Por F. Y.

Luego de once meses al frente de la Jefatura de Gabinete, Alberto Fernández presentó ayer su primer informe ante la Cámara de Diputados. Fue una larga exposición con preguntas de buena parte de los bloques de la oposición que luego obtuvieron respuestas generales. Sin duda, el tema excluyente fue la seguridad y la anunciada colaboración de las Fuerzas Armadas por parte del ministro de Defensa, José Pampuro. Fernández, al respecto, se preocupó en asegurar que el Gobierno “no va a propiciar de ningún modo la participación de militares en el manejo de la seguridad interior” y que sólo se limitará a un “auxilio técnico y material”.
“Jurídicamente no podemos invadir la jurisdicción de las provincias si no lo solicitan. El caso más concreto fue el año pasado cuando la provincia de Buenos Aires nos pidió formalmente ayuda y les enviamos dos mil gendarmes y prefectos para combatir los desarmaderos”, advirtió el funcionario durante su exposición final destinada a responder las inquietudes de los legisladores. Fernández remarcó que aquel respaldo le implicó al Estado nacional 20 millones de pesos y calificó que por los resultados obtenidos fue “una buena inversión”.
El jefe de ministros, que en todo momento se mostró distendido, recordó que fue el nuevo ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, el que solicitó al gobierno central el “auxilio técnico y material” por parte de las Fuerzas Armadas. “Esto no significa que se esté propiciando una participación de las Fuerzas Armadas en el combate del delito. De ninguna manera, les aseguro que no va haber ningún oficial del Ejército en estas tareas porque están para la defensa nacional en caso de agresión extranjera”, indicó.
Fernández no dejó pasar la crítica realizada desde la oposición sobre la inacción del gobierno de Néstor Kirchner frente a la ola de inseguridad que se vive. “No estamos inactivos”, dijo para recordar que el Consejo de Seguridad Interior se reunió seis veces. Destacó además que el Plan Integral de Seguridad que propicia el gobierno nacional –y que se dará a conocer próximamente– busca una respuesta “completa” a las reclamos de la sociedad y no “parches que después generen nuevas frustraciones”.
“Tenemos que lograr modificaciones profundas en las leyes de ejecución penal, en las instituciones encargadas de la seguridad, en la Justicia y en el sistema penitenciario”, agregó. Rechazó, con tono firme pero sin sobresaltarse, el reclamo de la falta de cárceles: “En el Presupuesto 2004 existe una partida de 500 millones de pesos que ya se están volcando en la construcción de cinco unidades este año y cuatro más para el 2005”, dijo.
Durante la extensa reunión, de algo más cinco horas, el justicialismo mostró un sugestivo silencio. Si bien contaban con 60 minutos para exponer, el bloque mayoritario sólo designó a los kirchneristas Osvaldo Nemirovsci (Río Negro) y al mendocino Alfredo Fernández más el jefe de la bancada, José María Díaz Bancalari.
“Se sabe que tenemos diferencias internas, pero este bloque va a darle al Gobierno la fuerza que necesita en el Parlamento”, dijo Bancalari, reconociendo la resistencia que genera el jefe de Gabinete en el bloque. Fernández no descuidó este costado y en varias oportunidades se autodefinió como “peronista”. Cada vez que lo hizo mantuvo firme la mirada en el sector ocupado por el PJ.
La tranquila sesión sólo tuvo un momento de tensión y fue cuando el diputado kirchnerista Miguel Bonasso denunció que “fuerzas antidemocráticas conspiran contra el Gobierno”. Bonasso acusó a grupos “fascistoides” de “promover el golpe” e incluyó en la denuncia al conductor televisivo Mariano Grondona. La denuncia no pasó a mayores pero sirvió para romper la monotonía y de paso advertir sobre las resistencia que genera el gobierno de Néstor Kirchner.
El otro tema que preocupó a los legisladores fue la crisis energética. Ante las críticas, que provinieron en general de la UCR, el jefe de Gabinete afirmó que los problemas en el suministro se deben a que desde “1998 se dejó de invertir” y al aumento del consumo por la reactivación económica. Además tomó distancia del conflicto con Chile, al advertir que los compromisos de exportación de gas “no los firmó el gobierno nacional sino empresas privadas, en violación a la ley que sólo lo permite cuando está asegurado el suministro interno”.