A simple vista pareciera que la provincia que controla la familia Rodríguez Saá desde hace veinte años, y más también, no enfrenta una crisis política y social sin precedentes. Sin embargo, el conflicto está. Sin duda el problema más importante que tiene en carpeta el gobernador Alberto Rodríguez Saá es la polémica por el control del municipio capitalino, que se expresa en la coexistencia –no pacífica– de dos intendentes, la oficialista María del Carmen Torrontegui y el opositor Daniel Pérsico. Hoy, por caso, una multisectorial realizará otra movilización en respaldo a Pérsico que hace prever revueltas similares a las de la semana pasada. Por si acaso, el gobernador, y tal vez buscando descomprimir un poco la tensión, abrió ayer un espacio de diálogo con el sector docente que está prácticamente en huelga. Algo similar sucede con la Iglesia Católica local.
El paisaje que muestran las amplias y poco arboladas calles de la ciudad se parece más al de un bucólico pueblo que se mueve lento como las agujas de un reloj que a la de una capital de provincia. Pero no es así. El malestar está latente, susurrante, y explota de manera aislada. Ayer, por ejemplo, estuvo expresada en las protestas que realizaron los padres y maestros en diferentes escuelas que se encuentran virtualmente tomadas. Y es que la decisión del gobierno de nombrar directores normalizadores en las escuelas provinciales, muchos de los cuales ni siquiera son maestros, más la incorporación de docentes a través del Plan de Inclusión Social (reciben un pago de 300 pesos más obra social) por fuera del estatuto que los rige, provocó la reacción y la virtual huelga docente. Virtual porque el gremio es controlado por una acólita del gobierno, Velia Vilchez, que por estos días saltó a la fama cuando acusó de “zurdos que merecen el paredón” a los que encabezan la protesta.
Durante la mañana de ayer, en la escuela Belgrano, ubicada en una barriada marginal de la capital, los estudiantes expulsaron con piedras a los efectivos policiales que se habían acercado a apagar unas cubiertas incendiadas. Ni siquiera el camión de los bomberos pudo llegar. Una lluvia de cascotes lo hizo retroceder. El conflicto se había generado tras una fuerte discusión entre los padres y un grupo de alumnos repitentes –arengados éstos por el vicedirector interventor a no plegarse al reclamo so pena de no volver a la escuela– y que estalló violentamente cuando una madre abofeteó a una alumna. Esto fue lo que provocó la reacción de los estudiantes, que terminaron rompiendo algunas lunetas de los autos de los maestros y convocó a la policía local.
Mientras todo esto sucedía, a unas pocas cuadras de allí, el gobernador inauguraba un aula de informática donde se aplicará un nuevo programa educativo. “De las escuelas tomadas no sé nada. Eso lo sabés vos que sos el que organizás las tomas”, le respondió “El Alberto”, como lo llaman propios y extraños, a un movilero de Radio Universidad que buscaba una respuesta del gobierno relativa al conflicto.
Para el gobernador el origen del problema con los docentes está más relacionado con lo social que con lo político e inclusive que con lo económico. “Son los mejores pagos del país, pero no se adaptan a la idea de aceptar a los que provienen del Plan de Inclusión Social y que ahora se incorporan como maestros en el sistema”, lo escucharon decir al gobernador sus principales colaboradores. De todas formas, y ante la incapacidad de Vilchez de detener ya el conflicto, el Alberto abrió un canal de diálogo para descomprimir. “Si me equivoqué en algo lo rectificamos”, les dijo pero sin muchas precisiones.

Problema capital

Hoy por hoy nada indica que el conflicto de los dos intendentes pueda resolverse en el corto plazo y los contrincantes pasan sus horas concentrados en la reunión que mantendrán el martes próximo con los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. El gobierno insiste en su tesis de no intervenir, prefiere que la Justicia actúe y dejar que Pérsico se ahogue solo.
Ahora bien, los justicialistas puntanos creen ver detrás de Pérsico un respaldo político extraprovincia. Sin animarse a afirmarlo, sostienen que “puede estar la mano de Eduardo Duhalde detrás de todo esto. No hay que olvidarse que el Adolfo (Rodríguez Saá) los enfrentó a todos ellos”. No dicen lo mismo del gobierno de Néstor Kirchner y para justificar repiten una frase que dicen que pronunció el ministro del Interior, Aníbal Fernández: “No hay intenciones de intervenir”.
De todas formas, en los mentideros políticos del PJ se insiste en la incapacidad del Alberto para terciar en este caso. La crítica está relacionada con el recelo que existe en las filas del partido sobre la forma de conducir que tiene el mandatario y por el desplazamiento que tuvieron los principales cuadros partidarios de los puestos de conducción de gobierno. Tal vez allí resida la razón de la actitud que tomó Adolfo Rodríguez Saá cuando el martes pasado reunió a los principales dirigentes justicialistas en un almuerzo. Allí los arengó a volver a militar aunque de una manera poco ortodoxa: “No hay que ser pelotudos, hay que liderar y defender a nuestro gobierno provincial y municipal”, les gritó moviendo ampulosamente sus manos. Ninguno de los comensales atinó a responder y mucho menos a continuar masticando.
Más allá de la reaparición del Adolfo, por ahora la estrategia del gobierno en este tema es aguantar y esperar. Por lo pronto, el gobernador ya ordenó a la policía local no reprimir la movilización prevista para hoy por la tarde. En San Luis, todo sucede por la mañana o después de la siesta.
El tercer eje de conflicto que enfrenta el Alberto es su complicada relación con el obispo Jorge Lona. El conductor de la Iglesia local se resiste a la recisión de los contratos de cuatro institutos de menores y ancianos que estaban bajo la órbita del obispado, algunos de ellos –como la Colonia Hogar– con graves hechos de corrupción y de abusos a menores por parte del sacerdote Marcelo Carballo. Lona se hace el distraído con estas acusaciones y prefiere sostener que todo responde a una política anticatólica del gobierno y es por ello que promovió la movilización del martes donde participaron ocho mil personas, entre ellas se pudo ver a Cristina Videla, la hija del dictador. El gobernador niega los ataques a la Iglesia e insiste en que todo responde a un nuevo programa social de desinstitucionalización de los menores en riesgo.