Facilitar el acceso de personas que se encuentran fuera de la economía formal y fortalecer el sector social serán dos de los objetivos del flamante Registro Nacional de Efectores, un espacio para que se inscriban los beneficiarios del Plan Manos a la Obra y fábricas recuperadas, entre otras iniciativas, y que tiene como contrapartida dos años de beneficios impositivos.
Según el Gobierno, efector social es una persona física en situación de vulnerabilidad social o una cooperativa de trabajo cuyos integrantes se encuentren en idéntica situación. Una vez anotados en el “Registro de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social” –tal su nombre completo–, obtendrán durante dos años exención en el monotributo del componente impositivo y previsional, 50 por ciento de reducción en lo correspondiente a la obra social, 50 por ciento de reducción en la alícuota del IVA cuando el comprador, locatario o prestatario sea el Estado, y los inscriptos también podrán ser contratados mediante la modalidad de forma directa por la administración pública nacional. “Estos beneficios tienen por objeto ayudar a los inscriptos a constituir su capital e independencia. Se asegurará un relevamiento según territorio y producto o servicio, y se instrumentará luego un padrón de pequeños proveedores” para que intervengan en las contrataciones directas del Estado.
Las condiciones para acceder a los beneficios impositivos son desarrollar una actividad de la economía social (por ejemplo panaderías comunitarias, huertas, iniciativas textiles) y acreditar su condición de vulnerabilidad social (desempleados o beneficiarios de programas sociales). Según estiman en el Gobierno, podrían inscribirse más de 200 mil personas.
El secretario de Comunicación del Ministerio de Desarrollo Social, Fernando Gray, explicó que “un gran problema de las personas de la economía informal, por ejemplo las cooperativas de los grupos de desocupados o beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar, es que tienen problemas para comercializar sus productos a escala porque no pueden emitir factura. Con la inscripción en el registro, ese problema dejará de estar y podrán vender sus productos y servicios a empresas y dependencias estatales”.
A partir de la iniciativa, una persona o proyecto productivo podrá facturar sus productos y servicios, se intentará combatir la economía informal –aunque en los sectores más castigados y no en los grandes evasores–, se accederá a cobertura social y el Estado tendrá más control de las iniciativas a pequeña escala, casi siempre de organizaciones de desocupados.
“La creación de este Registro marca un hito en el desarrollo de las políticas sociales porque se trata de una experiencia que se verifica por primera vez en la Argentina”, remarca la presentación oficial y señala que es un instrumento que “permite revertir políticas de asistencia por políticas de promoción y fortalece la economía social como medio para construir redes y vínculos solidarios”.
Para inscribirse, las personas físicas deben acreditar identidad, poseer Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) y participar de una actividad económica productiva o de servicios. En tanto, las cooperativas deben tener contrato social o estatuto, CUIT y acreditar representantes. En todos los casos es requisito acreditar la vulnerabilidad social mediante un certificado emitido por profesionales del área social.