Finalmente llegó el Día D. El Fondo Monetario no dio la aguardada señal de que refinanciará el vencimiento de 3100 millones de dólares, y el Gobierno confirmó que no lo cubrirá con las reservas hasta tanto Washington no garantice su reembolso. Hoy será otro día de aquéllos. Los directores del Grupo de los Siete (países más desarrollados) en el Fondo Monetario se volverán a reunir para tratar de zanjar diferencias sobre el caso argentino. Ayer, en la primera reunión, se escucharon críticas furibundas al gobierno de Kir- chner y la administración Bush no consiguió consensuar en el G-7 una posición favorable a Argentina. Anne Krueger, por su parte, insistió en una carta reservada con sus condiciones para la negociación de la deuda, y Lavagna, por orden de Kirchner, reiteró su rechazo. Para colmo, se abrió una grieta en el Gobierno. El Presidente no firmó el decreto para designar a los bancos asesores, porque no está de acuerdo con su ministro de Economía en aceptar la jurisdicción extranjera para resolver futuros litigios.
Lavagna recibió un fax de Krueger, en respuesta al borrador que el ministro había girado a la número uno del Fondo el sábado. No esperaba demasiado. Ni tan poco: salvando algún cambio sintáctico, la carta era la misma que la primera misiva que despachó a Buenos Aires la número uno del Fondo, el viernes.
El ministro la conversó con John Dodsworth, representante del Fondo Monetario en Argentina, para chequear que no hubiera un error burocrático, y se trasladó a Olivos para analizarla con Kirchner.
El Presidente, una vez más, no dejó pasar las condiciones para la renegociación de la deuda planteadas en la nota. Y el borrador regresó a Washington con las mismas observaciones:
- El Gobierno no está dispuesto a establecer un porcentaje de aceptación (superior al 80 por ciento) para dar por concluida con éxito la negociación con los acreedores privados. La cuestión no es menor, porque al no existir un tribunal internacional que conduzca la “convocatoria de acreedores” de un país, no existe ninguna obligación legal que fije un porcentaje de adhesión para cerrar la negociación. Lavagna prefiere hablar, en términos generales, de un “consenso importante” (más del 60 por ciento), para desalentar el comportamiento especulativo de los acreedores que opten por quedarse afuera.
- Rechaza la exigencia de que se reconozca al llamado “Comité Global de Bonistas” –el más agresivo con la propuesta argentina– como principal interlocutor. La posición oficial es que ese comité –que dice representar a acreedores con bonos por 37.000 millones de dólares– es uno más de los grupos privados con títulos en default por 80.000 millones.
A esas objeciones se sumó ayer otra, que en el equipo de Lavagna creían superada. El Presidente se niega a firmar el decreto que designa a tres bancos extranjeros (Unión de Bancos Suizos, Barclays y Merril Lynch) como asesores en la negociación de la deuda, porque no acepta ceder la jurisdicción local para la resolución de eventuales controversias.
El decreto era el guiño que Lavagna había comprometido ante el Tesoro norteamericano, como un gesto de buena voluntad, en medio de una negociación tan delicada. Pero Kirchner, desairando a su ministro, prefirió plantearse también en este punto, no sólo para hacer consistente su política en otras áreas, sino para demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar.
La carta que va y vuelve de Washington con las mismas posiciones de una y otra parte es la nota que la gerencia del Fondo Monetario (es decir, Krueger) debería elevar al directorio antes de que éste trate la segunda revisión del acuerdo. Lavagna esperaba que dicha carta fuera una simple “recomendación” para que el directorio aprobase el caso argentino, teniendo en cuenta que se sobrecumplieron las metas de superávit fiscal para el período. Sin embargo, Krueger coló en la nota las mencionadas condiciones en favor de los acreedores privados. Y está claro que no soltará ninguna recomendación si antes no recibe la orden política de la administración Bush.
Ayer, durante la reunión de directores del G-7 en el Fondo, Washington trató de consensuar posiciones. Pero fue imposible. Italia, Japón, Inglaterra, y también Alemania, descalificaron la posición del gobierno argentino. E insistieron con presionar por más beneficios para los acreedores privados, muchos de ellos residentes en aquellos países. El gobierno norteamericano necesita persuadir a sus socios, porque sería un derrota política seria para el G-7 si todos esos países se abstuvieran de votar una posición avalada por Washington.
Así las cosas, si en la nueva reunión del G-7 no se llegara a un acuerdo, hoy sería el Día del Default. No sería la primera vez. El 9 de septiembre pasado, Kirchner incumplió un vencimiento de 2900 millones con el FMI y dos días después cerró trato. Aún hay tiempo para pulsear.