La Corte Suprema resolvió que la megacausa sobre las jubilaciones truchas otorgadas en la provincia de La Rioja debe quedar en manos de la Justicia federal porteña y no en la riojana, porque se trató de un fraude que perjudicó a las arcas del Estado. Así, la investigación seguirá a cargo del juez Jorge Urso y del fiscal Guillermo Marijuán, que llegaron a analizar más de 700 expedientes de beneficios jubilatorios otorgados en forma irregular, a menudo a cambio de favores políticos.
Aunque la pesquisa se inició en el fuero federal de Capital Federal, la Justicia riojana hizo todos los intentos posibles por apropiársela mientras avanzaban las averiguaciones, las indagatorias y más de un centenar de procesamientos, todas medidas impulsadas por Marijuán, actual titular de la Ufises, una unidad fiscal que investiga irregularidades en la seguridad social. Lo que la Corte determinó ayer es que el expediente puede seguir ese curso y en la Justicia porteña, porque las maniobras detectadas “además de perjudicar las rentas de la Nación afectaron el normal desenvolvimiento de la ANSeS”.
Entre los imputados aparecieron hace más de dos años beneficiarios de jubilaciones del Banco de La Rioja que nunca habían trabajado allí o que recibían el retiro en un momento en que no les correspondía. Entre el enorme listado que estuvo bajo la lupa figuran personajes curiosos como el profesor de tenis de Zulemita, que se jubiló a los 34 años, el masajista de Carlos Menem, la diputada Marta Rivadera, hasta parientes del gobernador Angel Maza. Hubo casos en que se detectaron jubilaciones superiores a los 7000 pesos. Y están procesados ex funcionarios que las otorgaban.
Después se supo también que las irregularidades se extendían a otros regímenes, como el de amas de casa, y que había un sistema perfectamente organizado. Pero la pelea por quién se quedaba con la causa no tardó en convertirse en un obstáculo, que ahora quedó removido.
Por otro lado, la Corte resolvió ayer un conflicto que se desató en Santiago del Estero cuando el ex gobernador Carlos Díaz dispuso la caducidad de todos los mandatos provinciales y municipales. Hubo reclamos de concejales que tenían cargo hasta el 2005 –varios fueron representados por el abogado Enrique Paixao– y que no querían dejar sus bancas. Primero la Corte dictó una medida cautelar que los mantenía en sus cargos. Hubo un caos de funcionarios superpuestos. Ayer el tribunal dio marcha atrás y unos 30 concejales van a tener que acatar la caducidad y seguirán los que fueron electos en octubre del año pasado.