La Fiscalía criticó en duros términos al juez federal Juan José Galeano y afirmó que cometió un delito al haberle pagado 400 mil dólares, provenientes de la SIDE, a Carlos Telleldín para que prestara la declaración indagatoria en la que acusó a policías bonaerenses por el atentado. El fiscal Alberto Nisman reclamó además que se incauten los bienes del reducidor de autos por esa suma “para que vuelvan a las arcas del Estado”. Sin embargo, no pidió ninguna sanción penal para el magistrado como tampoco su juicio político. Además, defendió la labor de sus colegas, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia durante la investigación del caso. Nisman explicó por qué los policías fueron partícipes primarios y, mirando el Tribunal, aseguró que “este juicio es el comienzo de otra etapa”, en alusión a un eventual proceso AMIA 2. Según la Fiscalía, el punto de partida que necesitan es una sentencia en la que se establezca la responsabilidad iraní en el atentado.
“Se efectuó un pago manifiestamente ilegal y se lo mantuvo oculto”, dijo Nisman en una nueva jornada de alegatos en el juicio oral por el atentado contra la AMIA. “Debo decir con mucho dolor y mucha bronca la paradoja que quien más énfasis desplegó (para avanzar contra los policías) ha sido quien, sin pretenderlo, les dio más elementos de defensa”, afirmó Nisman en referencia al juez. Incluso en algún momento de su alocución mencionó que el magistrado actuó en forma correcta al no ceder a las extorsiones del ex policía Juan José Ribelli.
En ese marco, la Fiscalía pidió la nulidad de la declaración prestada por Telleldín en la que acusó a los policías bonaerenses pero prometió demostrar con pruebas independientes la vinculación de los imputados en la masacre de la mutual judía. Para Nisman, Galeano tuvo un “proceder impropio” porque “nada tenía que negociar” para obtener la declaración indagatoria de “El Enano”, ya que “contaba con todos los elementos necesarios para que declarara”. Afirmó que “fue un pago oculto e ilegal” y agregó que Galeano “pudo haber salvado la cuestión dejando constancia de ello en algún legajo secreto”, tal como se hacía habitualmente en este expediente. También sostuvo que el magistrado “se apartó de la normativa vigente” porque no recurrió a un decreto que estaba vigente para que declararan los “arrepentidos”, y que finalmente “lo que se logró es que Telleldín manejara la situación a su antojo”. El fiscal explicó luego a la prensa que Telleldín posee un puesto de diarios por un valor cercano a los 270 mil pesos y cuentas bancarias en Uruguay que alcanzarían a cubrir la suma, para justificar su pedido de incautación de la coima.
Durante su alegato, que le insumió unas cinco horas en las que apenas se apoyó en su texto escrito, Nisman dio por probado que el 10 de julio de 1994 Telleldín entregó la camioneta a los policías Raúl Ibarra y Anastasio Leal en su casa de Villa Ballester, bajo la supervisión del comisario Juan José Ribelli, y que el doblador de autos “conocía el destino que se le iba a dar”. El fiscal también apuntó contra la responsabilidad de Ribelli y aseguró que “recibió como pago total o parcial 2 millones 500 mil dólares por el atentado” en una fecha anterior al ataque terrorista. Nisman aseguró que los policías bonaerenses “no fueron quienes participaron en el atentado, ni aportaron los recursos materiales, ni participaron en el diseño”. Y pidió que sean absueltos del delito de extorsión porque consideró que “la entrega de la Trafic fue consensuada, fue un acuerdo”. Además, los acusó de homicidio calificado “agravado por haberse perpetrado con los medios idóneos para causar muerte y conmoción”, y no agravado por “odio racial”, porque entendió que “sabían que iban a causar muertes pero no que iban a volar la AMIA”.