Nina Aragonés de Juárez ya no deberá cargar con su condición de única detenida por la causa Anses, que investiga una estafa al Estado por 25 millones de pesos en el cobro irregular de jubilaciones durante el reinado juarista en Santiago del Estero. Es que el juez Angel Toledo ordenó ayer el arresto de otros cuarenta y cuatro ex funcionarios, jueces y ex diputados involucrados en esta investigación. Las detenciones, sin embargo, no se hicieron efectivas aún porque se encuentran pendientes de resolución los pedidos de eximición de prisión presentados por la defensa de los imputados. La orden librada por Toledo hizo lugar así al pedido realizado por el fiscal Alberto Pravia e incluye además la inhibición general sobre los bienes de todos los acusados.
La orden del juez federal Toledo dispuso la detención e inhibición de bienes de una nómina de cuarenta y cuatro funcionarios, entre los que se encuentran el ex jefe de Inteligencia, comisario Musa Azar, ex diputados nacionales, ex legisladores provinciales, ex funcionarios del gobierno juarista y dos hermanos de Nina Juárez. Toledo había recibido el martes el dictamen elaborado por el fiscal federal Pravia, que aconsejaba esta medida. El magistrado tenía 72 horas para definirse al respecto, pero la aceptación del pedido se conoció en la fiscalía ayer por la mañana.
El dictamen de Pravia surgió a la vez de un pedido hecho hace diez días por el titular de la Anses, Sergio Massa, quien pidió la inhibición general de todos los bienes de la ex gobernadora, que está acusada del cobro incompatible de 505 mil pesos en concepto de una jubilación que percibía simultáneamente con el salario que recibía al frente del Ejecutivo provincial. El 3 de abril Nina se negó a declarar ante el juez por esta causa, y ese mismo día Massa exigió además, a través del abogado Miguel Priolo, el procesamiento de la ex gobernadora por fraude al Estado y que se dictara la orden de detención para los otros cuarenta y cuatro imputados. A través de esta causa, la Anses intenta recuperar los 15 millones de pesos que se fugaron a través del cobro irregular de jubilaciones, monto que asciende a 25 millones si se le suman los intereses.
Apenas se conoció ayer la orden librada por Toledo durante la mañana, los abogados de los imputados solicitaron la eximición de prisión. El fiscal Pravia rechazó el pedido de excarcelación de Nina Juárez, a través de un dictamen que establece que antes debe resolverse la situación procesal de la esposa del caudillo santiagueño Carlos Juárez, que cumple arresto domiciliario. Del mismo modo, fuentes de la fiscalía explicaron a Página/12 que, al igual que en el caso de Nina, “todos los imputados deben ser detenidos hasta que se resuelva su situación mediante la indagatoria”. Desde el juzgado federal de Santiago a cargo de Toledo aseguraron que los imputados sobre los que recayó la orden librada ayer serán citados a prestar declaración a partir del 23 de abril.
La causa denominada “estafas a la Anses” es uno de los grandes dolores de cabeza de Nina y la puso contra las cuerdas mucho antes de que el gobierno nacional dispusiera la intervención provincial. Esta investigación nació con una denuncia por el cobro indebido de una jubilación incompatible presentada el 7 de octubre de 2002 y derivó luego en un dictamen de la Anses, que intimó a devolver más de 505 mil pesos. En la investigación se encuentran imputados también los jueces santiagueños Mario Abalos, Miriam Argibay, Elvecia Núñez, José Uñates y Dora González y los ex funcionarios Sergio Coronel, José Gigli, Bernardo Cianferoni, Miguel Juárez y Miguel Abdala. El ex jefe de Inteligencia Musa Azar, detenido y procesado por el doble crimen de La Dársena que puso en jaque al gobierno juarista, fue intimado a devolver un monto superior a los 600 mil pesos, al igual que los ex diputados provinciales Lino Santos, Ricardo Aye, Nélida Palomo de Roldán, Eva Peralta y Pastora González.
A la lista de acusados por presunta defraudación al Estado nacional se suman el ex ministro de Economía Walter Noé Tagliavini, el ex secretario de Seguridad Antonio Orpi y el ex jefe de policía Luis More, entre otros.
Luego de conocer la medida ordenada por Toledo, el director ejecutivo de la Anses rechazó las críticas del abogado defensor de Nina Juárez, Antonio Azar. “No se trata de ninguna persecución política como se dice, sino que en esta causa hay cuarenta y cinco ex funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que claramente violaron la ley otorgante del beneficio jubilatorio, que cobraron su jubilación paralelamente de estar cobrando su salario en actividad”, aseguró Massa. “Desde la provincia –dijo– siempre se negaron a mostrar las declaraciones juradas de los trabajadores activos para evitar que esa situación aparezca en los cruces de datos.”
Informe: Alfredo Ves Losada.