El director ejecutivo del CELS Víctor Abramovich y Horacio González, abogado de la CTA, participaron en Washington de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que presentaron 10 casos concretos de violaciones a la libertad sindical por parte del Estado argentino. Aunque esta situación ya fue reconocida por el Estado argentino ante la OIT, hasta ahora la situación no se ha modificado y persisten violaciones no sólo a la libertad sindical sino también al derecho a hacer huelga y a la negociación colectiva.
Los representantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvieron que, frente a la incapacidad de las organizaciones tradicionales, los trabajadores insisten en crear nuevos sindicatos a pesar de “los obstáculos excesivos que les impone el ordenamiento jurídico”. En total existen unos 2000 sindicatos carentes de toda protección de la ley, aunque se encuentran legalmente inscriptos. Uno de los casos planteados ante la CIDH es el del Sindicato de Trabajadores Mercantiles de Jujuy, cuya conducción fue despedida del supermercado Toledo apenas presentaron los papeles para su inscripción como entidad gremial.
En la exposición ante la CIDH también fueron enunciados los obstáculos legales y administrativos que poseen los sindicatos inscriptos para acceder a la calidad de sindicato mayoritario y, por ende, poder ejercer plenamente el derecho a la representación de los intereses colectivos de los trabajadores, por ejemplo, en la negociación de convenios colectivos de trabajo. Horacio Meguira, director del departamento jurídico de la CTA, explicó a Página/12 que la presentación se produjo ahora ante la CIDH (ya había sido formulada en 1998 ante la OIT) porque Argentina ratificó el Protocolo de San Salvador “que establece claramente la libertad sindical”. La CIDH podría emitir una resolución aconsejando al gobierno argentino una reforma en la legislación, que se aplicaría a un caso concreto para que tenga derecho a presentarse ante la Corte de San José de Costa Rica.