Lo habían pensado casi en secreto y ya tenían casi asegurada su aprobación en el Senado bonaerense. La idea era proteger a los intendentes de la provincia con fueros especiales, como los que tienen los diputados, para evitar que pudieran ir presos ante la acusación de un fiscal. El proyecto había surgido de varios intendentes del PJ bonaerense y estaba empezando a tomar cuerpo por el impulso del vicepresidente primero del Senado provincial, Antonio Arcuri. Pero tras la difusión pública de la iniciativa –que todavía estaba en estudio– los intendentes decidieron bajarla sin que ni siquiera llegara a ser debatida. La decisión se produjo el martes, luego de que Felipe Solá dijera que la propuesta era inconstitucional y de competencia de la Corte bonaerense. Solá había planteado, también, que había que consultar al gobierno nacional, porque la iniciativa podía generar resistencias. Así fue.
Aunque nunca llegó a ser debatida públicamente, su existencia era reconocida por diversos dirigentes del PJ bonaerense. Todos admitían que en la Legislatura había un proyecto en discusión –del que existían varias versiones y que estaba siendo elaborado– para que los intendentes pudieran tener fueros. De esa forma, quedarían protegidos ante las acusaciones judiciales de los fiscales de la Justicia provincial, a quienes algunos miembros del PJ creen influidos por intereses políticos. “Nos parece mal la judicialización de la política, hacer denuncias falsas, juntar concejales y tirar intendentes”, argumentaban ante Página/12 cerca de un alto funcionario bonaerense.
Para algunos intendentes del Conurbano, la detención de Jesús Cariglino, jefe comunal de Malvinas Argentinas, funcionaba como ejemplo de lo que querían evitar. Con ese objetivo, comenzaron a impulsar la iniciativa en los ámbitos reservados del PJ bonaerense. Un jurista muy conocido en La Plata, Héctor Granillo Fernández, había quedado a cargo de elaborar el proyecto más cuidado posible. También lo consultaron con Solá, con el deseo de que éste lo incluyera dentro de su paquete de ideas englobadas bajo la “Reforma política” que postula para el Estado provincial. Pero Solá no quiso avanzar en nada sin antes consultar a la administración nacional, con la que tiene cada vez mejor sintonía.
Los caciques municipales insistieron con su propuesta en una reunión de los referentes de la tercera sección electoral (sur del conurbano). Fue anteayer a la tarde en el Hotel City, sobre la calle Balcarce, a una cuadra de la Plaza de Mayo. Estaban el ministro de Defensa, José Pampuro; los diputados Jorge Villaverde y Oscar Rodríguez (ex número dos de la SIDE), los intendentes Baldomero “Cacho” Alvarez (Avellaneda), Sergio Villordo (Quilmes), Juan José Mussi (Berazategui) y Alberto Balestrini (La Matanza) y el titular de Diputados en la Legislatura bonaerense, Osvaldo Mércuri. Allí se porfió en que la propuesta podría prosperar, porque, decían, tenía asegurada su sanción en la Cámara alta provincial.
En La Plata no pensaban lo mismo. Y para ese momento, ya habían surgido los primeras críticas, a cargo del intendente de Morón, Martín Sabbatella, a quien los duhaldistas sospechaban instigado desde la Casa Rosada. “Las declaraciones de Sabbatella tienen detrás un guiño nacional”, aseguró a Página/12 un funcionario bonaerense que conoce la Legislatura. De cualquier forma, los bonaerenses volvieron a plantear el tema en la cena que Solá organizó en el Club de Pescadores, el martes a la noche. Allí, entre copas de camarones y lomos al plato, el gobernador dejó clara su posición. “Es inconstitucional de acá a Luján”, opinó sobre el proyecto ante un pequeño grupo de intendentes con quienes compartía la mesa.