“No es fácil vivir en Argentina, no resulta fácil ser juez, no es fácil sostener inquebrantablemente la vigencia irrestricta de la Constitución nacional, no es fácil defender principios en Argentina.” Para rechazar la recusación en su contra planteada por el Banco Central (BCRA), el juez contencioso administrativo Martín Silva Garretón –quien ordenó la devolución a los porteños de sus ahorros– se extendió en argumentos de todo tipo. Acusó de “canallas” a quienes le atribuyen un interés de proyectarse en la política. Ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones.
Desde la primera versión del corralito que instaló el ex ministro Domingo Cavallo, Silva Garretón consideró inconstitucionales las restricciones bancarias. Resolvió amparos a favor de miles de ahorristas, pero algunas de las causas fueron tomadas por la Corte Suprema vía “per saltum”, entre ellas la iniciada por la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires en nombre de todos los porteños. En ese expediente, los supremos le pidieron a Silva Garretón que convoque a una audiencia de conciliación entre la Defensoría, los bancos y el BCRA. Ese trámite tuvo un freno porque el Central recusó al magistrado acusándolo de prejuzgamiento.
El juez reivindica su potestad en las causas del corralito y dice saber que sus fallos “han provocado y provocan gran preocupación en ámbitos de poder político y financiero, que recurren a distintos procedimientos para apartarme de las causas”. Siempre, asegura, “he observado sin claudicación el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución nacional”. “Escapa a toda lógica pretender descargar sobre los jueces la responsabilidad de una posible hiperinflación o del agravamiento de la situación de pobreza a la que fueron arrojados 14 millones de compatriotas. Quienes esto proclaman han participado en la toma de decisiones que en mayor o menor medida han contribuido a la devastación nacional”, sostiene.
Silva Garretón se queja, además, de lo que describe como “la práctica canallesca –que atribuye a ‘medios periodísticos’– de instalar la sospecha ya de un interés actual de proyección personal en el campo de la política, ya de una posible connivencia con estudios jurídicos”.