El fiscal federal Eamon Mullen escuchó la decisión del Tribunal Oral, se levantó y se retiró de la sala de audiencias, en el juicio por el atentado contra la AMIA. Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo terminaban de apartarlo del proceso, y a su adjunto José Barbaccia, por “falta de imparcialidad”. Para los magistrados, ambos supieron y ocultaron que Carlos Telleldín, acusado como “partícipe necesario”, cobró en forma ilegal 400 mil dólares en 1996 para declarar contra policías bonaerenses. Los Familiares, AMIA y DAIA analizan la posible recusación del Tribunal y apartarse del caso. Quedó afectada la candidatura a juez del fiscal Barbaccia, quien se mostró “sorprendido” por la medida.
La unánime decisión del Tribunal Oral Federal 3 (TOF) también sorprendió a los querellantes, que suponían que sería rechazada la pretensión de las abogadas de Telleldín, Laura Novello y Andrea Fecchino. Principalmente argumentaron que ambos negaron haber sabido del pago a Telleldín al declarar bajo juramento en otra causa que investiga irregularidades en el expediente principal. Esta resolución no deja vacía la acusación del Ministerio Público Fiscal porque seguirán participando del juicio los fiscales Miguel Angel Romero y Alberto Nisman. Pero ni Barbaccia ni Mullen podrán replicar los alegatos defensores, última instancia previa al veredicto. De todos modos, Mullen seguirá a cargo como fiscal de lo que resta de la investigación del atentado.
“Dicen que habríamos perdido la imparcialidad porque se supone que estábamos al tanto del pago, lo cual es opinable. Hay circunstancias que indican que no, y todos los agentes de la SIDE que declararon lo negaron”, expresó Barbaccia ante Página/12, al término de la conferencia de prensa que dieron a última hora en los Tribunales de Retiro. Aseguró sentirse sorprendido por la “extemporaneidad” de la decisión, porque recordó que el plazo que tenía Telleldín para pedir su apartamiento es de 48 horas. Barbaccia, que estuvo ausente en la audiencia de ayer, no pudo evaluar cómo incide la decisión del TOF 3 en su carrera para ser juez y se limitó a reconocer que “hay que esperar para ver cómo incide en quienes aún tienen que opinar” sobre su candidatura a ocupar uno de los cuatro juzgados vacantes en la Justicia Federal.
Los jueces del TOF 3 utilizaron parte del alegato final de un compañero de los fiscales desplazados, Alberto Nisman, quien calificó el pago como un “hecho ilegal y oculto”. En una resolución que demandó 30 minutos de lectura, advirtieron que Barbaccia “selló, firmó y rubricó” la declaración del 5 de julio de 1996 por la que Telleldín recibió el dinero. A cambio, el reducidor de autos aseguró que ocho días antes del ataque terrorista entregó la camioneta Trafic que se usó como coche bomba a policías bonaerenses que lo extorsionaban, entre ellos los cuatro acusados Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Mario Bareiro y Anastasio Leal. La existencia del pago, del que no hay constancias en el expediente, fue confirmada meses atrás en el juicio por agentes de la SIDE relevados de la obligación de guardar secreto de Estado por el presidente Néstor Kirchner. “Esa declaración fue fruto de un proceder ilegal y no hay constancias de que el fiscal se haya ido de esa audiencia”, consideró el Tribunal sobre Barbaccia. Y respecto de Mullen dijeron que “como titular de la fiscalía, no pudo ignorar los actos que ocurrieron y no se puede pensar que Barbaccia haya omitido comentarle lo ocurrido”. Agregaron que “no pudo pasar desapercibido tan original procedimiento”, en alusión al llamado que recibió Telleldín desde un teléfono celular que le acercó un espía de la SIDE, el 5 de julio de 1996. Era su mujer Ana Boragni, quien le confirmó tener 200 mil de los 400 mil dólares prometidos a cambio de declarar.
Sergio Burstein, de Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado, participó de la conferencia de prensa y confirmó a Página/12 que piensan recusar a los jueces del TOF 3 y apartarse de la causa. “El Tribunal no tiene honestidad ni ética ni moral, nos sentimos muy avergonzados por esta actitud sin pruebas directas, suponen que los fiscales debían saber y eso es totalmente parcial”, se quejó Burstein. En sentido opuesto, Laura Ginsberg, de Apemia, aseguró que “la salida de los fiscales es una muestra del fracaso del juicio, es un verdadero escándalo y ojalá, que al menos, alguien vaya preso. Es una forma del Estado de intentar preservarse, y al mismo tiempo los archivos siguen cerrados”. Por su parte, Diana Malamud, de Memoria Activa, opinó que “el Tribunal hizo lo correcto porque los fiscales convalidaron todos los desastres que hizo Galeano, e instamos a los dirigentes de la AMIA y de la DAIA a que se retracten de que Mullen sea el fiscal del resto de la causa AMIA, por la dignidad de la comunidad”.