No es una oleada incontenible, como aquella que precedió a la caída de Fernando de la Rúa. Pero lentamente, a medida que pasan los días, las imágenes se están volviendo cotidianas. Camiones vaciados en plena ruta, depósitos y almacenes robados durante la noche, comercios con persianas bajas y empleados dispuestos a todo. Por tercer día consecutivo, la sucesión de saqueos continuó ayer en distintos puntos del país. En Santiago del Estero, cincuenta personas saquearon un supermercado a 150 kilómetros de la capital provincial. En Tucumán, cien vecinos robaron un almacén de azúcar. Y en Lomas de Zamora, cuarenta personas vaciaron un depósito de colchones (ver página 13).
Mientras se producían estos hechos, el Gobierno analizaba cómo acelerar la implementación de los planes sociales, un tema que se discutió ayer en la reunión de gabinete, en Olivos (ver página 7). En el Ejecutivo piensan que la única forma de detener la ola de saqueos es que la población más pobre reciba en forma inmediata la ayuda del Estado. Ese sector social es el que más está sufriendo el alza de los precios de los productos de primera necesidad. “Necesitamos instrumentar un plan con mucha rapidez y después largar los otros programas complementarios. Eso es en lo que está trabajando el Gobierno en este momento, que está preocupado por la situación que está atravesando la gente, no específicamente por los saqueos”, señaló ayer a Página/12 José Pampuro, secretario privado de la Presidencia.
Aunque el Ejecutivo estudiaba los planes sociales, también estaba muy atento a los informes que llegaban del interior, donde se registraron dos nuevos casos de la seguidilla de saqueos que comenzó el miércoles. El hecho más grave se produjo en San Miguel de Tucumán, el jueves a las doce de la noche, cuando cien vecinos de los barrios pobres sacaron mercadería de un depósito de azúcar y luego se enfrentaron con la policía, que había dispuesto un operativo de “cerrojo” y reprimía gases y con balas de goma. Luego del enfrentamiento, seis personas fueron detenidas con armas cortas en su poder. Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Interior, los autores del hecho “rompieron una puerta de vidrio” y se llevaron “dos bolsas de azúcar y dos computadoras”.
El otro episodio tuvo lugar en Santiago del Estero, donde unas cuarenta personas se concentraron delante de un supermercado de la ciudad de Frías, departamento de Choya, a 150 kilómetros de la capital, y comenzaron a tirar piedras hasta que rompieron todo la vidriera del comercio. Con el escaparate destrozado, el grupo de vecinos aprovechó para ingresar entre los restos de vidrios y se dirigió hacia las góndolas, de las que empezaron a sacar mercaderías. Las corridas empezaron cuando llegó la policía; también se escucharon balas de goma. El saqueo fue el jueves a última hora. Ayer a la mañana la policía recorrió la zona con la intención de recobrar lo robado. Y en Córdoba, la policía realizó operativos similares ante una serie de rumores que alarmó al gobierno provincial.
Los hechos de ayer se sumaron a los episodios que comenzaron el miércoles en Ciudadela y que, por ahora, parecen no tener fin. Las reses faenadas en plena ruta, en la periferia de Rosario; el robo de un camión repartidor de leche en Resistencia; los saqueos frustrados en Neuquén y el intento de robo de un camión que llevaba harina, en Tucumán, por nombrar sólo algunos casos, pusieron al Gobierno en un clima de alerta permanente. De todas formas, en el Ejecutivo insisten en que se trata de “robos” y no de “saqueos” como los que sucedieron en diciembre pasado.
Con la renuencia a hablar de “saqueos”, el Ejecutivo reveló el temor que lo obsesiona: que el estallido social precipite su final, como le sucedió a la Alianza. Además, en el Gobierno piensan que los hechos se deben a necesidades reales, pero también analizan por qué se sucedieron en determinados lugares del conurbano y no en otros que también son pobrísimos. “Todo empezó en Ciudadela”, dijo un funcionario oficial,sugiriendo que la marginalidad de algunos barrios de la zona alcanza para explicar los hechos. Pero en la Rosada también analizan a los intendentes del PJ y la “eficacia” de sus formas de contención social. “Hay intendentes que tienen mejor desarrollada su red de protección y la gente está más controlada, y hay otros municipios donde no está tan desarrollada y la gente se descontrola más fácilmente”, aseguró Pampuro a Página/12.