Es improbable que el gobierno nacional apruebe el empleo de medios militares en tareas de seguridad interior en los términos ilegales negociados por José Pampuro y Carlos Arslanian. El primero es ministro de Defensa de la Nación, el otro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Pero el acuerdo que anunciaron el lunes último fue celebrado entre dos compañeros del aparato duhaldista bonaerense, con llamativa indiferencia por el marco institucional. El jefe de gabinete Alberto Fernández recién se enteró cuando Pampuro salió del despacho de Arslanian en La Plata y comunicó lo resuelto a la prensa. Por eso no pudo responder a las preguntas que el presidente Néstor Kirchner le formuló por teléfono desde su habitación en el hospital de Río Gallegos.
Improvisación
Los hechos desmienten que el Ministerio de Defensa haya actuado por pedido de Kirchner. Durante su informe a la Cámara de Diputados, Fernández dijo que el Poder Ejecutivo estudiará en forma cuidadosa aquello que la provincia de Buenos Aires le someta a su consideración. El grado de improvisación demostrado fue alto aun para las normas vigentes en la política nacional. Arslanian quería un golpe de efecto antes de asumir y Pampuro hizo el anuncio incluso sin saber qué tipo de helicópteros se usarían. Ante las primeras consultas posteriores dijo que serían transportes de tropas de asalto, rezagos de la guerra de Vietnam. Cuando desde un despacho de la Casa Rosada se le hizo notar que si uno de esos colectivos 60 del aire caía sobre un barrio del conurbano habría más víctimas que en todos los secuestros extorsivos de una década, el ministro se corrigió y dijo que serían pequeñas máquinas de observación. Las que posee el Ejército son de un solo motor, por lo cual las reglamentaciones vigentes no las habilitan para el sobrevuelo de áreas urbanas.
La primera versión era la más aproximada a la realidad. Los helicópteros ofrecidos a Arslanian son los Bell UH-1H de Transporte, para dos tripulantes y diez pasajeros. Otro inconveniente es que no navegan por instrumentos, con lo cual si hay nubes deben quedar en tierra, a diferencia de los Chinook de la Fuerza Aérea. En cualquier caso, no son elementos logísticos, como los que prevén las leyes, sino elementos operacionales tácticos. Tampoco se cumplió con el requisito del artículo 27 de la ley de Seguridad, según el cual la solicitud al ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior con elementos de logística debe provenir del Comité de Crisis, que ni Arslanian ni Pampuro convocaron. El artículo 13 de la ley fija la composición de ese comité, que debe ejercer la conducción política y la supervisión operacional de las fuerzas policiales y de seguridad, federales y provinciales allí donde fuera necesario restablecer la seguridad: lo copresidirán el ministro del Interior y el gobernador de la provincia afectada y lo integrarán los de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal y actuará como secretario el de Seguridad Interior. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido en este caso, por lo cual además de ineptitud lo acordado entre Pampuro y Arslanian revela desprecio por la ley, es decir lo último que debería esperarse de los funcionarios encargados de hacerla cumplir. Construir seguridad al margen de la ley es una fantasía demasiado costosa, como lo demuestra la historia argentina.
Tampoco hay estudio alguno acerca de la disponibilidad de material ocioso de las Fuerzas Armadas que pueda destinarse a otros fines que los requeridos por la misión militar. Pampuro dijo que se emplearían para esta tarea un helicóptero por cada una de las Delegaciones Departamentales de Investigaciones de la provincia, es decir 18. Esto implicaría desactivar para la Defensa Nacional casi un tercio de la dotación. Si ello fuera posible sin un grave deterioro de la capacidad para cumplir con la finalidad de garantizar “la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación”, como dice la ley de Defensa, habría que preguntarse qué más equipamiento superfluo tienen las Fuerzas Armadas que pueda aplicarse a solucionar urgencias de otros campos de actividad. No se recuerdan, sin embargo, reclamos castrenses por exceso de impedimenta. Pampuro también está impulsando la transferencia a su ministerio del Sistema Federal de Emergencias, SIFEM, y de la Dirección de Protección Civil, dos organismos que hasta ahora formaron parte del organigrama de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Seguridad. Lo anunció en el malhadado congreso justicialista de Parque Norte, como ejemplo del nuevo horizonte para las Fuerzas Armadas. Peores fueron las preguntas de los militantes, que quisieron saber si era posible una reedición del Operativo Dorrego, aquel infantil intento de politización de las Fuerzas Armadas que propició la Juventud Peronista en 1973 y cuyo jefe militar fue nada menos que el entonces coronel Albano Eduardo Harguindeguy, futuro jefe de policía de Isabel y ministro del Interior de la dictadura.
Menem Toma
Carlos Menem fue quien propició durante la campaña electoral el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, luego de afirmar que las calles estaban “en manos de delincuentes y marxistas”. Esto formaba parte de su acuerdo con el entonces jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, a quien visitó en cuanto la justicia lo puso en libertad en la causa por el envío de armas a Ecuador y Croacia. Luego de la renuncia de Fernando de la Rúa, Brinzoni junto con el entonces ministro de Defensa Horacio Jaunarena propuso la erección de una pirámide verdeazul en la que se borraran los límites entre las funciones de seguridad y las de defensa. Esa es la obsesión que desde hace años expresa el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y que volvió a manifestarse en las audiencias de las últimas semanas en las dos cámaras del Congreso de ese país en las que prestó testimonio el jefe de ese comando, general Charles Hill. Jaunarena y Brinzoni hablaron ante un auditorio poblado de militares, reunidos por Eduardo Menem y Roberto Dromi. Brinzoni expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas y vaticinó que volverían a producirse saqueos y desórdenes en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que viven 10 millones de pobres. Jaunarena consideró anacrónica la distinción entre defensa y seguridad, establecida por las respectivas leyes y postuló un ministerio único.
El senador Eduardo Duhalde los desautorizó una semana después, durante una reunión mantenida con el entonces secretario de Seguridad Juan José Alvarez, quien ofreció su dimisión si ese proyecto se concretaba. Jaunarena debió archivar la unificación en un superministerio de Defensa, Seguridad, Documentación, Migraciones y Aduanas, aunque reiteró que había que pensarlo para el futuro. Es decir hoy. La continuidad de ese pensamiento se da a través de la presencia como principal asesor de Pampuro de uno de los generales que integraron la cúpula de Brinzoni, Julio Alberto Hang. Su pericia en cuestiones de seguridad quedó demostrada durante la visita de De la Rúa al programa de televisión de Marcelo Tinelli, cuando el ex presidente fue rescatado por el Oso Arturo del descontrol de un hombre que irrumpió en el estudio y llegó a asirlo de la corbata. Como jefe de la Casa Militar, Hang era responsable de la seguridad presidencial. La función que cumple en el gabinete de Defensa es de enlace con el Comando Sur y ha organizado las visitas a Estados Unidos de Pampuro y de su viceministro Jaime Garreta. Hang postula el reemplazo del jefe del Ejército, Roberto Bendini, por el subjefe, Mario Chretien. El retiro del general Jorge Cabrera fue un avance para ese sector. Cabrera era la otra opción para el recambio.
Hace dos semanas fue el líder del menemismo de la Capital Federal, el teólogo Miguel Toma, quien planteó “la utilización de las decenas de helicópteros –podrían disponerse más de cincuenta– con que cuentan las Fuerzas Armadas, piloteados por personal militar –que hoy no vuela ni se entrena por falta de presupuesto– pero llevando a bordo personal de las fuerzas de seguridad que serán las responsables de actuar en la vigilancia, prevención y eventual represión de los hechos delictivos”.
Toma fue Secretario de Inteligencia durante el interinato del ex senador Duhalde en el Poder Ejecutivo. Pampuro afirma que no se prevé que pilotos castrenses tripulen los helicópteros, que deberían ser operados por conductores policiales o por civiles contratados que, sin embargo, operarían desde Campo de Mayo. La inconsistencia es ostensible. Lleva más tiempo ir por tierra hasta Campo de Mayo para desplazarse luego en helicóptero hasta el lugar del hecho que dirigirse en forma directa hacia donde se necesitan los refuerzos. Por otra parte, nunca hasta ahora se ha identificado la demora en el arribo de personal a un punto en el que está ocurriendo un delito como uno de los problemas contribuyentes al déficit de seguridad.
El premio
La designación de Arslanian como ministro de Seguridad fue obra de Duhalde. Como antes había hecho con Juan José Alvarez, le dijo que si resistía esa silla eléctrica tendría la mitad del camino hecho hacia la gobernación de la provincia. El gobernador Felipe Solá había acordado que el cargo lo ocuparía el ex viceministro Alberto Beraldi, quien lo consultó con Arslanian, de quien es socio. Recién cuando Arslanian le dijo que no estaba interesado en el cargo, Beraldi aceptó el ofrecimiento. El candidato que sugería el gobierno nacional era el ex viceministro Marcelo Saín, cuyo señalamiento acerca del eje policía-intendentes como clave de la impunidad de los más graves delitos ya forma parte del sentido común de la sociedad. Solá respondió que no podía designarlo. Narró que había recibido una llamada del intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, quien le habría advertido que ello implicaría la guerra con el duhaldismo conurbano. Beraldi convino en que asumiría al regreso de un viaje que tenía comprometido con su esposa. En Los Angeles se enteró que Arslanian ocuparía su lugar. Lo supo por la prensa, porque ni Solá ni Arslanian lo llamaron para avisarle del cambio de planes. Esa es la razón por la que Beraldi no ha vuelto a integrar el equipo de Arslanian, integrado por personajes de tercera línea, como el subdirector de política criminal de la Nación, Domingo Marino, y el juez de un tribunal de Quilmes Martín Arias Duval. Más aún, sospecha que su desplazamiento y el de Saín es el reaseguro apetecido por los intendentes duhaldistas. Avala esa suspicacia la insistencia de Arslanian en la importancia del control que los intendentes ejercerán sobre la policía. ¿Pueden ser parte de la solución o son parte del problema? es la pregunta. En verdad ninguno de esos recelos se justifican a la luz del discurso de Arslanian, quien ha sido claro en el diagnóstico. Pero también fue impecable el discurso del gobernador Solá, por lo cual es mejor atenerse a los hechos que a las palabras (ver aparte).
De este lado
La detención de un suboficial y dos oficiales de la Policía Federal y el relevo de uno de los máximos jefes de esa fuerza, por sus vínculos con delincuentes dedicados al tráfico de vehículos automotores robados, vuelve a plantear una cuestión central en la demanda de seguridad. Tal como ya se había visto en la década pasada con la investigación por el atentado contra la DAIA y la AMIA, tanto la policía bonaerense como la federal mantienen una relación promiscua con el delito que deben combatir. Incluso si se toma por buena la versión que los federales repiten en estos días (para investigar necesitan soplones en las bandas de delincuentes, antes de llevar un dato a la justicia deben verificarlo) el margen de discrecionalidad que esto supone es más afín con la regulación mafiosa del delito que con un sistema jurídico regido por el principio de legalidad.
La Legislatura bonaerense rechazó un proyecto oficial de instaurar el principio de oportunidad de la persecución penal, que hubiera permitido a los fiscales seleccionar qué delitos investigar. Con más razón es inadmisible que esas decisiones corran por cuenta de la agencia policial, que decide por sí y ante sí, sin control alguno.
A raíz de los contactos de los comisarios Jorge Palacios, Juan José Schettino y Daniel Gravina con los reducidores de autos, el gobierno nacional ha pedido los legajos de los primeros 50 hombres del escalafón policial para estudiarlos con lupa. No está claro qué busca, dado que pese al conocimiento público de sus antecedentes, respalda al jefe de Schettino, el comisario Carlos Alberto Sablich, procesado a raíz de su desempeño en el caso del secuestro del hombre de negocios Maurizio Macri. Por encima de todos ellos mantiene además al secretario de seguridad Norberto Quantín, quien como fiscal de Cámara firmó dictámenes convalidatorios de los métodos ilegales aplicados durante la dictadura militar. Hace apenas cinco meses, Quantín y Sablich presentaron a Schettino como jefe de la flamante unidad antisecuestros de la PF. Quantín dijo entonces que la Policía Federal actuaba “de una manera dura, profesional y eficaz”. En voz baja, en el ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos se atribuye la detención de los comisarios a un conflicto entre Quantín y el fiscal de Cámara Pablo Quiroga, jefe del fiscal antisecuestros Jorge Sica. Se trataría de una vieja pugna entre dos líneas del mismo cuño ideológico. Las diferencias serían de tipo ético, lo cual se resume en la mención a que Quantín vive en un departamento de dos ambientes (como Videla).
Quiroga y Sica fueron denunciados por el ministro Gustavo Beliz, debido a su actuación en el secuestro de Axel Blumberg, en el que habrían privilegiado la captura de la banda sobre la vida del rehén y se habría violado la ley en el trato a los detenidos por la investigación. Sica les habría dicho a los familiares de Blumberg que una vez capturado el cobrador se lo haría hablar por “cualquier método”. Sería un buen criterio, si el gobierno estuviera dispuesto a mantenerlo en el tiempo. Pero la misma falta de límites legales que Beliz le reprocha a Sica es la que la justicia comprobó en la conducta de Sablich, autor del teorema policial según el cual la disposición de un detenido a cooperar es inversamente proporcional a la estabilidad de sus dientes. Más aún, en febrero de este año, el propio Beliz solicitó el enjuiciamiento de la fiscal federal de San Nicolás, Amalia Sívori, quien en un caso anterior de secuestro había adoptado el criterio opuesto al de Sica. Sívori había ordenado a la policía que no actuara contra los secuestradores ya que “la acción emprendida al respecto puede hacer peligrar la vida e integridad física de la víctima”. Disgustado con este criterio, Schettino llevó el caso a Sica, quien emitió las órdenes que no quería firmar Sívori.