Con el auspicio de varios intendentes del Conurbano, el Senado bonaerense está debatiendo un polémico proyecto para que los jefes comunales tengan fueros como los diputados nacionales. La idea surgió de un grupo de dirigentes del PJ bonaerense a partir de la experiencia de Jesús Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas, quien en el 2003 estuvo detenido acusado de estafa y administración fraudulenta. El objetivo es que los intendentes no puedan ser destituidos y arrestados por hechos de corrupción ante una orden judicial que lo ordene. Si la propuesta es sancionada, la Legislatura o el Concejo Deliberante de cada distrito deberán decidir si le quita los fueros al acusado. Sólo si pierde la protección –lo que parece muy improbable si quienes votan son los concejales de su partido–, el imputado podría terminar en la cárcel.
Por motivos bastante obvios, en el Senado bonaerense la propuesta se mantuvo oculta y reservada. Es que hasta los impulsores más entusiastas saben que la idea puede ser interpretada como una búsqueda de impunidad para los caudillos municipales de la provincia. Pese a todo, los bonaerenses dicen que los intendentes deben gozar del beneficio de los fueros porque tienen un cargo electivo. También sostienen que esa protección es necesaria porque, argumentan, “tras las acusaciones de los fiscales y las sentencias de jueces se expresan intereses políticos”.
Por ahora, la propuesta es una firme intención de dar fueros a los intendentes que no logró expresarse en un único proyecto. Por la Legislatura sobrevuelan varios borradores, todos provenientes de las filas del PJ bonaerense. Algunos proponen cambiar la Ley de Municipios que rige en la provincia, otros quieren que sean los concejales quienes tengan a su cargo la quita de fueros, mientras que unos terceros postulan a la Legislatura para ese mismo rol. Por el momento, es el vicepresidente primero del Senado, Antonio Arcuri, quien quedó a cargo de la tarea de ganar consenso para redactar el proyecto definitivo.
Arcuri es un amigo íntimo de Eduardo Duhalde que presidió el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Luego fue ministro de Carlos Ruckauf en la gobernación y pasó a la Nación como secretario Legal y Técnico de Duhalde. En el debate sobre los fueros, Arcuri es asesorado por Héctor Granillo Fernández, un profesor de Derecho de la Universidad de La Plata. Granillo Fernández es pariente del ex ministro de Justicia de Carlos Menem Raúl Granillo Ocampo, y estuvo ligado desde siempre al peronismo. En el 2000 denunció a los rectores de la UNLP por discriminación. Decía que lo marginaban por su reconocida condición de peronista. También tiene un estudio jurídico conocido en La Plata.
Si los fundamentos del proyecto están a cargo de Granillo Fernández, distintas son las motivaciones políticas que hicieron nacer la idea. El origen de la iniciativa surgió de un grupo de intendentes de la primera (norte y oeste del Conurbano) y tercera sección electoral (sur del Conurbano) que se molestaron mucho cuando Cariglino fue detenido. De hecho, en un primer momento habían discutido organizar una movilización en respaldo al intendente de Malvinas Argentinas porque creían que detrás de su captura había intereses políticos. La marcha nunca se hizo por pedido de Duhalde y sus colaboradores. Igualmente, Hugo Curto (Tres de Febrero), Mario Ishii (José C. Paz) y otros jefes comunales empezaron a pensar en una ley que instaurara los fueros para los intendentes.
La idea ganó todavía más terreno cuando los peronistas de la provincia de Buenos Aires decidieron cambiar los estatutos de la Federación Argentina de Municipios (FAM). Con aquella movida, los duhaldistas se quedaron con la conducción de la representación institucional de todas las comunas del país, que quedó a cargo de Julio Pereyra (Florencio Varela). Desde ese espacio, los bonaerenses lograron una plataforma más para discutir y tratar de instalar sus nuevos planes. Otro de sus objetivos es profundizar la descentralización impositiva para manejar más recursos en sus distritos. Pero la idea de protegerse de las acusaciones de corrupción amparándose en los fueros es seguramente la más polémica.
Pero la propuesta no logró el consenso de todos los intendentes. Tampoco se sabe la opinión del gobernador Felipe Solá, aunque quienes lo conocen calculan que tendrá una posición crítica. Volviendo a los intendentes, mientras algunos todavía no dijeron qué piensan, hay otros que creen que impulsar un proyecto de ese tipo sería un error político, especialmente en la era K en la que parece haber una sensibilidad singular por la transparencia. “Es una idea de algunos, pero me parece que están equivocados”, señaló a Página/12 un alcalde que –cosa rara– tiene una muy buena relación con la platense Cristina Fernández de Kirchner.