Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Claudio Orosz, Martín Fresneda y Lyllan Luque, representantes legales de la agrupación Hijos y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, presentaron ante la Fiscalía Federal N° 3, a cargo de Graciela López de Filoñuk, una denuncia penal en la cual solicitan se investigue la cremación en el año 1986 de 33 bolsas con restos de personas desaparecidas, que fueron halladas en el cementerio San Vicente en distintas exhumaciones realizadas en 1984 en ese lugar y que llegaron allí para ser “protegidas y conservadas para su posterior identificación”.
No estábamos en dictadura, sino en plena primavera democrática alfonsinista cuando desde la dirección del Cementerio San Vicente se habría ordenado cremar 33 bolsas que contenían restos de personas desaparecidas. Así lo aseguran distintos testimonios acumulados en la causa “Averiguación de enterramientos clandestinos”, expediente 9693, que aseguran que las bolsas recibidas en 1985 e incineradas un año después contenían “algunos cráneos con orificios de bala y otros una tela puesta a la altura de los ojos, además de una piolita con una chapita con un número en los huesos de los brazos”.
Los restos óseos, encontrados en las excavaciones de 1984, fueron entregados al Departamento de Servicios Médicos Forenses y luego devueltos al cementerio un año después a pedido de los jueces federales Miguel Rodríguez Villafañe primero y Gustavo Becerra Ferrer después, para su “perfecta conservación y posterior identificación”, cosa que fue aceptada por el entonces subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Raúl Jorge Cingolani.
Pero nada de esto sucedió y los restos fueron cremados, sin existir una orden por escrito que lo autorizara, lo que obstaculiza la posibilidad de encontrar responsables. No obstante, los testimonios que constan en el expediente, y que corresponden a empleados del cementerio que trabajaron en las excavaciones, aseguran que el entonces director del cementerio, Manuel Eustaquio Mediavilla, y el encargado del horno de esos años, Hugo Arévalo, habrían sido los que dieron las órdenes verbales para hacer desaparecer las bolsas.
Para los abogados denunciantes, es importante destacar que los hechos que aquí son investigados y que tienen que encontrar responsables “constituyen delitos contra la humanidad, y como tal son imprescriptibles. Además, son delitos previstos en los artículos 255 y 277 del Código Penal y resultan conexos, concomitantes y tributarios respecto del delito de desaparición forzada de personas”.
Casi 20 años después de sucedidos estos hechos lamentables, el Equipo Argentino de Antropología Forense comenzó una nueva búsqueda de restos de desaparecidos, esta vez en la periferia del crematorio del cementerio San Vicente, lugar en el cual se encontrarían más fosas comunes como las halladas por este grupo el año pasado.