A dos semanas de la intervención en Santiago del Estero, el ex gobernador juarista Carlos Díaz fue detenido en el marco de la investigación por el ataque y saqueo a la casa del diputado nacional menemista José Figueroa en julio de 2002. Otra mala nueva para el juarismo fue que el fiscal federal Alberto Pravia hizo lugar al pedido de detención de 45 ex funcionarios y jueces santiagueños presentado por el titular de la Anses, Sergio Ma-ssa, en la causa abierta por el cobro irregular de jubilaciones por 25 millones de pesos, en la que está involucrada la ex mandataria Nina Aragonés de Juárez. Frente a este panorama, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, dijo que “la situación en Santiago es peor de lo que imaginamos”.
Díaz quedó detenido por orden del juez federal Angel Toledo, que lleva adelante la causa por “saqueo en banda y robo en poblado”, abierta en julio de 2002 cuando manifestantes destrozaron el domicilio de Figueroa. La defensa del ex mandatario dijo que en ese momento Díaz “estaba en Buenos Aires”, y descargó responsabilidades en el entonces vicegobernador, Ricardo Leguizamón.
Carlos Díaz llegó a la gobernación en 2001 en reemplazo de Carlos Juárez, cuando el caudillo dejó el cargo para asumir una banca en el Senado. Su mandato fue ratificado en las elecciones provinciales de septiembre de 2002, pero dos meses después el juarismo le soltó la mano y tuvo que renunciar por sus vínculos con el propietario de un prostíbulo acusado del crimen de una adolescente. Su sucesora fue Nina, que también está imputada en esta causa.
Ayer también hubo novedades en otra de las grandes causas santiagueñas: la que investiga una estafa al Estado por 25 millones de pesos en el cobro irregular de jubilaciones. El fiscal federal Alberto Pravia hizo lugar así al pedido hecho la semana pasada por el titular de la Anses, Sergio Massa, y aconsejó la detención e inhibición de bienes para 45 ex funcionarios juaristas. La ex gobernadora Nina Juárez está acusada de percibir simultáneamente su sueldo y una jubilación, en una maniobra que le costó a las arcas públicas más de 500 mil pesos. Ahora el juez federal Toledo deberá definir en las próximas horas si hace lugar el dictamen de Pravia.
En tanto que Duhalde aseguró ayer antes de regresar de Santiago que el escenario post juarismo es “peor que lo que imaginamos, y el objetivo es desmantelar este sistema autoritario”.