“Esta negociación será más dura que llegar a un acuerdo por la coparticipación. No tenga dudas. Los feudos no van a ceder poder fácilmente”, comenta a Página/12 un avezado legislador. La mención se refiere a la necesaria reforma de los códigos de procedimientos provinciales, medida imprescindible para llevar a la práctica la mayoría de las propuestas que el gobierno nacional anunció para combatir la inseguridad y el delito. La negociación implica, además del respaldo de los Ejecutivos provinciales, el aval de las respectivas legislaturas. Conocedores de los entramados políticos y legislativos aventuraron que en el mejor de los cálculos, y con un frenético ritmo de trabajo, la empresa puede llevar más de seis meses.
La necesaria reforma de los códigos provinciales de procedimiento es una tarea necesaria para modificar los regímenes penitenciarios, delegar algunas facultades, modificar la Ley de Seguridad Interior, o la creación de un fondo fiduciario para fortalecer el sistema de seguridad y justicia. Todos estos puntos podrían formar parte de una ley marco. Es decir, una ley que incluya un convenio entre las gobernaciones y la Nación. Por lo pronto ya están en preparación algunos encuentros con parlamentarios, funcionarios del Ejecutivo y los ministros de Justicia de las provincias.
La mayor parte de las iniciativas presentadas en el denominado Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007 necesitan del aval del Congreso. Muchas de ellas ya tenían el formato de proyectos legislativos y estaban siendo discutidas en ambas cámaras. Ayer no faltaron quienes desde el oficialismo y la oposición reclamaran en voz baja el derecho de autor de muchas de ellas.
Algunos diputados y senadores accedieron a repasar con Página/12 las propuestas oficiales para combatir la inseguridad y desgranaron también los principales obstáculos que pueden tener cada una de ellas.
- Creación de la Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior. “Esto no necesita de un proyecto de ley. Es una cuestión operativa”, confirma uno de los parlamentarios consultados.
- Reforma de la Ley de Seguridad Interior. Para posibilitar la intervención de las policías provinciales en causas graves o a solicitud de las autoridades locales. “Este punto puede tener un tratamiento rápido en el Congreso, pero requiere de un claro acuerdo político. Las legislaturas provinciales tienen que convalidar las modificaciones de los códigos de procedimientos provinciales”, confía otro parlamentario. Este legislador no duda en sostener que esta negociación no será sencilla, aunque claro que en el mismo acuerdo pueden inscribirse varios temas.
- Lucha contra el crimen organizado. Para los legisladores consultados, las modificaciones en el artículo del Código Penal que castiga la asociación ilícita no es más ni menos que un agravamiento de penas. “Todo lo que sea mayores penas acá lo votan con las dos manos”, dice para describir el actual clima que se vive en ambas cámaras del Congreso un veterano parlamentario.
En cuanto al Sistema de Protección de Testigos y al Fondo de Recompensas, los consultados por este diario coinciden en sostener que ambas iniciativas tienen cerca de 10 años de vigencia. Eso sí, también recuerdan que para ambas está faltando presupuesto.
- Ley de Abigeato. Es un proyecto que cuenta con media sanción del Senado. Ayer fue aprobado por comisiones de Diputados y probablemente hoy el tema sea llevado al recinto y se convierta en ley. La iniciativa agrava penas en los casos de robo de ganado. Básicamente cuando los casos lleguen a las cinco presas. Para los legisladores consultados por Página/12 este punto se inscribe en la lógica del aumento de penas.
- Vaciamiento de empresas. En este momento existe la Ley de Lavado de Dinero. La propuesta oficial de combatir los denominados delitos de “cuello blanco” implica una modificación a la norma vigente. El tema no contaría con grandes resistencias en el Congreso.
- Reordenamiento general de la Justicia Nacional Penal de la Capital Federal. “La unificación de los fueros es una tarea larga. Calcule un año de debate o más”, explica un diputado consultado por este diario. En este punto la principal demora se asigna al fuerte poder de lobby que tiene el Poder Judicial. Y es sabido que si a algo son sensibles los legisladores es precisamente a escuchar las opiniones de los integrantes de la Justicia.
- Mayor autonomía porteña en la Justicia. No aparece como una propuesta conflictiva. Implica modificar la denominada Ley Cafiero por la que se reguló la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
- Fiscalías barriales. El tema ya fue respaldado por el Congreso. En la actualidad existe una ley marco.
- Proyecto de justicia rápida para delitos in fraganti. A priori el tema no tiene grandes resistencias. Claro que también implica la delegación de facultades por parte de las provincias. El punto podría inscribirse dentro de la necesaria modificación de los códigos de procedimientos provinciales.
- Sistema especial para menores de 18 años. En la actualidad hay un régimen de minoridad. La iniciativa oficial es calcada de un proyecto oportunamente presentado por la diputada del ARI Laura Musa. Esa iniciativa fue aprobada en Diputados y hace más de un año contó con el dictamen de la Comisión de Legislación Penal del Senado. Para algunos senadores este proyecto perdió estado parlamentario. La iniciativa no se limitaba al descenso de la edad de imputabilidad de los menores. El senador del bloque oficialista, el rionegrino Miguel Angel Picheto, presentó otro proyecto para llevar a 14 y 16 años la edad de responsabilidad plena y limitada de los menores.
- Reformas en el Consejo de la Magistratura. “Se lo digo de manera clara: esta propuesta no pasa. No creo que sea aprobada por el Congreso”, dice a este diario uno de los parlamentarios consultados por Página/12. El legislador recuerda que cuando se realizó la reforma constitucional la creación del Consejo de la Magistratura fue motivo de una ardua negociación. Darle al titular de la Corte Suprema la presidencia del Consejo fue una de las herramientas que hicieron posible su aprobación. La posterior ley que lo implementó tuvo 3 años de discusión. Precisamente ahora éste es uno de los puntos que se quieren revisar. Los parlamentarios que integran el Consejo lo hacen en función del sufragio universal, difícilmente accedan a participar de concursos para formar parte del organismo. “La otra forma que el Gobierno tiene para modificar el Consejo de la Magistratura sería con una reforma constitucional. Le queda en claro el tamaño de los obstáculos de los que estamos hablando”, concluye el congresal.
- Limitación de las excarcelaciones. Esto implica modificar los códigos de procedimientos provinciales.
- Juicio por Jurados. En principio hay voluntad política para respaldar una futura ley que regule su funcionamiento. Por lo pronto, el Senado tiene previsto discutir el tema el jueves y el viernes en un seminario que realizarán los senadores Jorge Yoma, Miguel Angel Picheto y el titular del cuerpo, Daniel Scioli.
- Reforma Política. “Hay 18 mil proyectos en ese sentido en el Congreso. Le soy sincero, no creo que ninguno de ellos sea aprobado. El fin de las listas sábana es un problema de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad. Los sistemas uninominales que hay en muchas provincias favorecen la concentración de poder”, dice uno de los legisladores consultados por Página/12.
Más allá de la voluntad política de la mayoría de los parlamentarios y también de los funcionarios del Ejecutivo, lo cierto es que para que muchas de estas propuestas se conviertan en ley faltará una larga negociación política y legislativa.