Con la irrefutable evaluación de la “baja calidad de los saberes básicos de los estudiantes, los problemas de aprendizaje y de formación docente”, según definió el propio director de Educación bonaerense, Mario Oporto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó ayer una amplia convocatoria para discutir la reforma educativa que hace diez años puso en marcha la actual vicegobernadora Graciela Giannettasio. La idea es iniciar una ronda de consultas entre diferentes sectores sociales para buscar nuevas políticas que reviertan el bajísimo nivel educativo que sufren los más de 4 millones de alumnos que asisten a las escuelas bonaerenses.
Las condiciones de pobreza en las que se encuentran muchas familias que viven en la provincia provocan “muchas dificultades para garantizar la educabilidad” en esos sectores. Así lo reconoció el gobernador Felipe Solá frente a 80 representantes de universidades, gremios docentes y no docentes, políticos, distintos sectores religiosos y organizaciones sociales locales e internacionales. Aunque no habló de lanzar una nueva ley de educación sino de revisar la actual, durante la convocatoria Solá hizo un diagnóstico de sus diez años de vigencia y admitió “dificultades para educar en la extrema pobreza y dificultades por parte de los alumnos para valorar y cumplir las normas que se observan”. El gobernador explicó las falencias de la norma sosteniendo que “se hizo para un país que se suponía iba a crecer y se empobreció. La reforma educativa hecha para ese momento, no pareció apta para después, cuando el país mostró el verdadero rostro de la pobreza”.
En momentos en que tanto el gobierno nacional como el provincial buscan medidas para disminuir la inseguridad, Solá también hizo referencia a la relación que existe entre la falta de educación y la tasa de delincuencia. “Es una enorme preocupación. En las marchas por seguridad ha aparecido la cuestión de la educación. Tenemos pibes que no estudian ni trabajan y están más cerca del delito”, señaló.
Según adelantó, las modificaciones apuntarán principalmente al tercer ciclo de la EGB y al nivel Polimodal, etapas en las que los chicos tienden a abandonar los estudios y donde se reflejan las dificultades de aprendizaje. Los últimos resultados acerca de la calidad educativa de la provincia fueron muy bajos, sobre todo en matemática y lengua. Para intentar solucionar este déficit la gestión de Solá lanzó en marzo pasado una reforma, que se realizará este año sólo con un grupo de escuelas, en la carga horaria de estas materias. Otra muestra de los bajos conocimientos que reciben los alumnos en el Polimodal es el alto índice de reprobación en el ingreso a las universidades nacionales. Allí, entre el 40 y el 60 por ciento de los estudiantes abandonan en el primer año y más de la mitad de los que se inscriben no aprueba los cursos de nivelación o los exámenes de ingreso.
La Ley Federal de Educación (24.195) fue sancionada en 1994 con el objetivo de aumentar la cantidad de alumnos, para lo cual se reformó el sistema primario y secundario que regía hasta entonces. Así surgieron los niveles inicial, la Escuela General Básica (EGB), con carácter de obligatoria y una duración de nueve años, y el Polimodal, en donde se supone que los chicos se especializan para ingresar a la universidad. La reforma fue adoptada por varias provincias pero no fue aplicada en forma general en todo el país, lo que generó distintos sistemas educativos vigentes, los cuales, asociados con el aumento de los niveles de pobreza acentuó la baja calidad educativa.