Los piqueteros del sector duro, que marcharon a La Plata en protesta por la caída de planes de empleo, llegaron a un acuerdo con la gobernación para revisar la situación de 13 mil beneficiarios que dejaron de cobrar el subsidio de desempleo. Una comisión formada por integrantes de las organizaciones sociales y técnicos del Ministerio de Desarrollo Social reverá los casos en reclamo, con el compromiso de reincorporar a aquellas personas con las que se hayan cometido errores. Las negociaciones se realizaron en un clima de tensión, porque el gobierno había recibido una orden judicial de “garantizar la libre circulación en las calles”, un pedido que abría las puertas para que la policía reprimiera, con el argumento de dispersar a los manifestantes.
Con ese clima, tanto los piqueteros como los funcionarios buscaron desde temprano descomprimir el conflicto. A las diez y media de la mañana, antes de que el grueso de los manifestantes llegara al centro de La Plata, una delegación piquetera fue recibida por los ministros de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, y de Justicia, Eduardo Di Rocco.
El acuerdo alcanzado implica una tregua hasta la semana que viene, mientras se avanza en la revisión de las listas.
Las organizaciones que participaron de la marcha plantean que la provincia dejó de pagar 27 mil planes de empleo y dicen que de ese número casi la mitad corresponde a beneficiarios propios. “Nos movilizamos 30 agrupaciones. Entre todos tenemos 13 mil compañeros que quedaron sin asistencia”, dijo Néstor Pitrola, del Polo Obrero. El dirigente sostuvo que se trata de personas que reúnen todos los requisitos pero fueron borradas del padrón. Para Pitrola, se trata de una movida de la provincia “para desarmar a las organizaciones de desocupados”.
El ministro Cafiero insistió ayer, sin embargo, en que “no existen razones para el reclamo” y defendió las bajas. “Hicimos un reempadronamiento. De los beneficiarios que fueron sacados de las listas, la mayoría no se presentó a renovar su situación”, dijo a Página/12.
Cafiero buscó devolverles la pelota a los dirigentes piqueteros, responsabilizándolos por no haberse ocupado de hacer los trámites necesarios para su gente. “Hasta ahora ellos no han presentado un solo caso en el que tengan razón. Nosotros estamos en una posición de diálogo y por eso formamos este grupo de trabajo mixto. Si hay errores los vamos a arreglar, pero no creo que los haya. Hicimos una depuración seria. Yo mismo me ocupé de buscar en los listados algunos casos concretos y resultó que eran beneficiarios que estaban cobrando el plan a nombre de otra organización”, aseguró.
Raúl Castells tampoco ocultó la precariedad de la tregua. “Si hubiera engaño, el martes próximo a las 10 de la mañana cortaremos todas las rutas”, advirtió el titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).
De todas formas, el acuerdo fue reivindicado como un logro por las partes. Además de la revisión de las bajas, la provincia tomó el compromiso de pagar las reincorporaciones el 13 de marzo y de enviar antes de esa fecha las partidas de alimentos pendientes a los comedores comunitarios.
La protesta consiguió reunir a un arco de agrupaciones más amplio que el que se venía viendo en las últimas jornadas de lucha. Además de los sectores ya mencionados, participaron Barrios de Pie, el Movimiento Territorial de Liberación, el Teresa Vive, la CTD Aníbal Verón, el Frente de Trabajadores Combativos, el Futrade, la Coordinadora de Unidad Barrial, el MP-20, el Movimiento 29 de Mayo, un sector del Teresa Rodríguez y algunos MTD.
Camino a La Plata, un militante de Barrios de Pie cayó del tren en el que viajaba y sufrió heridas por las que debió ser internado. Voceros de ese movimiento dijeron que el piquetero fue internado en el hospital de Gonet, donde esperaban el informe médico sobre su evolución.