Toda la prensa argentina informa una y otra vez que la policía nacional, la Bonaerense o la que sea serán conducidas por civiles. Que también estarán civiles al frente de las comisarías. ¿Pero dónde está la noticia? Porque la policía es civil. Los policías son civiles. ¿O qué piensan, que porque llevan uniforme son militares? También los porteros, los guardas y los futbolistas lo llevan, y no por eso son militares. Y no se trata, en el caso policial, de un error intrascendente, sino profundo y conceptual. Es ignorar un crucial avance del que puede envanecerse la Argentina, como también el Uruguay: tener sólo policía civil, lo cual es una rareza en Latinoamérica. Los carabineros chilenos, por ejemplo, son un cuerpo militarizado, como la PM brasileña, e incluso la Guardia Civil española con sus cuartelillos.
Si, como sugieren implícitamente los diarios, la policía fuese militar, no podría ocuparse de la seguridad interior, dado que a los militares les está legalmente vedado hacerlo. Un completo absurdo: la policía no podría investigar ni combatir el delito. Lo puede hacer precisamente porque es civil. Exactamente igual que la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Aeronáutica, la Policía Ferroviaria y todas las policías provinciales. Todas tienen sus estatutos, como cualquier organismo estatal.
Planteándole la cuestión a los propios policías, ellos saben perfectamente, desde luego, que son tan civiles como una maestra o el lechero. Y, sin embargo, para referirse a los no policías utilizan –sobre todo los veteranos– el término civiles, quizá por no haber encontrado en castellano una palabra adecuada que signifique no-policía. Paisano, que posee precisamente la acepción de no-militar (“vestir de paisano”), se emplea mucho más con el sentido de coterráneo, campesino o aldeano. Pero lo cierto es que los policías son juzgados por el Código Penal, como todo paisano, porque es eso lo que son, y no por el de Justicia Militar.
Según Nicolás Massi, del Sindicato Policial Buenos Aires, no reconocido, hay que “desmilitarizar” mentalmente a la policía, incluyendo la instrucción profesional, que contempla prácticas de desfile y parada militar. Cuando los sucesivos gobiernos les niegan a los policías el derecho constitucional de sindicalizarse, no utilizan el argumento de que sean militares, dado que no lo son, sino el de la verticalidad y la cadena de mandos. Los promotores de la sindicalización responden que verticalidad y cadena de mandos hay en todo el Estado, empezando por la Casa Rosada.
De hecho, Carlos Tomada, ministro de Trabajo, citó para mañana al mencionado sindicato y a la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios. Estos van a reclamarle que el Gobierno respete sus derechos constitucionales, el de huelga incluido, si bien sometido a cierta reglamentación restrictiva, aunque admitiendo que no se les pasaría por la cabeza lanzar una medida de fuerza en estos momentos. Lo juzgan suicida. Pero esperan que el Gobierno haya comprendido que la sindicalización protegería a los policías honrados que quisieran denunciar a superiores corruptos, atrevimiento que hasta ahora les costaba la cabeza. Lo cierto es que en muchos países, como Estados Unidos o España, la policía está sindicalizada.
Colocar “civiles” (no-policías) al frente de organismos policiales, comisarías o lo que fuere, quitará a quienes realicen la carrera policial la oportunidad de alcanzar los peldaños más altos, según se quejan los policías. De nuevo, la confusión que introduce la utilización de un término erróneo oscurece el diálogo y la posibilidad de entenderse. Los civiles que trabajan de policías no tienen por qué ser tratados como “nociviles”, así como no deberían ser, en ningún caso, inciviles.