La espalda recta, una sonrisa forzada a medio camino, una mano apoyada en el mentón, como si posara para la foto, aunque no había cámaras. Así estuvo María Julia Alsogaray durante las casi cuatro horas que duró la lectura de la acusación que la llevó a juicio oral por enriquecimiento ilícito. Aunque ya no tiene la melena frondosa ni el cutis de hace unos años, ayer no parecía recién trasladada de una celda, donde lleva ocho meses de encierro por otra de las tantas causas en su contra. La audiencia se reanudará mañana, con planteos de la defensa de la ex funcionaria que apuntarán a frenar el proceso.
Había un silencio sepulcral en la pequeña sala de los tribunales federales cuando cerca de las 12 dejaron entrar al público, periodistas la mayoría. María Julia esperaba a la derecha del estrado en el banquillo, cruzada de piernas, con un tailleur beige de falda corta y una capa generosa de maquillaje. La rodeaban, de un lado su defensora oficial, Pamela Bisserier, de cara redonda y pelo largo con flequillo, y del otro un asistente de la defensoría. Nadie fue a darle apoyo, salvo su sobrino Francisco Alsogaray que la ayuda con la causa. Justo frente a ella estaban el fiscal que hará la acusación, Oscar Amirante, y una asistente.
“Señora, usted deberá estar atenta durante el juicio”, dijo el presidente del Tribunal Oral 4, Horacio Vaccare, mirando por encima de sus anteojos a la ex secretaria de Recursos Naturales. “Le requiero su especial atención a la lectura del requerimiento fiscal”, le indicó. Los otros dos jueces, María Cristina Sanmartino y Leopoldo Bruglia, asintieron sin decir una palabra.
En medio de un calor agobiante, que dos ventiladores de techo no lograban ni atenuar, la primera audiencia del juicio estuvo dedicada íntegra a la lectura de la acusación contra Alsogaray formulada por los fiscales que investigaron su patrimonio, Eamon Mullen y José Barbaccia (los mismos que ayer otro tribunal expulsó de la causa AMIA). La tarea de leer en voz alta le tocó al secretario Guillermo Desimone, que la sostuvo prolijamente hasta que pasada la primera hora, con un rayo de sol instalado en la nuca y un torrente de cifras enormes frente a sí, comenzó a titubear y confundir los cientos con los miles y con los millones.
María Julia, decía el texto de la elevación a juicio que se pudo escuchar, tenía 10 mil pesos declarados en 1990 y nueve años después contaba con 2,5 millones más. Su nivel de vida, advertía la imputación, no se correspondía con sus sueldos de funcionaria pública entre 1985 y 1999. Quienes escucharon con atención tuvieron la oportunidad de refrescar datos llamativos, como los gastos con tarjeta de crédito de la ingeniera, que pasaron de 4815 pesos en 1990 a 228.539 en 1998. También sus depósitos bancarios, superiores a sus ingresos declarados. Y un paneo de los objetos que conquistó: su petit hotel de cerca de un millón de dólares, cinco inmuebles más, una bóveda en el cementerio de la Recoleta, cuatro autos y un departamento frente al Central Park de Nueva York, entre otras cosas.
La secretaria de Amirante acompañaba la enumeración con movimientos de cabeza y acrobacias de su lapicera. María Julia, con manos más joviales que sus 61 años y las uñas arregladas, seguía la lectura en papel, siempre erguida. Cada tanto levantaba la cabeza y miraba hacia la ventana o escrutaba a los periodistas. Su pelo tirante terminaba en un pequeño rodete, tenía aros dorados y brillo en los labios. Cuando un reloj redondo ubicado detrás del tribunal marcó las 13.47 entró a la platea el juez penal económico Julio Cruciani, con su moñito habitual. Detrás llegó Perla Martínez de Buck, defensora de Alsogaray durante la instrucción del expediente. Pasaron otros curiosos más tarde, como José Manuel Ubeira, abogado del ex comisario Juan José Ribelli en la causa AMIA.
En este juicio María Julia tendrá que justificar cómo aumentó su patrimonio, algo que no logró en la etapa previa, cuando se lo requirió el juez Juan José Galeano, que la procesó. Peor, las explicaciones que dio sobre cómo hizo dinero la complicaron: un convenio con Astilleros Alianza por 500 mil pesos que resultó trucho, donaciones de su padre por 1.400.000 pesos, gastos reservados por 600 mil que no le correspondían, honorarios de una empresa con la que no registra vinculación, son algunos ejemplos.
Casi nadie vio a la ex interventora de ENTel y Somisa en el momento que bajó del Fiat que la llevó a los tribunales de Retiro desde la Unidad Antiterrorista, donde está presa por otra causa. La versión reinante decía que no llegó esposada, pero un agente de la custodia dijo a este diario que sí lo estaba. Cuando el secretario Desimone terminó la tediosa exposición, la defensora de María Julia dijo que antes de la indagatoria planteará algunos reclamos (ver aparte). A esa altura la sala era una caldera y el tribunal levantó la sesión hasta mañana. Lo de ayer fue sólo la preparación del terreno de un proceso que le puede costar a una de las favoritas de Carlos Menem una condena de 2 a 6 años de prisión, el decomiso de sus bienes y una multa para indemnizar al Estado.