La evaluación oficial terminó de manera abrupta. Desde Río Gallegos, el presidente Néstor Kirchner ordenó ayer a la tarde la remoción del comisario Jorge “El Fino” Palacios. El lunes Página/12 había publicado la transcripción de un diálogo entre Palacios y Jorge Sagorsky, el reducidor de autos acusado por el fiscal Jorge Sica de ser miembro de la banda que mató a Axel Blumberg.
Kirchner vuelve hoy a Buenos Aires después de su gastroduodenitis. Según pudo saber este diario, ayer transmitió la orden cumpliendo con toda la cadena de mandos, de arriba hacia abajo. Una vez decidida la remoción de Palacios, llamó al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que a su vez llamó al ministro Gustavo Beliz, quien a su turno le dio la orden al jefe de la Policía Federal, comisario general Eduardo Prados.
Cuando Kirchner relevó de la jefatura a Roberto Giacomino y lo reemplazó por Prados, el secretario de Seguridad, Norberto Quantín, consiguió ascender a Palacios, que así pasó del área antiterrorista a la Superintendencia de Investigaciones de la policía, virtualmente el segundo puesto en importancia dentro de la fuerza.
Estos días la protección de Quantín no bastó a Palacios. El jefe de Asuntos Internos de la Policía Federal, Miguel Angel Colella, siguió examinando el sumario abierto por los contactos entre el comisario y Sagorsky. No es la única documentación que obsesiona a Colella. También analiza las relaciones entre Sagorsky y Daniel Graviña, el subcomisario de la seccional 23 también preso por orden de Sica.
Graviña sostiene que su único contacto con Sagorsky se debe a que el reducidor de autos era un “buche” o informante de la policía.
Sica investigó al subcomisario y sospecha de un dato: Graviña tardó demasiado tiempo entre que tuvo el primer indicio sobre un secuestro (que resultó ser el de Axel Blumberg) y que lo avisó a la Policía.
Palacios también argumentaba dentro de la Policía Federal que su única relación con Sagorsky era el tipo de contacto que un oficial mantiene con un informante.
Expertos en seguridad explicaron que los informantes existen, y no suelen dedicarse a oficios angelicales, pero que a veces los policías amplían el nivel de protección o se asocian directamente con ellos.
En el caso de Graviña, la Justicia sospecha que sucedió la última de las variantes. En el caso de Palacios, al menos por el momento el análisis oficial no tiene costados judiciales. Se trataría simplemente de la pérdida de confianza del Presidente en el máximo encargado de investigar dentro de la Policía Federal.
Tal como informó Página/12 el último lunes en exclusiva, el destino de Palacios estaba siendo analizado por los niveles más altos del Gobierno.
La primicia se publicó acompañada de la versión completa de una intercepción telefónica realizada a pedido de la Justicia sobre Sagorsky. Uno de sus interlocutores era Palacios. Otro, Carlos Gallone, un comisario retirado con expediente en la Comisión sobre Desaparición de Personas y rescatado de la Justicia por la ley de Punto Final.
En la dictadura Gallone operó con el grupo de tareas de la Superintendencia de Seguridad Federal. Allí estuvo secuestrado, por ejemplo, el dirigente gremial de los judiciales, Julio Piumato.
Gallone, amigo de Sagorsky, mientras estuvo en actividad fue jefe de Palacios.
La grabación de la charla telefónica entre los tres había sido difundida por el periodista Martín Pitón en Radio el Mundo, pero fue publicada completa por primera vez el último lunes en relación con la investigación interna de la Policía Federal sobre los contactos de sus hombres con Sagorsky.
El tramo del diálogo entre Sagorsky y Palacios incluía una invitación de Sagorsky: “En cualquier momento a ver si nos vemos y charlamos unpoquito”. Palacios aceptaba el convite y Sagorsky repetía: “Un cafecito vamos a tomar”. Y saludaba así Palacios: “Todo bien. Un abrazo”.
La participación de oficiales de policía en el robo de autos fue la que impidió una investigación profunda del atentado contra la AMIA y la que garantizó que los secuestradores de Axel Blumberg disfrutaran de una zona liberada –liberada de toda seguridad por parte del Estado– para privar de su libertad a una persona y matarla.