La Justicia avanza ahora directamente hacia el corazón del régimen: la cabeza de Carlos Juárez. El próximo destino del hombre que mantuvo el sillón de la gobernación durante cinco mandatos formales y ahora es asesor legislativo y ejecutivo de la provincia, está en manos del Juzgado Federal de Santiago del Estero. Angel de Jesús Toledo citó para hoy a las 10 a su antiguo ministro de Gobierno, Robin Zaiek, involucrado en la desaparición del ex concejal Emilio Abdala antes del golpe militar. Zaiek es la primera escala de la investigación de la cadena de mandos en la que se analiza una imputación a Carlos Juárez por crímenes de lesa humanidad. La causa avanza ahora en medio de un clima político cada vez más tenso, profundizado desde hace dos días por la visita de una delegación del Ministerio de Justicia. Esos enviados del gobierno nacional ya sumaron acuerdos con jefes comunales, universidades y la ex CGT juarista (ver aparte). Una pata federal que hace rabiar a los escuderos del juarismo.
La nueva aparición de uno de los ex ministros de Juárez en el escenario judicial de Santiago no es casual. Robin Zaiek fue citado por la Justicia Federal recién ayer: un día después de que el Congreso rechazara los pedidos de desafuero de la gobernadora Mercedes Aragonés de Juárez, imputada por presunta defraudación a la Anses y como supuesta autora ideológica del atentado a la casa de un diputado. El resultado de la Cámara fortaleció al juarismo, a sus 29 diputados y sobre todo a la gobernadora, que ahora está a salvo de la Justicia. El juzgado no puede avanzar más con sus procesamientos hasta que concluya su mandato. En ese contexto, reapareció el nombre de Zaiek: su testimonio sería clave para activar un nuevo cerco jurídico sobre la pareja del gobierno.
Hasta hace dos semanas, Zaiek era un viejo funcionario del juarismo que pasaba sus tardes de jubilado jugando cartas españolas en uno de los clubes tradicionales con su grupo de amigos. Abogado, con poca exposición pública, enfrentado con Juárez desde hace más de veinte años, su nombre comenzó a escucharse de nuevo en boca del ex comisario Musa Azar, devenido ahora en uno de los arrepentidos más parlanchines del régimen. Durante una entrevista, Musa lo relacionó con uno de los cuatro desaparecidos del período previo a la dictadura militar: el ex concejal Emilio Abdala. Según Musa, él mismo se lo llevó detenido desde el despacho de Zaiek cuando Juárez era gobernador de la provincia. En ese mismo diálogo, además de Zaiek, Musa mencionó al propio Juárez: “Cómo no iba a saberlo –dijo– si era el gobernador de la provincia”. Más tarde fue todavía más claro: en un diálogo con Página/12 describió cómo se informaban las detenciones y a quiénes se elevaban los partes diarios de la SIDE, su dependencia, entre el ‘73 y ‘76: “Como en todo el país, aquí se hacían partes diarios donde se informaba qué es lo que pasaba en la provincia, a quién se lo detenía, a quién se lo buscaba, qué células estaban detectadas”, dijo. Y agregó: “Se mandaba uno al gobernador, uno al ministro de Gobierno, uno al jefe de guarnición y otro al jefe de policía, diariamente”. La entrevista ha quedado registrada en una cinta que está entre los elementos que la Secretaría de Derechos Humanos de Nación le aportará a la Justicia.
Hoy a partir de las 10 Zaiek revelará algunos de los detalles de esa trama: “Voy a repetir todo tal cual lo vengo haciendo desde hace veinte años”, le dijo ayer a este diario. Es decir, sobre el caso Abdala dirá “que Juárez me dio la orden a mí y a Musa Azar para recibir al concejal en la casa de gobierno”. Zaiek consiguió hace diez años un sobreseimiento en la misma causa, que tramitaba en la Justicia ordinaria. Un expediente que había sido impulsado por el juarismo en medio de la disputa política contra el ex funcionario. Por eso, el juez Toledo ahora no lo cita como imputado sino como testigo del caso. Las declaraciones que formuló a la prensa durante las dos últimas semanas y los fundamentos del sobreseimiento le alcanzarían al juzgado para comenzar a reconstruir el aparato de inteligencia y de represión conducido por Carlos Juárez durante aquellos años, según le explicaba ayer a este diario una fuente judicial.
Además de los cuatro desaparecidos de la democracia setentista, sobre las espaldas de Juárez pesa una denuncia por una treintena de detenidos políticos. Entre ellos, la de Sara Alicia Ponce, detenida el 11 de junio de 1975 y torturada en el edificio de la SIDE provincial por José Marino, secretario personal del padrino de la mujer: Carlos Arturo Juárez. Página/12 publicó el domingo fragmentos de su declaración judicial, en la que recordó a Marino repitiéndole un mensaje de Juárez: “Este es el mensaje de tu padrino –le decía– cantá que sos del ERP, y te deja en libertad”. Juárez, Mercedes Aragonés, Marino –asesinado más tarde por los hombres de Musa Azar– y el ex ministro coordinaban una de las dos áreas de Santiago del Estero desde donde se manejaban las actividades represivas en la provincia: “Reprimían la actividad subversiva motivados por el cumplimiento de la ley y fundamentalmente porque al ser justicialistas se oponían a cualquier otra ideología”, declaró Juan José Velasco en 1984 ante el juez Ricardo Ahumada, de Catamarca. Velasco había sido jefe del Departamento de Coordinación y Enlace de esa provincia durante la dictadura, y su testimonio fue aportado en el marco de la causa del ingeniero Roberto Bugatti, otro desaparecido. Ahora formará parte del expediente judicial contra la cabeza política del gobierno de Santiago.