–No me llevé bien con el micrófono –acotó al despedirse Hilda Gutiérrez, la primera testigo que habló en el juicio oral y que intentó respaldar a María Julia Alsogaray entre titubeos.
–Ya nos dimos cuenta –contestó, socarrón, el presidente del Tribunal Oral 4, Horacio Vaccare.
Esa mujer fue la única de las cinco personas que testificaron ayer que aseguró que la empresa Astilleros Alianza le pagó a la ex funcionaria 500 mil dólares en honorarios por asesoramiento. El resto de los interrogados, todos ligados a la firma, dejaron en duda la existencia del contrato. Una de las acusaciones claves con las que esta causa llegó a la instancia oral señala la falsificación de ese convenio como una maniobra para aparentar el origen legítimo de parte del incremento patrimonial de la ingeniera.
El famoso contrato con Alianza apareció en el libreto de María Julia en 1994, en una rectificación de su declaración jurada ante la DGI, luego de una inspección. Con el medio millón de dólares ganado tres años antes, decía ella, había podido comprar y remodelar su petit hotel de Recoleta. Durante la instrucción de la causa por enriquecimiento ilícito insistió con esa explicación. Pero los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia concluyeron que el acuerdo –firmado por ella y el fallecido Arnaldo Martinenghi cuando el astillero estaba en convocatoria de acreedores– era falso. En los libros de la compañía figuraba, como origen de los fondos, un préstamo de la empresa fantasma panameña Zeal International.
Gutiérrez, de 56 años, ex síndica del astillero, inauguró la ronda testimonial hecha un manojo de nervios. Ojerosa, con un trajecito violeta, varios clips en la melena y la cartera en su falda, intentó al comienzo defender a la ex interventora de ENTel. “Se la contrató en un proyecto para reconvertir a la empresa, era para hacer casas industrializadas”, aseveró. Sin embargo, sostuvo que se enteró con posterioridad “al revisar la documentación” y admitió que no había acta de directorio que diera cuenta de la decisión de pedir sus servicios.
Sentada frente al tribunal, Gutiérrez tenía a María Julia a su izquierda, quien con el correr de los minutos fruncía cada vez más el ceño, lejos de la sonrisa forzada de la semana pasada. La ex síndica dijo que no sabe ni quién ni cómo le pagó, aunque señaló que fue en efectivo (con un préstamo de Zeal, precisó) a pesar de que lo común era pagar con cheque y que el proyecto nunca se llevó a la práctica. Reconoció que el contrato, contra las normas, no tenía sello. No pudo explicar por qué las facturas de la ex funcionaria no tienen la firma de Martinenghi, quien había suscripto el convenio. Ni por qué había dos facturas y dos recibos, uno por 300 mil dólares y otro por 200 pese a que se pagó todo junto. Al hablar de aquel amigo de Carlos Menem, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y de pronto estalló: “El astillero fue mi vida”.
Los siguientes testigos –de la defensa y la fiscalía– oscurecieron aún más el panorama para Alsogaray. Guillermo Ansorena, un contador de bigotes que fue síndico suplente, dijo que no tuvo noticias de un vínculo laboral entre la ex funcionaria y el astillero. Estuvo en la firma hasta el 29 de mayo de 1991, narró, mientras que María Julia ubica la contratación en la semana previa. Más inquietante añadió: “Jamás escuché hablar de la reconversión” de la empresa. Ansorena incluso llegó a sugerir que Martinenghi era dueño de Zeal International. Dijo que Hilda Gutiérrez manejaba “temas como la cuenta Zeal” y que ella acudía a las reuniones de directorio.
A esa altura, entrada la tarde, la ex secretaria de Recursos Naturales, esta vez con tailleur en tonos marrones, escribía preguntas a toda velocidad con un marcador rojo y se las pasaba a su defensora, Pamela Bisserier. Menos detallista, Rubén Ceci, que fue técnico y director, dijo que cree haber visto a María Julia en la planta de Avellaneda del astillero en 1991 y que sabía que podía estar “relacionada” pero no cómo. Otro embate fuerte contra María Julia volvió con Hugo Vidal, otro síndico suplente hasta 1992, que dijo que durante su gestión no se enteró de vínculo alguno de ella con la empresa fabricante de barcos. En consonancia con Gutiérrez señaló como una rareza los pagos en efectivo, sobre todo de montos elevados y la falta de una orden de pago, como en este caso. Cuando le mostraron el libro contable con el asiento que rendiría cuenta de los honorarios para Alsogaray exclamó: “Esto no lo entiendo”. Por último, Jorge Cejas, del departamento legal, dijo que vio a María Julia en algún evento como el bautismo de un buque y recordó que su padre fue uno de los fundadores del astillero. Pero él, que confeccionaba los contratos, no hizo ninguno para ella. “Supe tiempo después cuando me enteré que hubo una inspección de la DGI”, sinceró.
El caso del astillero es sólo una pata de las justificaciones de María Julia (que están en entredicho) sobre cómo consiguió 2,5 millones de pesos. Hoy siguen las declaraciones.