Viernes Santo, gris y lluvioso. Igual el presidente Eduardo Duhalde se levantó temprano y de buen humor. Los motivos pueden ser diversos. No hubo cotización del dólar, por ejemplo. Pero, sobre todo, contribuyó que el ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof, le confirmó que el viernes podrá inaugurar el programa de universalización de los planes de ayuda para 1.200.000 jefes y jefas de familia sin ingresos. Sin duda, para el Presidente fueron razones más que suficientes como para convocar a su profesor de gimnasia y jugar partidos de paddle desde las ocho de la mañana. Eso sí, no trascendió el resultado.
Poco después del mediodía, Duhalde se reunió con Atanasof, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov y la ministra de Desarrollo Social, Nélida “Chichi” Doga. El Presidente los recibió acompañado de la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Hilda “Chiche” González, su esposa.
Atanasof llegó con el proyecto bajo el brazo. Le presentó el decreto que crea el nuevo programa social, y también la campaña publicitaria con que se difundirá. Duhalde siguió con atención los detalles de la promoción por televisión, radio y diarios del programa que desvela a los Duhalde. Igual, la esposa del Presidente se retiró antes de que finalizara la exposición de Atanasof.
Un dato que destacó el titular de la cartera laboral fue que para la campaña de difusión se decidió no contratar una empresa de publicidad privada. Se optó por realizar todo con recursos del Estado. “Para abaratar costos en tiempos de depresión económica”, explicaron fuentes del ministerio.
Duhalde firmará en los próximos días el decreto de necesidad y urgencia que redactaron los asesores de Trabajo y Economía. El ministro de Trabajo le pidió que esto recién se produzca hacia fines de la semana próxima. Es que recién el lunes saldrán hacia las provincias los formularios para los destinatarios del plan social. De ahí que en el ministerio quieran diferir hasta el viernes lanzamiento oficial del ambicioso programa. Para entonces, corriendo contrarreloj, sostienen en Trabajo, ya estará discriminada la cantidad de planes que corresponderá a cada municipio del país.
Este plan dispone que alrededor de dos millones de jefes y jefas de hogar desocupados, con hijos menores de 18 años, cobren un subsidio de 150 pesos mensuales por cuatro horas de labor. El programa comprende además la implementación –a cargo del Ministerio de Trabajo– de cursos de formación profesional y capacitación. Al mismo tiempo, reza el decreto, el ministerio deberá crear un registro de empleadores donde podrán desarrollar sus actividades laborales los beneficiarios del programa. Los contratos con estas empresas serán por seis meses y se harán cargo del pago complementario del beneficio y del proporcional de las contribuciones patronales.
Hay un detalle que el Presidente y el ministro coincidieron en que la campaña publicitaria deberá destacar, y es que los beneficiarios cobrarán los 150 pesos a través de la ventanilla de un banco y no del municipio.
El dinero para financiar este programa social surgirá, según lo anunciado por el presidente, de lo recaudado por la aplicación de retenciones a las exportaciones, que el gobierno incrementaría del 10 al 20 por ciento. Este fue tema de discusión con Economía, que resistió con firmeza. La reunión de ayer fue el corolario de las diferencias entre Trabajo y el ministerio que conduce Remes. Para muchos en el gobierno, este fue un triunfo del ala política del Gabinete.
Para Duhalde, la aplicación de este programa significa “la mayor transferencia de riqueza de la historia argentina”. El Presidente se entusiasma con su plan y hasta se arriesga a afirmar que “es unatransferencia directa de los sectores de mayores ingresos a los de menor ingreso que van a ver duplicada su capacidad de consumo”.
Esta no fue la única reunión que Duhalde mantuvo ayer. También se reunió con su secretario privado, José Pampuro, y el titular de la Cámara baja, Eduardo Camaño. Entre los tres ultimaron los detalles de la estrategia parlamentaria para la semana. Duhalde quiere, cuando llegue al país la misión del FMI, se encuentre con el Congreso debatiendo las leyes que exige para destrabar la remesa de dólares. Camaño piensa complacerlo y buscará que al menos comience el tratamiento de normas como la ley de quiebras, subversión económica, eliminación de jubilaciones de privilegio, y reforma política.