Henry Kissinger, el hombre que tiene en su historial el haber dado el okey a la represión que implementó la dictadura militar, será el encargado –a través de su consultora Zemi Communications– de resolver el problema que desvela al presidente Eduardo Duhalde: el auxilio financiero del FMI. La empresa del ex secretario de Estado de Richard Nixon integra un experimentado equipo de lobbistas junto a dos importantes estudios jurídicos norteamericanos. Estos tendrán a su cargo la preparación e implementación de “una estrategia para el Gobierno de la Argentina” en asuntos relativos a la necesidad de conseguir “un paquete de ayuda financiera internacional”. Tarea que incluye, tal como rezan los contratos, “abogar por las posiciones del Gobierno ante las instituciones financieras internacionales, el gobierno de los Estados Unidos (incluyendo el Poder Ejecutivo y el Congreso) y con grupos empresarios estadounidenses”.
Kissinger es el chairman de Zemi, el cerebro, pero no figura en el contrato que firmó con el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov. Ese rol le cupo al presidente de la firma, Alan Stoga. Sin duda, esto responde a una estrategia de la empresa. Kissinger tiene cuestiones pendientes con la Justicia en la Argentina y Chile. Los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano dan cuenta de su apoyo a la represión que condujo Jorge Rafael Videla y un conocimiento cabal del denominado Plan Cóndor, que implementaron las dictaduras del Cono Sur para la persecución y posterior desaparición de sus ciudadanos.
Hay otro motivo por el que el ex funcionario de Nixon no figura en el contrato. Todavía está sin resolverse la controversia que existe entre Eriday, la constructora que hizo la represa binacional de Yacyretá, y el gobierno argentino. La empresa reclama 1500 millones de dólares y uno de los principales operadores de esa firma es justamente Kissinger. El gobierno de la Alianza le dijo que no, tal vez ahora el lobbista profesional pueda convencer a las actuales autoridades de saldar la deuda.
En cuanto a la nueva tarea encomendada, la empresa de Kissinger le cobrará al Estado argentino, en conceptos de honorarios anticipados, 24.000 dólares por mes. El plazo es de un año y corre desde marzo. Pero hay una salvedad, este mes cuesta más, el Gobierno debió oblar 36.000 dólares y anticipar además seis meses juntos. Tal vez los norteamericanos dudan de la permanencia de Duhalde en la presidencia.
A estos ítems hay que agregarles “los gastos menores razonables”, tal como reza el contrato, y otras erogaciones como “publicidad, diseño o impresión en los que Zemi incurra en su representación”. Estos gastos deberán ser abonados dentro de los 10 días posteriores a la recepción de la correspondiente factura y contarán con un recargo del 10 por ciento.
Un dato más. Por lo general, los contratos no deben dar a lugar a segundas interpretaciones. Pero el artículo 9 del acuerdo firmado por Remes con Zemi es llamativo. En él se aclara que “Zemi y el Cliente (Ministerio de Economía) no son, ni se considerará que son, ni declararán respectivamente que son socios entre sí”.
El estudio Baker, Donelson, Beraman & Caldwell tendrá a su cargo la implementación de la estrategia para conseguir el tan ansiado auxilio financiero para la Argentina. Según el contrato rubricado por Remes, la tarea incluirá contactos con el FMI, el gobierno y Congreso de los Estados Unidos y grupos empresarios. Los representantes del estudio jurídico, Lawrence Eagleburger (funcionario del gobierno de George Bush padre), Francine Lamoriello y Joan McEntee recibirán un honorario anticipado básico de 15.000 dólares mensuales. Al igual que Zemi, el primer mes es de 22.500 dólares fruto de “los costos adicionales en que incurriremos como consecuencia de las presentaciones legales y otras cuestiones administrativas”. Como ocurrió con la consultora de Kissinger, el gobierno de Duhalde pagará por adelantado los seis primeros meses. Amén de eso, queda lo que denominan out of pocket, es decir viático, comunicaciones,presentaciones de informes, etcétera. Estos gastos los pagará el Estado nacional directamente al proveedor de los servicios que requiera Baker Donelson.
El contrato es puntilloso. La Argentina pagará las llamadas telefónicas de larga distancia, un dólar por página de fax enviado, 4 dólares por cada minuto de navegación en Internet y 20 centavos por cada fotocopia que realicen. No hay cifras en cuanto a la contratación de peritos y otros especialistas. Si se producen, corren por cuenta de la Argentina.
La representación del gobierno de Duhalde ante instituciones financieras internacionales como el FMI y diferentes organismos del gobierno estadounidense estarán a cargo del estudio Covington & Burling. A quienes se le pagará 25.000 dólares mensuales. Al igual que las otras firmas, el primer mes cobrará 45.000 más el anticipo de seis meses que significan unos 170.000 dólares. Por esta cifra “provisoria” los abogados “estarán disponibles durante un período de doce meses”. A partir de los seis meses, es posible reconsiderar los honorarios. Como dato, Covington & Burling indican en el contrato que la tarifa horaria de los abogados varía entre 600 y 375 dólares la hora. Todo ello sin sumar los viáticos.
Dos detalles finales para tener en cuenta. Cada uno de los gastos “se imputará con cargos a los créditos vigentes en lo correspondiente al servicio de la deuda pública”. Los estudios contratados asesoran también a empresas norteamericanas que litigan contra el Estado argentino.