Delito y corrupción policial en la provincia de Buenos Aires pueden convivir gracias a la protección política. Este fue uno de los argumentos repetidos por especialistas en seguridad como el ex funcionario bonaerense Marcelo Saín. Si la Justicia investiga a fondo el proceso que comenzó ayer con la denuncia realizada contra el senador justicialista y presidente de la Comisión de Seguridad de la legislatura bonaerense, Horacio Román, podría hallar un ejemplo de vasos comunicantes entre la Bonaerense y el financiamiento ilegal de la política. El jueves pasado el legislador del Partido Justicialista fue denunciado en la Oficina Anticorrupción (OA) por presunto enriquecimiento ilícito de manejar desde su estratégica comisión nombramientos y traslados policiales y de controlar jueces y fiscales del fuero local.
La denuncia la presentó Pablo Cuomo ante las autoridades de la Oficina Anticorrupción. Este abogado platense sostuvo que el legislador y su esposa, Amalia Alicia Iglesias, son dueños de trece inmuebles y de media docena de vehículos. Cuomo dijo que el valor de las propiedades asciende a 38 millones de pesos. Los indicios aportados destacan la existencia de una cadena de farmacias, la agencia de juegos Las Pibas, el laboratorio medicinal Inprosal, la clínica provincial de Merlo y una estación de servicio. Entre las viviendas figura la imponente casona de Rauch 3214 de Castelar, donde reside actualmente el legislador, y un semipiso en Mar del Plata. Los vehículos que le adjudica la denuncia a Román tienen entre dos y cinco años de antigüedad.
Si la existencia de los bienes queda comprobada a su valor real, Román se convertirá en un caso extraordinario de movilidad social ascendente: antes de llegar a ser dirigente del gremio mecánico y a la política en un lugar de protagonismo, Román era obrero de Deutz, donde limpiaba baños.
Según los informes de Rentas de la provincia de Buenos Aires, a los que Página/12 tuvo acceso, Amalia Iglesias es la que figura como titular de nueve de esas propiedades. Román sólo aparece como propietario en una sola. Cuatro están ubicadas en Luján, otras cuatro en Morón y dos en Hurlingham. La Dirección de Rentas remite periódicamente las facturas de siete de ellas a la casona de Mendoza 35 de Morón, donde el senador tiene sus oficinas privadas y cuya propietaria es su esposa.
En el centro de cómputos de Rentas, Amalia Iglesias figura además como dueña de una propiedad ubicada en Luján donde según las fotos aportadas por Cuomo funciona la farmacia San Martín juntamente con la agencia de juegos Las Pibas. La esposa del senador, que fue concejal del PJ en Hurlingham, comparte la titularidad, junto a Sebastián Cantone y Gerardo Marinucci, del inmueble ubicado en la calle Nuestra Señora del Buen Aire 545, de la localidad de Villa Tesei. En ese lugar, de 964 metros cuadrados de superficie edificada, funciona el laboratorio Inprosal. Página/12 se comunicó con la firma. Una empleada, que no se identificó, aseguró que “el laboratorio es del senador, aunque suele venir poco por acá”.
Cuomo sostuvo ante las autoridades de la OA que el material que aportó para la denuncia lo recibió su secretaria hace quince días en el estudio que posee en la localidad de Ensenada. “Era un sobre que contenía fotos de los inmuebles de Román y un detallado informe de sus vínculos con la policía y la Justicia. Además incluía las direcciones de las viviendas y negocios que posee y su valor en el mercado inmobiliario”, señaló a este diario. Una vez que estudió el material, el abogado indicó que se dedicó a chequear la existencia de los inmuebles: “Todo está comprobado”, aseguró.
Sin embargo, Cuomo no recurrió a la Justicia bonaerense. Dijo que no tiene confianza en los jueces locales y es por ello que fue a la OA queconduce Daniel Morín. Rápido de reflejos, el senador se presentó ayer justamente ante la Justicia bonaerense, donde solicitó ser investigado.
Román no es un senador cualquiera. Ocupa la banca desde 1985. Llegó allí de la mano del entonces gobernador Antonio Cafiero. Hizo lo mismo luego con Eduardo Duhalde desde donde acompañó al menemismo en el gobierno nacional. Román suele considerarse un duhaldista furioso, aunque desde un tiempo a esta parte el ex presidente dejó de atender sus llamados. Morón es su terruño y a pesar de que es uno de los hombres fuerte de la localidad, nunca pudo superar en las elecciones internas del PJ local a su siempre adversario Juan Carlos Rousselot. Su sueño era ser el intendente de su ciudad. De todas formas, la seguidilla de derrotas no le impidió perder la poltrona del Senado provincial, que renovó por última vez en el 2001.
Desde que llegó a la Cámara alta bonaerense, Román ocupó la estratégica Comisión de Seguridad. Hoy es bicameral, una condición que no impidió que el senador continuara conduciéndola. Según relata el texto presentado por Cuomo ante la OA, Román habría utilizado ese espacio de poder para “vender comisarías, jefaturas regionales y brigadas de investigación”. Además habría armado causas contra aquellos oficiales de policía que “no aceptaban el pago de favores” a cambio de una designación o un ascenso.
El escrito, que integra el cúmulo de documentación que aportó Cuomo, sostiene que el senador mantiene estrechos vínculos con los fiscales Andrés de los Santos, Jons, Robles y Algañaraz y con los jueces bonaerenses Alfredo Meade, Luis Andueza y Andrea Bearzi. El texto que tiene la OA indica que todos estos funcionarios judiciales “cobran por el arreglo de causas”. El listado también incluye ex jefes policiales como Pedro Klodczyk, Ramón Orestes Verón, Angel Casafus y Alberto Sobrado.
“La denuncia es concreta, allí se especifican los ilícitos y actividades a las que brindaba cobertura y además miembros del Poder Judicial y de la Policía que también lo vinieron apoyando durante todos estos años”, aseguró Cuomo, quien por estas horas medita la posibilidad de presentar este mismo material ante la Justicia bonaerense.
No es la primera vez que Román se encuentra cuestionado por su tarea frente a la Comisión de Seguridad. En diciembre de 1999, Página/12 publicó que el legislador se valió del autoacuartelamiento policial de 1989 para desestabilizar al entonces ministro de gobierno de Cafiero, Luis Brunati. El duhaldista era uno de los que ofrecía mayor resistencia a la reforma que encabezaba el funcionario y que era rechazada por la fuerza policial.
Durante la última etapa del gobierno de Duhalde, y luego de que se terminara su sueño de “la mejor policía del mundo”, Román combatió la reforma que llevó adelante el ahora retornado ministro de Seguridad, León Carlos Arslanian. El senador jamás aceptó el nombramiento de un civil al frente de la más grande de las fuerzas de seguridad provincial. Ya en el gobierno de Carlos Ruckauf, y siempre al frente de la Comisión de Seguridad, apoyó la reincorporación de varios de los comisarios que Arslanian había limpiado de sus puestos y que integraban lo que se conoció como “Los sin gorra”.
Román eludió a la prensa. Prefirió dar a conocer su posición a través de un comunicado. Aseguró que “en relación con una supuesta investigación periodística que ha trascendido y que da cuenta de que poseo un patrimonio que no puedo justificar, informo a la comunidad que en el día de hoy (por ayer) me he presentado ante la Justicia solicitando se me investigue, a cuyos efectos además he renunciado a mis fueros parlamentarios”. El senador rechazó además las imputaciones “que por absolutamente falsas manchan la sana actividad periodística, imprescindible en el funcionamiento de una república, perjudicando la credibilidad de los medios de comunicación que se embarcan en estas aventuras mediáticas”.
Para lucir a tono con los tiempos que corren, Román indicó en el comunicado que “dichas afirmaciones son imposibles de sostener seriamente, y sólo encuentran justificación en la vocación de algunos sectores por perjudicar la lucha contra la inseguridad a la que se encuentra comprometido el gobernador provincial y el ministro de Seguridad, y que cuenta con el más explícito apoyo de mi parte”, concluyó el senador que apenas cinco años antes trabajó para que fracasara la reforma de la Policía Bonaerense que encabezó Arslanian. La misma fuerza que hoy se encuentra nuevamente cuestionada por sus estrechos vínculos con el delito y la corrupción mientras Román seguía siendo presidente de la Comisión de Seguridad.