Tal como está planteada la disputa con el Fondo Monetario Internacional, el vencimiento de 3100 millones de dólares en el día de la fecha dejó de ser lo más importante. Pagar o no pagar, dilema que obsesiona a la mayoría de los economistas que se dedican a equivocarse en los pronósticos, no es lo que está en juego en el cruce de presiones entre el Gobierno y el Grupo de los Siete. La discusión por esa cuota de capital e intereses, que se recuerda tiene su origen en el crédito otorgado por el Fondo a Domingo Cavallo a mediados de 2001 para sostener el Plan Déficit Cero, ha quedado subordinada a cuestiones que van más allá de su vencimiento. Lo que se discute es el monto del superávit fiscal para el año próximo y las condiciones para negociar con los acreedores en default.
No entender lo que está en juego lleva a ciertos economistas proponer pagar y dejar en evidencia la “mala fe” del FMI si éste no cumpliera en aprobar la segunda revisión del acuerdo. Esa sugerencia de cómo encarar una negociación con el Fondo facilita la comprensión de por qué esos economistas han fracasado cuando tuvieron la responsabilidad de habitar el Palacio de Hacienda. Esa vocación a la sumisión y, por lo tanto, a aparecer luego como víctima ha tenido consecuencias negativas para el país.
Reducir el conflicto a pagar o no pagar, en realidad, encubre la estrategia desleal que encara el FMI, política que viene aplicando desde el mismo momento que comenzó el gobierno de Eduardo Duhalde. Esta consiste en alterar permanente los límites del campo de juego corriendo el arco de la negociación. Esa práctica de desconocer lo acordado tiene una explicación. La experiencia de los ‘90 en el vínculo de Argentina con el Fondo enseña que la fijación de metas ambiciosas, que como tal no pueden ser satisfechas, concluyen en incumplimientos. La solicitud de dispensas (waiver) para extender el acuerdo o la caída definitiva del convenio, acompañado por la histeria de los mercados y de los sermones de economistas de la city, colocaba al país en una situación de debilidad y subordinación. Así, el incumplimiento de las metas se ha convertido en el arma más efectiva del Fondo para imponer objetivos cada vez más exigentes, definiendo un mecanismo de sometimiento que se va realimentando. Imponen de ese modo condiciones a favor de los intereses de los acreedores y avanzan sobre la soberanía de la Nación, como lo fueron en su momento las presiones para modificar las leyes de Subversión Económica y de Quiebras.
Pero esa lógica de dominación ha quedada ahora descolocada y en evidencia cuando Argentina sobrecumplió las metas fijadas en el acuerdo. ¿Cómo puede el Fondo presionar a un país que no está en falta? Se queda, entonces, sin su principal argumento, que es el de mostrar un país incorregible. Por lo tanto apela a nuevos (“postergar la oferta a los acreedores hasta septiembre”), caprichosos (“reconocer al grupo de acreedores más agresivo”) y más exigentes reclamos (“aumentar el superávit fiscal al 4 por ciento del PIB para el 2004”).
Por eso mismo una inteligente política no consiste en pagar y luego llorar por las capitales de las potencias económicas porque el FMI no responde. La clave en este negociación no pasa por pagar o no pagar, sino en asumir solamente aquellas metas que son posibles de satisfacer, que, vale destacar, son lo bastante severas como para todavía endurecerlas aún más.