La tercera no fue la vencida. El ex presidente Carlos Menem debía presentarse hoy ante la Justicia para prestar declaración indagatoria, es decir, para ser interrogado como acusado en una causa por presuntos sobreprecios en la construcción de cárceles. Pero logró un nuevo aplazamiento de la audiencia, el tercero desde que fue convocado por primera vez el 27 de febrero. El juez federal Jorge Urso aceptó el pedido del abogado defensor Luis Paglieti, quien volvió a alegar que necesita más tiempo para conocer el expediente. Ahora la declaración fue fijada para el 20, y mientras tanto Menem sigue autoexiliado en Chile, quejándose de la falta de independencia de la Justicia que él mismo supo consolidar.
Las leyes no establecen un límite para la postergación de esta medida procesal, y la decisión de aceptar los pedidos en tal sentido responden a un criterio discrecional, al igual que la llamada a la misma indagatoria. De todos modos, desde el punto de vista procesal la primera convocatoria es la que tiene mayor importancia, porque interrumpe los plazos de prescripción de la causa, más allá de que la medida se concrete o no. Es decir, aunque Menem siga dilatando la presentación ante Urso, sólo gana algo de tiempo, pero le sirve para hacer prescribir este caso.
El 2 de abril el abogado Paglieti había pedido una suspensión de la audiencia prevista para hoy, pero en ese momento tuvo una contestación desfavorable y la citación quedó firme. Mientras tanto, la semana pasada Menem desde Chile siguió declarando que no concurrirá a la citaciones judiciales hasta que, según su criterio, no haya una Justicia independiente en el país. Lo que no queda claro es por qué no confía en los jueces que él mismo nombró. Este fin de semana Menem dijo a La Nación que Urso estaba presionado por el Gobierno y que mientras fue presidente “comió” con el juez.
Urso rechazó el pedido de la defensa de Menem al considerar que el letrado ya ha tenido tiempo más que suficiente de enterarse del contenido del expediente, pero ayer decidió lo contrario en nombre del “derecho a la legítima defensa”. La primera citación había sido el 27 de febrero, pero Menem no vino de Chile y por ello el juez volvió a citarlo para el 25 de marzo. En aquella circunstancia el riojano tampoco compareció y sus defensores alegaron que había errores en la cédula judicial, por lo que el magistrado volvió a convocarlo bajo apercibimiento de ordenar su captura internacional si no concurre. Y luego se produjo el cambio de abogado, que permitió seguir dilatando la cuestión.
Aunque Urso aceptó el pedido de Paglieti, lo pone en una situación difícil a Menem, porque lo estaría forzando a que en determinado momento lo termine llamando por la fuerza pública. El magistrado ordenaría un pedido de captura internacional, Interpol debería detenerlo en Chile y llegaría acompañado por la policía a los tribunales federales de Retiro. Pero, por otra parte, tampoco el magistrado queda bien posicionado si se tensa tanto la cuerda. Si Urso lo detiene debe estar seguro de que cuenta con los elementos de prueba suficientes como para dejarlo encarcelado luego de tomarle declaración indagatoria. E incluso, en ese caso, se arriesga a que la Cámara Federal revise esa decisión y libere al ex presidente si esas pruebas no son lo suficientemente contundentes.
Esta pulseada no es nueva entre Menem y Urso. El 7 de junio de 2001 el magistrado lo procesó con prisión preventiva por asociación ilícita en el caso de la venta de armas a Croacia y Ecuador. Y le concedió el arresto domiciliario que cumplió en la quinta de Armando Gostanian. Menem estuvo allí cinco meses hasta que un fallo de la Corte Suprema posibilitó su libertad.
Ahora su situación judicial sigue siendo complicada, porque el expediente de las armas está siendo estudiado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, para decidir si acepta la apelación a su sobreseimiento que presentó la Aduana. Esta causa permanece entre las mayores preocupaciones de Menem por la coherencia que han demostrado los camaristas en marcar su responsabilidad penal en la maniobra de contrabando, cada vez que les tocó intervenir en la causa.
La causa por las cárceles se originó en una denuncia que en 2000 radicó la entonces secretaria de Asuntos Penitenciarios, Patricia Bullrich, por presuntas anomalías en la administración de fondos carcelarios registradas durante las gestiones de Elías Jassan y Raúl Granillo Ocampo como titulares del Ministerio de Justicia, en el gobierno del riojano.
Las obras para la construcción de establecimientos penitenciarios habían sido adjudicadas a las empresas Techint –ítaloargentina– y DyCasa –española– que podrían haber participado de maniobras de corrupción denunciadas por Bullrich.