El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, finalizó su ronda de visitas a los bloques parlamentarios a los que les presentó el proyecto de la nueva ley laboral. Ayer fue el turno de los diputados del PJ y de la UCR. El funcionario aseguró que “ya está todo dicho y sólo resta que el Congreso cumpla con su rol”. Por lo pronto, consiguió el compromiso del bloque radical no sólo de apoyar la derogación sino que incluso no impedirán que se apruebe la norma que remitió el Ejecutivo. Claro, antes sus colegas del Senado deben hacer su parte que, según trascendió, se oponen a cumplir con el cronograma que impulsa el oficialismo por entender que se necesita realizar un análisis profundo.
Si bien el anuncio de los senadores radicales puede entorpecer el plan del oficialismo de contar con la nueva norma antes de que finalice febrero, Tomada indicó que “no hay preocupación en el Gobierno porque se demore su tratamiento. Lo que importa es que se apruebe, puede ser este mes o en la primera sesión del período ordinario”.
De todas formas, en los bloques oficialistas entienden que la bravuconada radical de la Cámara alta no prosperará. La clave, para los justicialistas, está en la disposición que mostraron los diputados de la UCR. Anoche, el jefe del bloque Horacio Pernasetti y la legisladora Margarita Stolbizer sostuvieron a dúo que “la ley será derogada y daremos nuestro apoyo para la sanción del nuevo proyecto. Lo hacemos porque estamos convencidos de que no hay razones para demorar su aprobación”.
Es más, los diputados radicales encontraron en el proyecto cambios importantes, como la reducción del período de prueba y la aplicación, en el caso de los convenios colectivos, de las condiciones más favorables al trabajador y la restitución de la ultraactividad legal.
Con un posicionamiento tan claro a favor de la nueva ley laboral, a los senadores de la UCR se les desvanecen sus intentos por demorar la derogación de la ley que impusiera el gobierno de la Alianza a fuerza de sobornos.
Antes del encuentro con los radicales, Tomada se reunió con un nutrido grupo de diputados del PJ. Si bien en regla general la mayoría los legisladores expresaron su decisión de aprobar tal como está la letra del proyecto, algunos dejaron entrever algunas dudas sobre algunos puntos. El santafesino Angel Baltuzzi fue el más preocupado sobre la restitución de la ultraactividad legal. El legislador creía que la vuelta de este instituto significaba que aquellos convenios colectivos de 1975 –firmados durante el gobierno justicialista de María Estela Martínez de Perón– cobraban nuevamente vigencia. Antes de contestarle, el ministro tomó una larga bocanada de aire, para luego explicarle que lo que se pretende con ello es equilibrar la negociación colectiva.
Una vez más, Tomada debió escuchar dudas sobre la conveniencia de continuar con la aplicación de la reducción de los aportes patronales –aunque se trate de empresas de menos de 80 empleados– para promover la incorporación de nuevos trabajadores. “En la reglamentación de la ley quedará claramente estipulado cómo se aplicará este beneficio donde se tomará en cuenta la facturación de las empresas para recién definir que le corresponde la rebaja”, aclaró el ministro.
El tema de los aportes no es menor ya que buena parte de las empresas cuenta con un número inferior del tope estipulado de empleados, por lo que el beneficio no es tan restringido como anuncia el proyecto.
Ayer, al mismo tiempo que Tomada estaba en Diputados, el bloque de senadores del PJ recibía por separado a la CGT de Rodolfo Daer –el sector que respaldó con hechos y fotos la actual ley– y a la CTA de Víctor De Gennaro. Ambos dieron su apoyo al proyecto aunque De Gennaro calificó la nueva ley como una “reforma parcial y acotada” y pidió “avanzar en los problemas esenciales de los trabajadores argentinos”.