María Julia Alsogaray tuvo la primera oportunidad de justificar ante el Tribunal Oral 4 cómo se enriqueció, pero prefirió callar. Igual tuvo que pasar por ese momento cruento de sentarse en el famoso banquillo de los acusados de frente a los jueces, enumerar sus datos personales en voz alta y decir cuántas causas judiciales tiene. En ambos puntos la memoria le falló. Estará dispuesta a declarar, dijo, cuando se completen las pruebas y desfilen testigos que no lo hicieron en la etapa de instrucción.
La audiencia de ayer empezó con una mala (aunque previsible) noticia para la ex secretaria de Recursos Naturales: su pedido para que se suspenda el juicio fue rechazado. Alsogaray se basaba en que elevaría un recurso de queja ante la Corte Suprema y ese trámite, según su defensora oficial, Pamela Bisserier, debía interrumpir el proceso oral en marcha. La presentación ante los supremos se hizo por la mañana, pero tanto el fiscal Oscar Amirante como el tribunal oral en pleno sostuvieron, citando jurisprudencia y a algunos tratadistas, que “no tiene efecto suspensivo”.
Despejado el camino, el siguiente paso era que María Julia prestara declaración indagatoria. Cuando Horacio Vaccare –el presidente del tribunal– la estaba invitando a pasar al frente, Bisserier lo interrumpió agitando las mangas de su saquito verde manzana para hacer “dos peticiones”. Una, que se incorpore a las actuaciones un dictamen del jurista Félix Loñ que cuestiona la constitucionalidad de la figura de enriquecimiento ilícito y que se lo cite a declarar. Otra, que se verifique en qué estado están las denuncias que Alsogaray presentó contra el juez Juan José Galeano, el que la procesó por su aumento patrimonial, ante el Consejo de la Magistratura. Después de estas vueltas, el momento crucial llegó y la ex interventora de ENTel y Somisa se levantó de su silla mientras su sobrino Francisco, el que la acompaña todo el tiempo, le dedicó con la cabeza un sutil ademán de aliento. Ella, con la impostada elegancia de siempre y unos kilos menos que hace ocho meses cuando fue presa, desplegó sus piernas enfundadas en un pantalón blanco combinado con un blazer azul hasta desembarcar en otro asiento ubicado exactamente enfrente del tribunal.
–Este es el momento de manifestar todo lo que crea conveniente –la invitó Vaccare, pidiéndole que empezara por sus datos personales.
María Julia, con la voz bien nítida, comenzó a enumerar que nació un 8 de octubre (igual que Juan Domingo Perón) de 1942, que es divorciada y su profesión es la de ingeniera industrial.
–¿Domicilio actual? –requirió el juez. “Junín 14...”, alcanzó a decir ella en alusión a su petit hotel de Recoleta, cuando se interrumpió a sí misma con una carcajada. “Ay, no, no”, se disculpó por el lapsus y dio la dirección de la cárcel de la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Federal, donde está detenida desde agosto por irregularidades y sobreprecios en la remodelación de la Secretaría de Recursos Naturales. La ingeniera trastabilló también cuando le preguntaron sobre la cantidad de procesos en su contra, que son más de 25. Primero aludió a “causa en trámite y dos sobreseimientos” y, buscando con la mirada a su defensora, agregó: “Cuatro, bueno no sé, no recuerdo”.
Superado el calor del momento, la ex funcionaria anunció que iba a usar su derecho de no hablar y postergar la indagatoria. “Nunca antes me he negado a declarar”, dijo. “Por especial pedido de mi defensora me voy a reservar para cuando se haya completado la prueba y la declaración de los testigos que faltan”, explicó. Para esa oportunidad, señaló, espera “tener la profundidad y amplitud necesarios en un proceso como éste que tiene tanta repercusión” y “tantas garantías en juego”.
Hasta ahí llegó su discurso. El resto de la audiencia quedó dedicada a que el secretario Guillermo Desimone leyera las dos indagatorias que Alsogaray prestó durante la instrucción de la causa ante el juez Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. En aquel entonces no pudo justificar cómo consiguió 2,5 millones de dólares mientras fue funcionaria y, aun así, sostuvo a rajatabla que su “nivel de vida no era distinto del que tenía a los 18 o los 25 años”. Para peor, las explicaciones que dio la complicaron y no sólo quedó procesada por enriquecimiento. También le imputaron la falsificación de un contrato con Astilleros Alianza, una empresa de la que ella dijo haber cobrado honorarios por 500 mil pesos como explicación de que su fortuna tenía origen legítimo. Los primeros testigos citados para el lunes están vinculados a esa firma y a otra, Estibajes Norte, de la que surgió otra maniobra.