Hay equipos de medicina nuclear, tomógrafos, mamógrafos, equipos de diálisis, de hemodinamia y camas de internación prolijamente tendidas con juegos de sábanas en tonos azules. Pero nada de eso se usa desde hace diez meses. Por ese entonces el lugar se llamaba Instituto Médico de Cirugía Cardiovascular (IMEC) y desde el jueves su enorme edificio frente al Parque Centenario está ocupado por sus antiguos trabajadores, que buscan rescatar la institución y recuperar su fuente de trabajo organizados en la Cooperativa Fénix Salud. “El nombre es por aquello de resurgir, como el ave, entre las cenizas. Así nos sentimos nosotros”, dice Elsa Montero, de 46 años, que fue coordinadora general de la clínica. Junto con sus compañeros, elaboró un proyecto para pelear por la tenencia.
La clínica IMEC, que funcionaba desde 1998 en Díaz Vélez y Otamendi, quebró en junio del año pasado. “Ya antes de llegar a ese punto, los médicos dueños gradualmente dejaron no sólo de pagar sino de venir. A mí me deben un año y medio de sueldos”, cuenta Elsa, una suerte de líder natural del grupo. “Yo soy una persona bastante católica y me obsesionaba la idea de buscar una forma de rescatar nuestra dignidad, así insistí hasta que en septiembre de 2003 armamos la cooperativa.” La integran 54 médicos, enfermeras, técnicos, bioquímicos y otros especialistas.
Poco después de su fundación, Fénix le propuso a la jueza Matilde Ballerini –la misma que intervino en el caso Brukman– “la compra de la quiebra a cinco años más uno de gracia”, explica Elvira. “Nunca obtuvimos una respuesta satisfactoria”, dijo. Los trabajadores organizados piden que les sea cedido el edificio de seis pisos y el instrumental. Todo está intacto, en perfectas condiciones. “Queremos seguir dando los mismos servicios médicos como cooperativa”, anhela Elsa.
El miércoles fueron en malón al juzgado de Ballerini tres miembros de la cooperativa, el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas Eduardo Murúa, los diputados Juliana Marino y José Roselli, y catorce legisladores porteños encabezados por Diego Kravetz. Juntos, insistieron con el pedido de tenencia de la institución. Llevaron además una carta de veintiún diputados que elogiaba la actitud de “los trabajadores que han desarrollado un proyecto de viabilidad sobre la continuidad laboral de 50 familias” y que colaboran, así, con “la recuperación del aparato productivo”. A pesar de la movida, la jueza dijo que no a todo. El fracaso de las gestiones llevó finalmente a la toma pacífica del predio, donde los trabajadores hacen guardias rotativas mientras reciben visitas de obreros de otras empresas recuperadas y de asambleas barriales.
Después de la ocupación, se abrió otro carril de negociación, esta vez con las autoridades porteñas, que podría permitir mantener la fuente de trabajo con un acuerdo con las secretarías de Salud y Desarrollo. El Gobierno de la Ciudad alquilaría el bien para ser explotado por la cooperativa, que a su vez funcionaría como prestataria del plan de salud de la ciudad.
Aunque con menos frecuencia que hace uno o dos años, la recuperación de empresas sigue presentándose para muchos trabajadores como una salida ante la desocupación. Más allá de acuerdos con el Estado, la apuesta a conseguir la expropiación a nivel legislativo siempre es un camino alternativo. Pero hay varios escollos: no hay leyes que garanticen el traspaso de las firmas que quiebran o son vaciadas ni normas que faciliten la puesta en marcha de los proyectos. La Cooperativa Fénix tiene un gran desafío en puerta, ya que son pocas las experiencias de recuperación de centros de salud. Las más conocidas son las de la Clínica Medrano, que fue estatizada, y la de la Clínica Junín, en Córdoba, que por ahora brinda atención primaria.