El juez Juan José Galeano no está preso, sigue siendo juez, pero en el proceso oral del caso AMIA quedó al borde del knock-out: se probó con toda nitidez que le pagó en forma ilegal 400.000 dólares al imputado Carlos Telleldín sin registrar el pago en la causa judicial, o sea ocultando la verdad. Seguramente después del fallo del Tribunal Oral, Galeano será destituido como juez y afrontará una acusación por diversos delitos.
Los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia están en una situación parecida. Su compañero, Alberto Nisman, en su alegato final, consideró también ilegal el pago a Telleldín. Y el tribunal ayer dijo algo sencillo: hay fuertes sospechas de que Mullen y Barbaccia sabían del pago, entre otras cosas porque este último habría estado en el juzgado en el momento en el que la esposa de Telleldín llamó para decir que había recibido el dinero y que El Enano, como le dicen a Telleldín, ya podía hablar. De inmediato, Telleldín habló como parte del pacto.
Desde el principio del caso AMIA flotó en el ambiente la sensación de que existía un bloque oficialista en la investigación. Ese bloque estaba integrado por el gobierno de Carlos Menem, la SIDE, el juez Galeano, los fiscales Mullen y Barbaccia y los viejos dirigentes de la DAIA y la AMIA, que mantenían fluidas y dudosas relaciones con la Casa Rosada. No se vio a los fiscales cuestionando las decisiones del juez, no denunciaron en serio el pago a Telleldín aun cuando era evidente y tampoco se percibió a los dirigentes de la comunidad judía reclamando por la notoria falta de voluntad política del Gobierno en la investigación. Cuando los familiares explotaron en 1997, en aquel acto en el que fueron silbados los ministros de Menem, los presidentes de la DAIA y la AMIA concurrieron a la Casa Rosada a dar explicaciones, cuando se esperaba de ellos un respaldo a la reacción de la gente y de los familiares.
La falta de voluntad de esclarecer el caso quedó probada en el juicio oral: los ministros y secretarios de entonces declararon que nunca se habló del atentado en las reuniones de gabinete, que Menem jamás preguntaba cómo iba la investigación y, en suma, que no hubo la menor presión sobre policías y funcionarios para avanzar en el esclarecimiento. En ese ambiente, todos viajaban y embolsaban viáticos, los hombres de la SIDE gastaron 14 millones de dólares en la pesquisa y buena parte de ese dinero fue al bolsillo de agentes y jefes, mientras que los policías defendían sus negocios en materia de autos truchos, complicidad con los delincuentes y arreglos sucios, igualito que lo que se vio ahora en el caso Blumberg: la banda del Oso actuaba porque tenía una especie de cobertura para robar autos.
El bloque oficialista del caso AMIA está cuestionado porque, a primera vista, todos actuaron juntos, de forma irregular, al calor del poder.