León Arslanian difundió los capítulos de su plan para depurar y reorganizar a la Policía Bonaerense, pero antes de hacer cualquier predicción sobre sus posibles resultados habría que señalar el carácter parcial de la propuesta. Por razones de jurisdicción o competencia, faltan las indispensables reformas al sistema penitenciario, al Poder Judicial y a la organización del sistema político-institucional, ya que son partícipes necesarios de la cuestión de seguridad de acuerdo con las opiniones más autorizadas.
También hay que destacar, entre las contribuciones positivas, las voces corales que se levantaron dentro y fuera del Gobierno para rechazar, porque lo prohíbe la ley, cualquier protagonismo de las Fuerzas Armadas en asuntos de la seguridad interior, apenas la probabilidad fue avanzada por los que pretenden alguna revancha a los actos en la ESMA y el Colegio Militar del último 24 de marzo. Si los militares van a contribuir en algo quizá podría considerarse la cesión de cuarteles y bases al poder civil a fin de adaptarlos como cárceles temporales, en especial para los imputados por delitos menores que esperan sentencia hacinados en los penales existentes y en las comisarías convertidas en anexos del Servicio Penitenciario.
Este servicio, según las evidencias conocidas, tampoco puede quedar igual y tal vez sea útil que los planificadores reformistas escuchen con la cabeza abierta a las organizaciones no gubernamentales que desde hace mucho tiempo trabajan con la población carcelaria, en particular con los menores de edad, que más de una vez son condenados por su condición social misérrima antes que por la vocación delictiva. Lo que en alguna época pudo ser atendido con analgésicos, igual que en las otras áreas, hoy demanda cirugía mayor para desarticular los vínculos perversos y al mismo tiempo reconstituir el tejido corrompido por los vicios impunes.
En cuanto a la pata política de la inseguridad bonaerense, aún no está dicho si el gobernador Felipe Solá espera la iniciativa del gobierno nacional o si confía en la aptitud camaleónica de los cuadros distritales, esos que pueden alinearse igual con el neoliberalismo de Menem-Cavallo que con la administración de Néstor Kirchner, siempre que puedan salvar el propio pellejo, pero lo único inadmisible por inútil sería que la decisión última quede en las manos de los que concurrieron al delito por comisión o por omisión.
Mientras alguno de los personajes que han ganado mala reputación por conductas reiteradas no sea enjuiciado con prisión preventiva, igual que María Julia Alsogaray pero en celda común, la sociedad conservará el derecho a dudar de la voluntad reformista de los actuales gobernantes. Ayer, Juan Carlos Blumberg, hombre de férrea voluntad y opiniones rápidas, preguntaba en voz alta si el intendente de Moreno desconocía que en su distrito operaban desarmaderos de autos robados ligados a malandras de diverso pelaje, entre ellos los que formaban la banda que secuestró y asesinó a Axel.
Sobre el Poder Judicial, hay bibliotecas bien nutridas con sugerencias acumuladas por especialistas del país y del mundo, de manera que es innecesario improvisar un programa de circunstancias según el sentido común de la gente de buena voluntad. Lo que nunca está de más es la movilización ciudadana, a condición que sea sostenida en el tiempo, como lo han hecho los organismos defensores de los derechos humanos o los familiares de las víctimas de la AMIA y de la embajada de Israel.
Las manifestaciones multitudinarias pero eruptivas son impactantes, necesarias pero insuficientes para impulsar cambios de fondo, estructurales, como los que se requieren en esta coyuntura. Es tan corrosivo el deterioro de los poderes republicanos y de los mecanismos institucionales de representación que ninguna reforma parece efectiva si se detiene en la superficie de las cosas. A propósito, una digresión: ¿en qué andarivel estarán circulando las denuncias de Pontacuarto sobre los sobornos en el Senado? ¿Será que la corporación política habrá decidido que los únicos que paguen por los platos rotos sean el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, y el denunciante arrepentido?
A toda máquina, en la residencia de Olivos donde el Presidente termina de reponerse de su gastroduodenitis, una comisión de alto nivel trata de armar el gigantesco rompecabezas, con la urgencia de la demanda multitudinaria, cuya contundencia fue tal que los inevitables microclimas que suelen afectar la percepción desde el poder sobre los sentimientos de la sociedad, en esta ocasión son inservibles. Es difícil ignorar la expectativa abierta en las clases medias, cuya opinión tiene influencias decisivas en lo que suele llamarse la “opinión pública”. La respuesta gubernamental, por lo tanto, tendrá que estar a la altura de la demanda que ha convertido el enunciado de aspectos complejos de la seguridad urbana en lugares comunes, a tal punto que aún los estudiosos del tema tienen dificultades para exponer sin que los atrape el lugar común o la generalización fácil.
Este Gobierno tiene un retraso, por lo menos de cuatro años, los que perdió la Alianza sumados a los que usó Duhalde para echar aceite sobre las aguas revueltas, sin contar los cuatro años anteriores, el segundo mandato de Menem, en los que languideció el programa neoliberal sin que asomara una alternativa para el relevo. Casi una década de acumulación de necesidades básicas insatisfechas, de negocios quebrados, de rapiña especulativa que erosionó la economía y despedazó la cultura de la producción y el trabajo. Así, aunque sea injusto con los gobernantes actuales, cada año de gestión tiene que valer por tres de los desperdiciados.
Eso vale para la seguridad y también para los otros puntos de la agenda social, empezando por las corporaciones empresarias que quieren conservar su porción de la torta nacional, ambición inaceptable cuando se la compara con los sacrificios que agobian al 60 por ciento de la población. Los términos “normales” para deducir la tasa de desempleo a valores de un dígito o para retransferir un tercio de la riqueza desde las minorías encumbradas a las bases sociales, son milenios en contraste con las legítimas impaciencias de los más infortunados. Esta asincronía provoca tensiones internas en los equipos de colaboradores del Poder Ejecutivo.
En tanto, los economistas tienden a diseñar sus planes en tiempos “normales”, los políticos que son convocados a las urnas cada dos años miden los plazos por semanas. Unos corren el riesgo de ser indiferentes a las demandas populares mientras atienden con preferencia la marcha de los negocios, convencidos que en algún momento la acumulación capitalista producirá el salto cualitativo, mientras que los otros, por el apuro, tienden a improvisar el día a día y a poner parches aquí y allá, tratando de acomodar la realidad a su desmesurada voluntad, meritoria en tanto se mantenga apegada a la tierra.
Aunque la concentración mediática en la seguridad puede dar la impresión al desprevenido que ese tema se comió a cualquier otro, cuando la polvareda despeja en el horizonte aparecen intactos y vibrantes todos los demás problemas, desde las jubilaciones mínimas y el costo de vida hasta los salarios míseros y los bonistas extranjeros. Las huelgas obreras están creciendo en número y en intensidad, a pesar que algunos gremialistas fingen ceguera temporal, porque la reactivación todavía no alcanza el volumen y la extensión para consolar a porcentajes importantes de los que esperan hace años. La espera insatisfecha, en estas tierras, puede ser tan letal como la humedad y lo primero que hace es licuar las simpatías que hasta ayer impresionaban como si fueran para siempre.