Mauricio Macri. La fiscal general Gabriela Boquin insistió el viernes pasado con un nuevo recurso en el que reclama que se le pidan explicaciones al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por avanzar en ese sentido y se eleve el caso a la Cámara.
A poco de asumir en la ciudad, Macri envió en 2008 un proyecto de ley a la Legislatura para obtener el traspaso de la IGJ. A la luz de los Panamá Papers que revelaron el modus operandi de la familia presidencial y de gran parte de los dirigentes del PRO integrantes de sociedades offshore, el interés se tornó evidente: instaurar normas más laxas para la creación y funcionamiento de negocios a gran escala. En 2009, la entonces fiscal general Alejandra Gils Carbó, actual procuradora de la Nación, presentó el recurso de inconstitucionalidad, la Justicia hizo lugar y hasta el año pasado la apelación porteña quedó en un limbo. Pero una vez que Macri ya se había convertido en Presidente, en febrero, una jueza subrogante desconoció la autoridad de la Fiscalía General para intervenir en el tema. Boquin apeló y el expediente no fue elevado a la Cámara. En medio de esa maraña, Rodríguez Larreta hizo caso omiso de la situación judicial y designó a Hernán Emilio Najenson como titular de la virtual IGJ porteña con fecha retroactica al 1 de febrero de 2016 “para un registro cuya implementación está suspendida en la práctica”, sostuvo Boquin en su escrito. 

Intereses en juego

El director ejecutivo del Cipce, Agustín Carrara, fundamenta en el escrito que presentó ante el juzgado de Macarena Marra Giménez los motivos para ser reconocidos como amicus curiae:

  • “La causa involucra cuestiones de trascendencia social e institucional. En primer lugar se debate un problema de inconstitucionalidad con la sanción de la ley 2875/08, mediante la cual el Gobierno de la Ciudad usurpa facultades de la Nación.” (N. de R.: el propio Ministerio de Justicia, encabezado por Germán Garavano, envió al Senado en junio un proyecto modificatorio de la ley 24.588, la ley Cafiero, con la finalidad de transferir la IGJ a la jurisdicción porteña. En otras palabras, reconoce que es necesario modificar esa norma para avanzar aunque el gobierno porteño intenta aplicar la política de hechos consumados).
  • “La cuestión involucra la capacidad del Estado de controlar la actuación de sociedades y otras formas de asociación. La utilización de personas jurídicas es frecuente en las maniobras de corrupción y delincuencia económica. El rol de las sociedades offshore es un punto de preocupación central por los organismos internacionales que persiguen el lavado de activos y el crimen organizado. La Ciudad de Buenos Aires no cuenta con un marco normativo riguroso para controlar y fiscalizar la creación de sociedades. El sistema normativo de la CABA no establece un régimen informativo para las sociedades constituidas en el extranjero como el de la resolución de la IGJ 12/2005 que fijó controles estrictos sobre la identidad de socios, capital real, origen de los fondos, balances contables. El traspaso de competencias a la Ciudad implica el establecimiento de un régimen más flexible para la constitución de sociedades extranjeras, disminuyendo las capacidades de prevención y persecución de la criminalidad económica.”
  • La decisión de la jueza subrogante Marra Giménez, casi una década después, de desconocer la legitimidad del Ministerio Público Fiscal para intervenir en la causa en defensa del interés público en materia de control y fiscalización de sociedades deja “a la sociedad desamparada frente a la actuación de sociedades offshore”.

El pedido que realizó Carrara el miércoles pasado se funda en la acordada de la Corte Suprema que regula la presentación de amicus curiae en función de cuestiones de interés general. El viernes, la fiscal Boquin reiteró ante la jueza la necesidad de que eleve el expediente a la Cámara y así poder definir la cuestión de fondo centrada en la inconstitucionalidad de la ley. Reclamó también que se convoque a una audiencia a Rodríguez Larreta porque, consideró, está violando las normas al haber designado a Najenson en un organismo cuya función no está avalada por la legislación vigente. 
Sobre esta seguridad jurídica, Cambiemos parece tener otra doctrina.