Por Eduardo Tagliaferro
y Felipe Yapur

El otorgamiento de rango constitucional de la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de la Argentina debería ser tomado como un hecho políticamente correcto. Pero en el bloque de senadores del PJ como en la Cancillería consideran que no es tan perfecto como parece. El proyecto de ley que en su momento envió Eduardo Duhalde para adecuar la legislación argentina al Estatuto de Roma les concede a los tribunales militares un espacio que ya no tienen en la legislación argentina, sobre todo en los casos de genocidio. Para evitarlo, el martes comenzará en la Comisión de Asuntos Constitucionales el debate a partir del cual se pretende redactar una norma que lo adecue a la legislación penal nacional.
Ese día, llegarán a la comisión –que preside Cristina Kirchner– el supremo Eugenio Zaffaroni, el jurista Julio Maier y el secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Jorge Taiana. La intención es comenzar a debatir el proyecto que presentarán la senadora y el riojano Jorge Yoma. El de Duhalde, que ya perdió estado parlamentario, sólo cosechaba críticas: “La Justicia militar recuperaba un espacio que no corresponde”, dicen desde el PJ.
Al margen de ese proyecto, el Estatuto de Roma es criticado en voz baja por la liviandad de algunas penas y por lo amplias que son las figuras penales. Así por ejemplo, entre los legisladores del oficialismo se destaca que el cargo de genocidio prevé una pena de 5 años. Es decir menos que un homicidio simple. Esto al margen de las consideraciones políticas que lo rodean. La Corte Penal Internacional, una de las creaciones de ese acuerdo diplomático firmado en 1998, está relacionada con las Naciones Unidas y sus organismos. Entre ellos el Consejo de Seguridad.
El Estatuto fue adoptado el 17 de julio de 1998 por 120 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. Entre los siete que votaron en contra se alinearon los Estados Unidos, Irak y China. Al final de su mandato, en diciembre de 2000, el demócrata Bill Clinton firmó el tratado, pero nunca fue ratificado. El acuerdo entró en vigencia en julio del 2002, cuando fue ratificado por 60 países, entre ellos Argentina. “Al excluir a los Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de su aplicación, el Tratado de Roma sentó el principio de la falta de igualdad ante la ley. El tratado distingue entre quienes pueden ser considerados culpables bajo la competencia de la Corte. El Consejo de Seguridad tiene en sus manos las acusaciones sobre genocidio cuando precisamente son ellos los que generalmente bordean el genocidio”, aseguró a Página/12 el senador Yoma.
Precisamente esta semana, el riojano y la santacruceña presentarán un proyecto para la implementación del Estatuto de Roma que mejore la enviada por Duhalde. En la Cámara alta algunos asesores del PJ insisten en que “el derecho moderno está tendiendo a quitar espacio a los códigos de justicia militar”. Esto en una clara crítica a la iniciativa enviada en su momento por el bonaerense. De la lectura de algunos reparos que se le formulan al anterior proyecto de ley se destaca que “se reserva la justicia militar cuando el imputado gozare de tal carácter y, en ejercicio de aquél, hubiera cometido crímenes de guerra”.
Precisamente ese fue uno de los principales argumentos esgrimidos en la Argentina por los acusados de delitos aberrantes durante la última dictadura militar. Incluso en varios expedientes trabaron competencia entre la Justicia militar y la Justicia federal. A esta altura no hay dudas que conceder en ese punto sería una marcha atrás. Claro que en tiempos de Duhalde nadie hubiera imaginado que sería posible la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, uno de los obstáculos más grandes para avanzar en el castigo de los crímenes de la dictadura.
Por cierto que la futura norma que implemente el Estatuto de Roma estará en consonancia de la política de derechos humanos del gobierno de Kirchner. En ese punto, destacan que el hecho más importante fue laratificación del tratado contra la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Al hablar sobre el Estatuto que dio vida a la CPI, en el oficialismo no dejan de señalar que a partir de él “hay una justicia para países ricos y otra para países pobres”. Por cierto que la Argentina es miembro del Estatuto de Roma, incluso el fiscal es el argentino Luis Moreno Ocampo. Lejos está el oficialismo de protestar ese Estatuto. Tan lejos parece que está de ello, como de otorgarle rango constitucional, algo que el riojano Eduardo Menem reclamó insistentemente en el recinto del Senado durante las últimas sesiones. Seguramente el nuevo proyecto de ley que implemente el Estatuto de Roma será votado antes del 24 de marzo. El 25 está prevista una reunión mundial de parlamentarios en Brasil para analizar las adhesiones mundiales al estatuto y a la CPI. En la delegación argentina se destacará la presencia de la senadora Fernández de Kirchner.