Por Rosendo Fraga *

El empleo de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, sólo puede ser aceptado en situaciones muy particulares y en condiciones excepcionales.
En el ámbito de América latina, México intentó hacerlo en la capital del país y la experiencia no fue positiva. En Brasil, las fuerzas armadas fueron empleadas en algunas circunstancias tanto por Cardoso como por Lula para combatir el narcotráfico en las favelas, pero fueron operaciones transitorias y por un plazo limitado.
En el caso argentino, surgen objeciones políticas, jurídicas y estrictamente militares.
Políticamente, no resulta demasiado lógico convocar a las Fuerzas Armadas o a medios de las mismas para combatir la delincuencia justo en el momento en que el presidente Kirchner desarrolla una política hacia ellas que tiene como prioridad la transformación del predio naval de la ex ESMA en el Museo de la Memoria, se promueve en la Corte una sentencia de imprescriptibilidad de las violaciones a los derechos humanos y se decide televisar ante el mundo los juicios públicos que tendrán lugar en las causas del Cuerpo de Ejército I y la ESMA. A las Fuerzas Armadas –más del 95 por ciento del personal en actividad no lo estaba en los años setenta– no les resulta fácil en tan poco tiempo digerir un mensaje político que por lo menos luce contradictorio.
Jurídicamente, la legislación vigente es clara al separar en la Ley de Defensa Nacional el campo de la defensa nacional externa que corresponde a las Fuerzas Armadas de la seguridad interior, que cabe a las policías y las fuerzas de seguridad. Esta ley no impide que medios o instalaciones militares puedan ser utilizados por estas fuerzas, pero esto debe realizarse clarificando las dudas jurídicas que puedan surgir. Proyectos como desplegar la Gendarmería en los centros urbanos y que el Ejército pase a actuar como policía de frontera o que la Infantería de Marina sustituya a la Prefectura en dar seguridad a posibles blancos de atentados terroristas generan problemas jurídicos, desvirtúan las funciones de cada una de las instituciones del sistema de defensa y seguridad y no tienen en cuenta el adiestramiento específico que ha recibido el personal de cada una de ellas.
Desde el punto de vista militar, alternativas como repartir los helicópteros del Ejército para que sirvan a las distintas regionales de la Policía Bonaerense implica lisa y llanamente desarticular el Batallón de Asalto Aéreo del Ejército, uno de los nuevos elementos de tipo operacional que constituyen una innovación en el sistema militar argentino. El riesgo es que los limitados medios materiales de los que hoy disponen las Fuerzas Armadas terminen siendo desperdigados por necesidades inmediatas de seguridad, con lo cual éstas pueden perder la escasa capacidad operativa que hoy conservan, sin que ello sirva efectivamente para resolver el drama de la inseguridad pública.
Que cuarteles en desuso se utilicen como cárceles es un tipo de medida que no origina objeción alguna, pero ello no puede considerarse una participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia.
En los países desarrollados, la lucha contra el terrorismo entra en la competencia de los militares, pero no la lucha contra la delincuencia, y esto es algo que debe ser tenido en cuenta.
En conclusión, no parece prudente ni eficaz en este momento convocar a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia ni con personal ni con medios. No es la solución del problema, las va a desprofesionalizar, además de darles un mensaje político contradictorio.

* Director del Centro de Estudios Nueva Mayoría.